El informe jurídico del Gobierno riojano ratifica la incapacidad para suspender la Lomce
El Gobierno de La Rioja no tiene definitivamente capacidad para suspender la Lomce, lo que se había pedido en una proposición no de ley de Ciudadanos aprobada en el Parlamento riojano y tras la cual se encargó un informe jurídico que dilucidara la situación.
Su carácter de ley orgánica no dejaba lugar a dudas para el Ejecutivo regional y el consejero de Educación, Abel Bayo, ya advirtió de que la conclusión del citado informe apuntaba en el mismo sentido.
La semana pasada hizo público el contenido de ese documento durante la Comisión de Educación de la Cámara autonómica, donde compareció a petición propia. Bayo fue tajante: “El informe jurídico encargado para aplicar el mandato del Parlamento concluye que la suspensión de la Lomce está fuera de las competencias del Ejecutivo riojano”.
El texto señala que, en términos generales, las leyes “válidamente promulgadas, publicadas y vigentes son de obligado cumplimiento”, tal y como garantiza la Constitución española, que especifica que la Administración pública debe “servir con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento a la ley y al derecho”.
Obligación con la ley
Por ello, La Rioja “tiene una obligación primera y principal que es cumplir la Ley” y “la única forma de dar cumplimiento a la resolución del Parlamento sería incumplir una norma legal vigente”.
El informe también indica respecto a las posibilidades existentes para suspender la aplicación de la Lomce que podría hacerse “por medio del recurso de inconstitucionalidad” y “a través de su derogación”, pero “ninguna de estas posibilidades está en manos del Ejecutivo autonómico”.
Tampoco es posible que el Parlamento riojano apruebe una ley que suspenda la aplicación de la Lomce porque “no puede legislarse contra la ley”, ni que el Gobierno regional deje de regular la materia porque “hay reglamentos de ejecución de esta ley, aprobados por Real Decreto, y con rango de normativa básica que también están fuera del alcance derogatorio del Ejecutivo riojano”. Para Bayo, el informe evidencia que “estamos hablando de cuestiones tan básicas en el ámbito democrático como la separación de poderes, las competencias de las administraciones, el cumplimiento de la ley y el derecho”.