La consellera catalana afirma que la matriculación no va a cambiar
Rigau avanzó además que el Govern presentará alegaciones en un plazo de 10 días y confió en “la cordura” del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La Abogacía del Estado presentó la pasada semana un recurso contencioso administrativo ante el TSJC contra la resolución de la Generalitat catalana que regula las normas de preinscripción y matrícula de alumnos en centros catalanes para el próximo curso 2015-16.
En el recurso, presentado a instancia del Ministerio de Educación (MECD) y admitido a trámite por el TSJC, el Gobierno solicita como medida cautelar la apertura de un nuevo plazo en el que las familias “puedan por cualquier medio elegir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza”.
Después de reunirse en el Parlament con las diferentes fuerzas políticas favorables al modelo de inmersión lingüística, Rigau compareció ante los medios para mostrar su defensa “por un modelo plurilingüe frente a un Gobierno que pretende a la larga la desaparición de la lengua catalana”. “En gran parte el catalán sigue vivo por la escuela. Quieren hacer que se reduzca hasta el punto que solo se hable en el ámbito familiar”, señaló la consellera catalana.
Prescripciones “válidas”
Por su parte, el ministro, José Ignacio Wert, explicó que “el recurso no anula las prescripciones realizadas hasta ahora, que son válidas”, sino que pide que “se abra un periodo adicional de matriculación para las familias que quieran que sus hijos tengan una proporción razonable de utilización del castellano como lengua vehicular en su Educación”. Wert recordó que, “según el propio TSJC, la proporción razonable es el 25% de horas lectivas” (en la práctica supone una asignatura troncal o análoga además de la Lengua castellana y Literatura).
En declaraciones a la emisora RAC-1, Rigau reveló que el martes de la semana pasada mantuvo “una conversación interesante” con el ministro. “La tuve en castellano, pero fue clara y catalana. Le dije que me parecía que no era de recibo de lealtad institucional ir por la vía del contencioso sin haber hablado y le dije que era un gran error. Me pareció que el ministro no era lo suficientemente consciente del alcance del contenido”, explicó la consellera.
Sobre la posibilidad de que el TSJC dé la razón al Gobierno, Rigau afirmó: “Tendríamos un problema político. Nosotros deberíamos seguir recurriendo y manteniendo, evidentemente, nuestra posición. Los tribunales están también para ejercer la cordura”.
Con respecto a las ayudas de 6.000 euros para escolarizar a alumnos en castellano en escuelas privadas, Rigau manifestó que “el director general del Ministerio ha confirmado que hay 360 solicitudes, de las que hay muchas que no cumplen los requisitos”. “Nosotros tenemos identificadas 60. Hasta ahora no se ha resuelto ninguna favorablemente porque no responden al perfil previsto por la ley”, detalló Rigau.
Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, abrió una actuación de oficio para garantizar que la matriculación se haga “sin alteraciones” y pidió explicaciones a Wert sobre “la motivación político-administrativa para recurrir la preinscripción escolar”.