UGT-PV exigirá judicialmente el pago de la extra de 2012 si no hay acuerdo
El sindicato UGT-PV ha apelado a la "buena predisposición" del conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, para llegar a un acuerdo sobre el pago de la parte proporcionar de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los profesores y trabajadores de la enseñanza pública. El secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación de la FETE de la UGT del País Valenciano, Francisco Javier González Zurita, y el secretario de Enseñanza Pública de la misma federación, José Gil, han anunciado que, en caso de no alcanzar un acuerdo sobre este tema antes del próximo día 31, se presentarán mil reclamaciones judiciales individualizadas de sus afiliados de la enseñanza pública para exigir el pago de esa paga.
En rueda de prensa, González Zurita y Gil han afirmado que FETE-UGT-PV han "ganado" ya dos sentencias –una de las cuales afecta al profesorado de la enseñanza pública no universitaria y la otra a los de la Universidad Politécnica de Valencia– a favor de la devolución de esa parte proporcional de la paga extraordinaria. Además, según han expuesto, tienen interpuestas otras tres reclamaciones aún pendientes de fallo judicial. Precisamente, la resolución ganada por la UGT-PV en la enseñanza pública no universitaria ha propiciado la elaboración de 1.000 reclamaciones judiciales individuales de afiliados de este sindicato para pedir la aplicación de la extensión de dicha sentencia a estos demandantes y, por ende, al conjunto de los trabajadores de la docencia.
Según las estimaciones de la UGT-PV, en la Comunitat Valenciana hay unos 87.000 docentes y trabajadores en el ámbito de la educación pública (55.000 de la enseñanza no universitaria, 15.000 de los centros concertados y 17.000 de las universidades) y el montante total de la parte proporcionar de la paga extra de diciembre de 2012 destinada a este colectivo ascendería a más de 30 millones de euros.
FETE-UGT-PV sostiene que los días 29 y 30 del pasado mes de abril hubo una serie de conversaciones con Moragues en la que se planteó "de qué forma pensaba la Generalitat abordar la solución a este asunto: la recuperación o la devolución a los funcionarios y empleados públicos" de la parte proporcionar de la paga extra de diciembre de 2012 (un 24% de la misma). En esos encuentros, según el sindicato, se llegó a "un principio de un primer compromiso en el que el conseller estableció que si antes del 15 de mayo no había una instrucción general por parte del Gobierno de carácter estatal para el pago o devolución de esa paga, él tomaría la iniciativa de convocar la Mesa General de la Función Pública para proponer algún tipo de solución a este tema".
El sindicato UGT-PV va a esperar hasta el 31 de mayo y a apoyarse en la "buena predisposición del conseller para ver si pueden llegar a un acuerdo en el que se plasmen los derechos de cada uno de los colectivos afectados por esa devolución de la paga extraordinaria". "Si esa fórmula o acuerdo no se produce, no tendremos más remedio que iniciar la tramitación judicial que tenemos ya preparada y que empezaremos con las mil reclamaciones judiciales individualizadas", han informado González Zurita y Gil. De esas 1.000 reclamaciones, aproximadamente 425 corresponden a la provincia de Alicante; unas 375, a la Valencia y el resto, a la de Castellón.
El sindicato ha insistido en su voluntad de tratar de alcanzar un acuerdo con el conseller antes del próximo día 31 para evitar la tramitación de esas reclamaciones, que de llevarse finalmente a cabo supondría unas costas judiciales que incrementarían en un 25 por ciento la cantidad total que debería abonarse. Según UGT-PV, la cuantía de las reclamaciones varía entre los 400 euros para los grupos más altos de la Administración Pública y los 100 euros para las escalas inferiores.
Este central sindical ha incidido en que hay que conseguir un acuerdo global que recoja a todos los colectivos, a todos los sectores y a todas las administraciones y organismos públicos a los que a sus trabajadores les quitaron la paga extra por el Real Decreto Ley número 20/2012, de 14 de julio, del Gobierno de Rajoy.