Román Rodríguez: Las singularidades territoriales han de coexistir en un espacio común
La necesidad de alcanzar un gran pacto social que siente las bases para seguir avanzando en la mejora de nuestro sistema educativo planea constantemente sobre las manifestaciones de la mayoría de los responsables políticos en los últimos años. Esa necesidad emerge como un mandato sentido por la sociedad española que es consciente de lo que nos jugamos en esa construcción del gran acuerdo educativo.
Pero este reto nos exige que todos adoptemos una perspectiva amplia, una visión que nos permita salir de dinámicas cortoplacistas, en las que aparentes declaraciones de defensa encendida del sistema, en realidad solo responden a la intención de romper consensos básicos y tácitos en un Estado de derecho, como es cumplir las leyes.
Desde la perspectiva del marco territorial, el reconocimiento y pleno ejercicio de las competencias y directrices educativas de las autonomías no son incompatibles con la necesidad de converger en un proceso de políticas comunes y compartidas que garanticen el equilibrio, la estabilidad, la cooperación, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la coherencia del sistema a través de un marco común, consensuado y sostenido en el tiempo. Y, por supuesto, la legítima exhibición de nuestras singularidades no ha de impedir que puedan coexistir en un espacio común.
Baste recordar el compromiso adquirido, a nivel europeo, de adoptar políticas educativas que garanticen en el horizonte del 2020 que el 85% de nuestro alumnado tenga una preparación equivalente a la FP de Grado Medio o de Bachillerato, compromiso vinculado al pleno desarrollo personal y la empleabilidad. Me gustaría sugerir, por tanto, algunas de las líneas prioritarias hacia las que debería tender ese gran pacto.
La primera, medidas para reducir el abandono temprano. Alcanzaremos la verdadera equidad cuando consigamos incrementar el número de jóvenes que obtienen el título de graduado en Secundaria y de los que continúan en la Educación postobligatoria.
En segundo lugar, debemos aumentar la implicación de la comunidad educativa. En el caso del profesorado, se trata de propiciar su formación permanente, promover un Estatuto del docente, optimizando las posibilidades de promoción y de carrera, fomentar su reconocimiento social y respaldar su autoridad. Porque este pacto tiene que ser el de los educadores, y con los educadores.
Imprescindible es también el papel de las familias y del alumnado. La corresponsabilidad en materia educativa exige que participen activamente en la mejora de la convivencia escolar y de la Educación en Valores.
Otra de las metas es la mejora de la calidad del sistema y el fomento de la excelencia, pero garantizando la igualdad de oportunidades. Para que el éxito de cada estudiante sea el éxito de toda la sociedad, debemos mantener la equidad en el corazón de nuestras políticas educativas.
Además, la realidad educativa no solo demanda una mayor autonomía de los centros, que se materialice en el plano organizativo, curricular y de gestión económica, sino que reivindica que defendamos la libertad de elección de centros y modelos educativos.
Al igual que expresamos nuestra firma apuesta por la FP también creemos que la universidad debe integrarse en este pacto incorporando medidas en torno a la búsqueda de la equidad, la excelencia, la competitividad y la internacionalización.
Por último, es esencial un acuerdo para garantizar una adecuada financiación con una amplia perspectiva temporal, con el análisis del eficiente destino de los recursos empleados, y con una adecuada rendición de cuentas.
Román Rodríguez
Conselleiro de Educación de Galicia