El Pacto por la Educación ha de incluir las evaluaciones externas
Uno de los pactos más necesarios en nuestro país es el Pacto de Estado por la Educación. El modelo de enseñanza que hemos seguido desde 1990, el derivado de la Logse y la LOE, no ha funcionado. Hay muchas pruebas objetivas de ello. Por ejemplo, el altísimo porcentaje de fracaso escolar al final de la ESO, un 20%, casi el doble que la media europea. Otro indicador es el deficiente resultado de nuestros alumnos en las pruebas PISA, en las que los alumnos españoles, en su conjunto, nunca han aprobado en nada, es decir, ni en matemáticas, ni en comprensión lectora ni en ciencias. Y una tercera prueba, muy significativa, es el 22% de jóvenes de entre 20 y 24 años que ni estudian ni trabajan, los llamados “ninis”, un porcentaje que duplica al de otros países europeos.
La explicación de este variado y enorme fracaso escolar no se debe a que nuestros alumnos y nuestros profesores sean peores que los de otros países. Se debe a que se han visto obligados a seguir un mal sistema educativo. Este sistema tiene dos grandes defectos: la inexistencia de evaluaciones externas que permitan validar las calificaciones que dan los centros y la ausencia de diversidad de vías para que cada alumno pueda seguir aquella que mejor se adecue a sus capacidades e intereses.
En efecto: por un lado, al no existir controles externos, muchos centros educativos, para salvaguardar su prestigio y mantener llenas sus aulas, aprueban a no pocos alumnos que, en realidad, no han llegado al aprobado. Y lo que es peor, este bajo nivel de exigencia genera que muchos alumnos ni se esfuercen ni adquieran hábitos de trabajo ni capacidad de esfuerzo, y que, en consecuencia, cada vez se aprenda menos en nuestros centros. Por otro lado, al tener que estudiar todos los alumnos las mismas cosas hasta los 16 años, y, en caso de repetidores, hasta los 17 o 18, las aulas presentan un alumnado con una diversidad excesiva de capacidades e intereses, lo que lleva al profesorado a disminuir contenidos y a rebajar niveles.
En cambio, si se hicieran las evaluaciones finales de ESO que establece la Lomce, cada centro conocería en qué cosas ha de mejorar, los alumnos verían que sí es necesario esforzarse para aprobar, los profesores se verían apoyados en su exigencia académica y el sistema reaccionaría y empezaría a funcionar. Además, al existir dos tipos de evaluaciones finales de ESO, la dirigida al Bachillerato y la dirigida a la Formación Profesional, los alumnos ya podrían elegir la opción de 4º de ESO que más les interesase.
Es comprensible que haya alumnos de ESO que no quieran tener que superar una evaluación final externa que antes no existía, y también que algunos centros tampoco la quieran, ya que podría ser que parte de su alumnado no la superase. Sin embargo, también hay muchas otras medidas que son molestas para los ciudadanos y, pese a ello, se aceptan, ya que sin ellas los problemas se multiplicarían. Por ejemplo la necesidad de aprobar una examen para poder conducir un coche, tener que llevar el vehículo periódicamente a una revisión técnica para que pueda circular, que existan límites de velocidad y sanciones para los que no los respetan, tener que hacer la declaración de la renta cada año, etc. Si hubiera partidos políticos que con el objetivo de ganar más votos nos ofrecieran quitarlas, la mayoría no les votaríamos.
Como en todos los sectores de la actividad humana, nuestra Administración realiza controles e inspecciones; es una anormalidad que en la enseñanza obligatoria, la que cursan todos los ciudadanos y a la que se dedica una gran parte del presupuesto del país, la Administración no los pueda hacer porque se lo impidan las leyes, antes la Logse y luego la LOE. Este obstáculo es el que ha removido la reciente Ley de Educación, la Lomce, al establecer, primero, que, al final de la ESO, los alumnos deberán aprobar una evaluación externa para poder acceder al Bachillerato y a la FP, una evaluación que realizará el Ministerio de Educación, con el concurso de las comunidades autónomas; y, segundo, que la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que hasta ahora era diferente en cada comunidad autónoma, será sustituida por una evaluación final de Bachillerato, que también realizará el Ministerio con la colaboración de las comunidades autónomas.
Se conocen, pues, los males y se conocen las medidas eficaces para remediarlos. Queda ahora que el deseado Pacto de Estado por la Educación, además de comportar la estabilidad del sistema educativo ante los posibles cambios de gobierno, asegure que todos los alumnos reciban los conocimientos establecidos en cada etapa y con los niveles acordados. Esto solo se puede conseguir si el Ministerio cuenta con los instrumentos necesarios para poder asumir sus responsabilidades. El principal e imprescindible es la existencia de las mencionadas evaluaciones externas con valor académico al final de cada etapa. El pasado 30 de julio se publicó el Real Decreto que las regula y en él se establece que el Ministerio acordará cada curso escolar sus características, su diseño y sus contenidos, y que serán las comunidades autónomas las que redactarán y corregirán dichas pruebas mediante profesorado externo al centro. Sin duda, lo ideal serían pruebas únicas para todo el país, que permitieran comparar las comunidades autónomas entre sí, para que, de este modo, cada una pudiera ver aquello en lo que ha de mejorar. Ahora bien, la nueva fórmula podría funcionar aceptablemente si antes de pasar las pruebas a los alumnos, todas ellas son revisadas por el Ministerio, a fin de que sean homologables en niveles, contenidos y criterios de corrección. Los responsables políticos y pedagógicos de los diferentes partidos políticos, a la vista de lo que hacen países democráticos de nuestro entorno, como Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña, y de sus resultados sociales, deberían incluir las evaluaciones externas finales de etapa en el futuro y necesario Pacto de Estado por la Educación.
Antonio Jimeno es presidente del sindicato de profesores AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)