El ministro dice que la prueba se hará porque “hay que cumplir la ley”

El ministro insistió en que la prueba acordada en la Conferencia Sectorial del pasado mes de agosto solo tiene “efecto diagnóstico, no puntúa” y pretende evaluar con criterios homogéneos para que los resultados sean también homologables.

Méndez de Vigo explicó que en esa reunión algunas regiones plantearon sus dudas respecto a otras evaluaciones de ESO y Bachillerato, pero acordaron seguir con la de Primaria, que se desarrolló en un decreto el pasado mes de noviembre.

La prueba “pretende dar información a los docentes y a los centros sobre si los niños están bien encauzados y la enseñanza es la correcta”, dijo el ministro, quien destacó que no se publicarán los resultados para que no se conviertan en una competición entre los colegios.

Ante la negativa de algunas comunidades, el ministro recordó que aunque la recurran no tendrá efectos suspensivos. “Queremos mejorar el sistema y estoy convencido de que al final se harán, porque en España hay que cumplir la ley”, concluyó.

En principio, y si no cambia la situación, los responsables de Educación de las comunidades autónomas en manos del PSOE se reunirán a primeros de mayo con vistas a una posición común sobre esta cuestión.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirmó el pasado 21 de abril que su gobierno “no va a someter a la tortura y a la presión psicológica a los niños y a sus familias y no hará la prueba final de Primaria porque el Ministerio no ha convocado a tiempo la Sectorial”.

En su opinión, se trata de un retraso “impresentable de un tema que no se ha llevado bien por parte del Gobierno y que, además, está recurrido”. Los alumnos de esta comunidad autónoma “no van a pagar los platos rotos de la negligente gestión del Ministerio”, remachó el presidente castellanomanchego.

Por su parte, la consejera de Aragón, Mayte Pérez, aseguró que “no habrá prueba externa en 6º de Primaria”, y ha instado al ministro a reflexionar y convocar la Conferencia Sectorial para discutir sobre este asunto. Pérez ha reconocido que las leyes están “para cumplirlas y la insumisión no es práctica de su gobierno”; por ello, ha llamado a Méndez de Vigo a convocar la reunión “desde la cordura, la serenidad y el diálogo”.

En Asturias, el consejero Genaro Alonso ha asegurado que se va a cumplir con la Lomce y con la exigencia de hacer la “reválida”, si bien ha advertido de que tratará de minimizar el coste emocional y económico para las familias.

Asimismo, la consejera de Cataluña, Meritxell Ruiz, reiteró que la Generalitat no aplicará las evaluaciones ya que pretenden “condicionar el futuro de los alumnos”, y mantendrá las de la Ley de Educación de Cataluña.

Petición de los decanos
Por su parte, la Conferencia de Decanos de Educación se ha sumado a la petición de la Conferencia Sectorial para tratar este tema. El presidente de este órgano, Víctor López, insiste en que hay que explicar “cómo afectaría a los expedientes académicos de los alumnos que no realicen la prueba”.

López señaló que esta situación es producto de “la nula responsabilidad que los políticos muestran hacia la Educación”, aunque también apuntó que la Lomce, “a pesar de ser muy perjudicial, hay que cumplirla porque es una ley”, concluyó.