PISA y las evaluaciones externas
Durante décadas la Educación en España ha sido, y desgraciadamente sigue siendo, una asignatura pendiente para cualquier gobierno verdaderamente interesado en ella. Los aparentes vaivenes a los que ha sido sometido nuestro sistema educativo han provocado la impresión de que este ha cambiado en cada legislatura según el partido gobernante, generando en la sociedad una sensación de hartazgo. Si bien es cierto que ha habido intentos de reformarlo, la realidad es que siempre se ha quedado en eso, en intentos. Hasta la implantación total de la última ley aprobada por el Partido Popular que se culminará en el año 2018, si es que llega a término, en España venimos funcionado con una única ley educativa o al menos con un mismo modelo ideológico: el de la Logse de 1990.
Al ser el español un modelo carente de evaluaciones propias y de control externo alguno, nuestra participación en las pruebas internacionales nos ha ido abriendo los ojos hasta entender la necesidad de realizar cambios para mejorar los resultados. Nuestra participación en PISA es muy positiva, pero a diferencia de la opinión mayoritaria, creo que debería bastarnos para entender que el problema de nuestra Educación no es que España esté por debajo de la media de la OCDE o de la UE, ni que sea mejor o peor que otros países. El gran problema de nuestro sistema educativo, y todas las ediciones de PISA lo confirman claramente, es que España no mejora con respecto a sí misma, como demuestran los resultados obtenidos de 2000 a 2012. Eso sí, con grandes diferencias entre comunidades autónomas, lo que indica claramente el efecto de determinadas políticas educativas.
Llevamos años, y con especial énfasis estos últimos, colaborando con la OCDE hasta el punto de participar en todos sus proyectos, organizar presentaciones y difusiones de PISA, de TALIS, de infinidad de datos de los varios y variados informes. El Ministerio de Educación (siendo titular José Ignacio Wert) se echó en los brazos de este organismo hasta el punto de eclipsar su propio papel como máximo responsable de la Educación en España. Nunca la OCDE ha tenido tanta presencia en nuestro mundo educativo y mediático.
La abundancia de informes y de datos, sumado a cierta preocupación por la Educación no ha provocado una suficiente reacción de los responsables políticos o de la comunidad educativa. Sin embargo ha suscitado el interés del mundo de la economía que ha visto en la Educación una fuente inagotable en la que beber. En la última década han proliferado estudios sobre todos y cada uno de los aspectos del sistema educativo que, amparados principalmente en los resultados de las pruebas PISA, nos han inundado de informes, números y datos. Los economistas han sabido difundirlos hasta el punto de llegar a condicionar todas o casi todas las decisiones que se han tomado en materia de política educativa. La economía se ha adueñado de la Educación provocando un desplazamiento de los “expertos” en Educación. Criterios tradicionales como la experiencia y el sentido común han dado paso a estudios basados en criterios econométricos, regresiones y análisis, es decir a opciones más valoradas por políticos en su mayoría sin la formación ni los conocimientos suficientes ni de Educación ni de economía.
Corremos el mismo riesgo con las evaluaciones. En el ámbito internacional España se ha caracterizado siempre por la ausencia de mecanismos de evaluación externa y su necesidad viene siendo acuciante desde hace años. La nueva ley establece cuatro evaluaciones a lo largo de la escolaridad: dos de diagnóstico en Primaria, y dos más –al final de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato– estas últimas con efectos académicos. Las evaluaciones de diagnóstico ya fueron establecidas por el gobierno anterior en cuarto curso de Primaria y en segundo curso de Secundaria y fueron descartadas en 2010 por su escasa utilidad y su alto coste. Además, algunas comunidades llevan años realizando sus propias pruebas al final de la Educación Primaria.
Me temo que la suma de estas actuaciones está generando, tanto en el mundo de la Educación como en la sociedad en general, la sensación de que existe un exceso de evaluaciones. Todavía no hemos empezado a aplicarlas y ya estamos saturados.
Con ello se corre el riesgo de que algo tan necesario para la mejora de nuestro sistema educativo, como son las evaluaciones externas, produzcan rechazo. Para evitarlo y reforzar su valor como elemento útil de control del sistema, quizás lo más sensato sea rediseñar su planificación. Sirva de propuesta, al margen de las evaluaciones internas o de diagnóstico que deseen realizar los centros o las administraciones educativas, establecer simplemente una evaluación al final de cada etapa de la Educación obligatoria, sin efectos académicos, pero sí con efectos orientadores y correctores. La única evaluación con efectos académicos debería ser la que otorga el título de bachiller al final de la Educación Secundaria postobligatoria.
En cualquier caso no son los informes de los expertos en economía los que van a resolver los problemas de la Educación e incluso es posible que el exceso de estudios y de datos que proporcionan sea contraproducente. Por el contrario la evaluación es determinante para la mejora de resultados. Mientras no se impongan la sencillez, la sensatez y el sentido común, nuestra Educación no tendrá arreglo. Quizás sea hora de levantar un poco el pie del acelerador y mirar menos hacia la OCDE y más hacia nuestros centros educativos y sus necesidades.
Xavier Gisbert da Cruz, ex director general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte