Asturias reclama al Ministerio que posponga la aplicación de la Lomce

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Ana González, ha remitido una carta al ministro Wert en la que solicita aplazar un año la aplicación de la Lomce. El motivo principal que alega es “la imposibilidad de realizar una buena planificación educativa”. Un argumento con el que coincide el Consejo Escolar del Principado, el cual, el pasado 9 de abril, aprobó por unanimidad pedir el retraso de la Lomce, a través de la consejera.

Según González, el hecho de que el Consejo Escolar solicite una moratoria y exponga sus dudas sobre el texto pone de manifiesto que la ley “nace sin el respaldo social necesario para que el diseño de la Educación se construya entre todas las partes implicadas y no sea fruto del capricho o los intereses políticos”.

En la carta, la máxima responsable de Educación de la comunidad subraya también la importancia de los consejos escolares como órganos que representan y aglutinan a todos los componentes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias y Administración.

La consejera insistió en que “se están haciendo las cosas mal” y que “el ministro sabe que la posición que iba a ser defendida (en el seno de eso órgano de representación) por aquellas organizaciones que no representan al Partido Popular iba a manifestar su rechazo a la Lomce”.

La consejera cree que el Ministerio “intenta amedrentar (a la comunidad educativa) con un informe de la Abogacía del  Estado cuyo objetivo es que no se pueda plantear este tema en el Consejo Escolar”.

Abogacía del Estado
Dicho informe –encargado por el Consejo Escolar del Estado– asegura que este órgano no puede formular propuestas tendentes a paralizar la legalidad vigente, en este caso la Lomce. “Sólo a las Cortes Generales –argumenta la Abogacía del Estado– corresponde decidir sobre la efectiva aplicación de las leyes que de ellas emanan, como poder legislativo del Estado. Esto no impide, matiza, la crítica y la petición de cambios legislativos que pueda formular el CEE, siempre con el límite de promover la paralización de las leyes, pues es una función impropia del órgano”.

La Abogacía del Estado considera que una de las facultades de la presidencia del CEE es la posibilidad de “rechazar motivadamente propuestas ajenas a las competencias” de este órgano y que puedan suponer un “no acatamiento” de la legislación en vigor.

La consejera asturiana ha denunciado también la “poca claridad” en el presupuesto que financiará la aplicación de la ley. “No sabemos cuánto nos van a dar”, sin olvidar que “cada vez que nos dan una cantidad, la cambian, con lo cual a día de hoy no sabemos cuánto vamos a recibir”. González ha recordado, además, que la financiación de la Lomce proviene del Fondo Social Europeo, lo cual significa que “el PP hace una reforma estructural, sistémica, que considera fundamental y no tiene dinero para pagarla”.

En su opinión, “debería darles un poco de vergüenza como Estado puesto que ha tenido que pedir dinero fuera y aún así está generando deuda en las comunidades autónomas”.