Canarias pondrá en marcha medidas para combatir la Lomce

El consejero de Educación, José Miguel Pérez, ha mantenido un encuentro con los directores de los centros de Secundaria canarios para informarles sobre la implantación de la Lomce. En esta reunión, desde la Consejería se han propuesto algunas medidas para amortiguar lo que consideran “efectos negativos de esta ley”. Entre estas se encuentra prolongar el derecho a la Educación obligatoria hasta los 17 años para todo aquel estudiante que no supere la reválida de la ESO o garantizar la participación de los Consejos Escolares en la vida académica.

Pérez recordó que a pesar de la oposición del Gobierno canario a la Lomce, su aplicación es obligatoria. Por ello, ha resaltado el esfuerzo que está llevando a cabo la Administración por contrarrestar sus efectos “perversos”.

De esta manera, entre las medidas que llevará a cabo la Consejería, se encuentran el interés por garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los centros y mantener la atención a las necesidades educativas de los estudiantes durante toda la ESO.

Críticas a la FP Básica
El consejero ha explicado que se facilitará que las personas que cursen la FP Básica puedan obtener el título de Graduado en ESO, además de otros certificados de profesional de nivel 1. En este sentido, Pérez declaró que la FP Básica es una “propuesta descabellada que no mejorará el nivel de integración de los alumnos que tienen dificultad”.

Además, recalcó que la iniciativa va a ser “un despropósto” que va a gastar muchos recursos en detrimento de la FP de Grado Medio. Para el titular de Educación, la FP Básica es “una trampa estadística” del Ministerio, que pretende rebajar las cifras de abandono escolar temprano. Para Pérez, este sistema coloca “al alumnado que cursa estos estudios como si hubieran hecho un nivel no académico, pero sí estadístico, equiparable al Bachillerato o la FP de Grado Medio”, lo que calífica de “fraude en toda regla”.

Por último, el consejero se quejó de que se desconozcan los recursos con los que contará cada comunidad para hacer frente a este cambio estructural que se llevará a cabo el próximo curso. Afirma que si los fondos no han llegado antes de septiembre, irán a reclamarlos a los tribunales.