Un acuerdo surgido desde abajo
¿Es el momento del pacto educativo? Siempre debería serlo, pero quizá ahora más aún por una coyuntura política en la que los partidos tienen que dialogar y ponerse de acuerdo en una serie de temas de cara a la gobernabilidad del país. PSOE, Ciudadanos y Podemos ya han mostrado su intención de alcanzar un pacto educativo. Y el PP se comprometió a modificar la Lomce si era necesario para llegar a un acuerdo.
Sin embargo, la idea de alcanzar un pacto no solo procede de las esferas políticas. En los últimos años han ido surgiendo movimientos que entienden que el cambio educativo no solo debe ser promovido por los partidos, sino, de forma global, por la sociedad civil. Ya en el año 2012, coincidiendo también con la puesta en marcha de la Lomce, nació el Foro de Sevilla con el propósito de aportar a la comunidad educativa puntos de vista, argumentos, análisis de los problemas que afectan a nuestro sistema educativo y valorar los planes que se proponen para mejorarlo.
El Foro de Sevilla lo conformaron organizaciones tan variopintas como la Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica, el Foro Mundial de la Educación, la Asamblea Marea Verde Madrid, Intermón Oxfam, Ecologistas en Acción o Juventud Sin Futuro; también sindicatos como CCOO y STES, o partidos políticos como IU y PSOE; pero sobre todo por profesores universitarios que vieron una oportunidad de cambiar el sistema desde las propias facultades de Educación.
Y así lo ha entendido también la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que ha creado el Observatorio de la Educación (observatoriodelaeducacion.es) con el objetivo de “transformar la Educación” desde la universidad, abordándola desde una triple perspectiva: la formación del profesorado, la investigación y la transferencia de conocimiento. Pilar Laguna, decana de Educación de la URJC –a quien entrevistamos en estas páginas– quiere que sea un “punto de encuentro” que permita alcanzar un pacto educativo. Todo ello solo será posible implicando tanto a agentes del entorno educativo, como a aquellos que a priori no tengan ninguna vinculación con el mismo, pero que aporten opinión y experiencia. Por ello desde el Observatorio se pretende buscar y fomentar la participación activa de especialistas del campo empresarial, financiero, político, sanitario o científico.
La URJC quiere, además, que el Observatorio sirva para fomentar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento a la sociedad en el ámbito educativo. Otra meta es lograr la disminución del fracaso escolar y conseguir una escuela inclusiva en la que quepan todos (“escuelas de todos y para todos”). Para ello propone formar al profesorado en nuevas técnicas, abarcando aspectos diversos y que cubran intereses diferentes, así como la realización de cursos, seminarios y jornadas de carácter periódico que permitan generar experiencias que se puedan compartir por la comunidad educativa.
Por su parte, el Foro de Sevilla considera que “la política educativa no puede ser sino una política pública; es decir, aquélla que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”. Por eso, se opone a “una concepción restringida y poco democrática en la forma de entender cómo se hacen las leyes” y cree necesario un amplio acuerdo social por la Educación que recoja las principales líneas de consenso y garantice la estabilidad del sistema. De hecho, el Foro elaboró el pasado año un documento de bases para una nueva ley de Educación.
Papel de la universidad
Carmen Alba, profesora del Departamento de Didáctica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), considera que “las universidades, como instituciones dedicadas a la Educación, no deberían ser ajenas a garantizar una Educación de calidad desde planteamientos participativos y democráticos”. Por eso considera “ideal que las propias universidades, a través de las conferencias de rectores y decanos, adquirieran compromisos más específicos hacia pactos por la Educación”. También Juan de Pablos, catedrático de la Universidad de Sevilla, cree que el camino a seguir debe fundamentarse en “poner las bases para promover una sociedad del conocimiento y, para ello, el sistema educativo, y como parte del mismo las universidades, deben tener un papel relevante”.
Guillermo Domínguez, profesor titular de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) considera que “por un lado va la legislación, la Administración, los partidos… y por otra la realidad educativa, los problemas reales de los profesores en el aula, a los que no responde la legislación”. Por eso considera tan importante “escuchar a los propios docentes, que son los expertos en Educación”. Desde la Universidad de Cádiz, el catedrático José Félix Angulo defiende “una ley de mínimos, clara y con pocos artículos, quizá muy parecida a la Ley Andaluza de Educación de 2007, o revisar lo que ocurre en países de éxito como Finlandia”.
Para el catedrático de la UCM, Mariano Fernández Enguita, “la pretensión de un Pacto restrictivamente social por la Educación, sin los partidos ni las instituciones, es un estallido de corporativismo mal disimulado”. En su opinión, “tal pacto no sería sino del profesorado consigo mismo, con los padres de comparsas y los alumnos de convidados de piedra, y la Educación es demasiado importante para abandonarla a ese pacto”. Según Fernández Enguita, “cuestión distinta es que necesitamos un compromiso social, en el sentido más amplio, con altura de miras, tan poca ideología como sea posible y muchas concesiones por parte de todos”.