Juan López Martínez: La dualidad Pública-Concertada, motivo de confrontación

A lo largo de la etapa democrática que inaugura la actual Constitución se han producido varios intentos de búsqueda de un Pacto por la Educación en 1997, 2004 y en el 2009 con el ministro Ángel Gabilondo a través de 150 medidas acordadas y un presupuesto de 1.500 millones de euros de gasto añadido.

A mi juicio, hay elementos de difícil acuerdo que son los siguientes:

-Sin duda, la dualidad escuela pública-concertada se mantiene como motivo de confrontación. Y exige mantener el equilibrio entre los derechos y libertades regulados en el artículo 27 de la Constitución. Un equilibrio entre planificación de la oferta educativa de la Administración que garantice el derecho a la Educación y el respeto a una libertad de elección de centros que nunca debe anteponerse a la responsabilidad planificadora de la Administración educativa. Equilibrio que se ha roto de modo ostensible en algunas comunidades autónomas.

-Una parte importante de la comunidad educativa y de la sociedad en general tiene dificultades para comprender que la enseñanza de la Religión, ya sea católica o de cualquier otra confesión religiosa, forme parte del currículo como una asignatura más, dentro del horario lectivo en los centros públicos. Y tampoco encuentra justificación en que la materia que eduque en Valores cívicos laicos tenga carácter alternativo a la enseñanza de la Religión, pues su contenido debería ser obligatorio para todo el alumnado.

-Parece razonable pensar que una participación simplemente consultiva, sin ningún valor vinculante, resulta poco estimulante en sí misma para la comunidad educativa. Es necesario un equilibrio entre encontrar mecanismos de selección de equipos docentes altamente cualificados, junto con mecanismos de rendición de cuentas exigentes con la participación comprometida de la comunidad educativa.

-Ningún partido discute la necesidad de evaluar el sistema educativo. Lo que no se evalúa se devalúa. Sin embargo, hay discrepancias en el carácter de dicha evaluación: meramente diagnóstica o intencionadamente clasificatoria de los centros para estimular la competencia entre ellos. Probablemente, el equilibrio entre ambas posiciones esté en una evaluación, en todo caso diagnóstica, con el objetivo de orientar a los equipos docentes sobre dónde y cómo han de concentrar sus esfuerzos para mejorar, que fuera a su vez compatible con una prueba terminal, igual para todo el alumnado del sistema educativo español al final del Bachillerato.

Juan López Martínez
Inspector central de Educación