El cumplimiento de la Lomce

El grado de voluntad de cumplir la Ley vigente y aplicar en consecuencia la evaluación final de 6º de Primaria que establece la Lomce varía mucho según la comunidad autónoma y la fuerza política que la gobierne. Así, a pocas semanas del final de curso, los consejeros de Educación de cuatro comunidades han anunciado que no piensan realizarla. Se trata de los consejeros de Navarra, Canarias, Cataluña y País Vasco.

Cabe decir, sin embargo, que en el País Vasco están diseñando una prueba piloto y que en Cataluña y en Canarias se harán unas pruebas similares a las rechazadas, pero siguiendo sus normas autonómicas. Además, los consejeros de otras cinco comunidades –Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura y la Comunidad Valenciana– están en contra de hacerla y algunos de ellos están esperando la resolución del Tribunal Supremo, si bien esta postura actual no implica que en su momento no la hagan. Finalmente, están de acuerdo con realizarla las ocho CCAA restantes, y la mayoría de ellas la hará, según lo previsto, durante el mes de mayo.

La evaluación final de 6º de Primaria es una prueba que elabora, aplica y corrige la propia comunidad y sirve para redactar un informe que se entregará a los centros de Primaria, para que sepan lo que hacen bien y aquello en lo que deberían mejorar, en comparación con los otros centros. También se entregará a cada alumno y a sus padres, así como a los profesores del centro donde el año siguiente el alumno curse el 1º de ESO, para proporcionarles orientación.

En ningún caso se establece que su superación sea necesaria para acceder a la ESO. No se entiende, pues, que haya CCAA que puedan estar en contra de esta evaluación. El aspecto más grave de esta situación es que haya responsables políticos que se nieguen a cumplir las leyes que a ellos no les gustan. Su postura constituye un ataque directo al sistema democrático, que establece que gobierne quien ha ganado las elecciones; es romper la norma básica que rige nuestra sociedad, que consiste en cumplir las leyes que emite el gobierno, y significa poner en peligro la convivencia, cuya salvaguarda es obligación suya.

Estos dirigentes deberían darse cuenta de que en nuestra sociedad no hay ningún problema porque haya muchas opciones políticas, pero que sí lo puede haber, como ya sucedió en el pasado, si no se acepta que gobiernen quienes han ganado las elecciones.

Otro aspecto grave es que están abriendo la puerta a que centros, sindicatos u otros colectivos incumplan sus directrices cuando estas no les gusten, con lo que el sistema se colapsaría.

Algunas consejerías autonómicas han mostrado también su rechazo a realizar las evaluaciones finales de 4º de ESO que establece la Lomce y que están previstas para el mes de junio de 2018. Una de ellas, Cataluña, ya ha anunciado que no las hará.

Conviene recordar que superar estas evaluaciones será imprescindible para obtener el título de la ESO, un título que da el Ministerio, no las consejerías autonómicas, y que es imprescindible para acceder al Bachillerato español y a la FP española. Negarse a realizar las evaluaciones finales de 4º de ESO produciría un grave perjuicio a los alumnos, ya que se quedarían sin la titulación imprescindible para poder seguir estudiando oficialmente, tanto a nivel español como a nivel internacional.

Por otro lado, los alumnos de ESO se quedarían sin un estímulo para esforzarse más en estudiar, cuando esa falta de esfuerzo es el gran problema de nuestro sistema educativo. Además, como la evaluación de 4º de ESO será básicamente la misma en todas las CCAA, los ciudadanos de dichas comunidades se quedarían sin saber cómo van sus alumnos en comparación con los de otras comunidades. Evitar este efecto comparativo, útil y provechoso en principio, tal vez sea el verdadero motivo por el que se niegan a realizar dichas evaluaciones…

Al cumplir o incumplir la Ley se debe tener en cuenta, asimismo, que para poner en marcha la Lomce se han previsto 960 millones de euros, de los que 345 los pone el Ministerio de Educación y 615 proceden de los Fondos Sociales Europeos. Esto es así porque cuando se solicitó a la UE una ayuda para mejorar el sistema educativo, esta entendió que la evaluación final de la ESO, los dos itinerarios en 4º de ESO y la FP Básica de la Lomce sí eran las medidas adecuadas para disminuir el abandono escolar después de la ESO, que en el año 2013 era del 23,6%, el más alto de Europa. Se trata de fondos finalistas, es decir, la UE solo los abona cuando comprueba que se han gastado en aquello que se había acordado.

En el año 2015 el Ministerio ya adelantó a las CCAA 168 millones de euros y en 2016 está previsto transferirles 368 millones. Si se derogara la Lomce, perderíamos los 615 millones de la UE y todo lo ya gastado, ya que no habría servido para nada. En este orden de cosas, otro perjuicio económico más vendría de los libros de texto que ya tienen impresos las editoriales y que ya están comprando las familias.

Duele observar cómo algunos dirigentes políticos anteponen sus intereses a los recursos del país y con qué frivolidad pasan de decir, cuando están en la oposición, que no se puede cambiar el sistema educativo cada vez que hay un cambio de gobierno, a decir que, en cuanto vuelvan a alcanzar el poder, lo primero que harán será derogar la ley de Educación que encuentren.

Hay dos motivos por los que la Lomce puede servir de base para un gran Pacto de Estado por la Educación. El primero es que la Lomce aceptó el modelo educativo de la LOE, la ley que elaboró el gobierno anterior, y simplemente introdujo dos cambios: realizar evaluaciones externas al final de cada etapa, como se hace en la mayoría de los países de nuestro entorno, y establecer dos itinerarios en el 4º de ESO, uno dirigido a la FP y otro hacia el Bachillerato. Son dos cambios que permitirán a la sociedad saber, cada año, cómo funcionan los centros y, además, poder adecuar la enseñanza a las capacidades e intereses de los alumnos, algo que es imposible con el actual itinerario único hasta los 16 años ­–que, en el caso de los repetidores, puede durar hasta los 18 años–.

El segundo motivo es que al ofrecer a los alumnos de 15 a 17 años con bajo rendimiento, la posibilidad de iniciar los estudios de la Formación Profesional Básica, que da derecho a un título y al acceso a la FP de Grado Medio, va a disminuir significativamente el abandono escolar después de la enseñanza obligatoria. Por todo lo dicho, quiero esperar que todos nuestros gobernantes cumplan las leyes vigentes y que, desde esa postura democrática, asuman la responsabilidad de llegar a un acuerdo.

Antonio Jimeno es presidente del sindicato de profesores AMES