Comunidad no cree crowdfunding del director del "Juan Pablo II" vulnere norma
El portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha señalado que "no parece que vulnere ninguna norma" la fórmula de crowdfunding que ha puesto en marcha el director del Colegio "Juan Pablo II" de Alcorcón para recurrir una sanción administrativa.
En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido ha respondido así a una pregunta sobre el director del colegio concertado, Carlos Martínez, que fue sancionado el 22 de diciembre con 1.000 euros por infringir la Ley contra la LGTBifobia y ahora ha pedido ayuda entre quienes le apoyan con el objetivo de recaudar fondos para recurrir judicialmente su multa.
Garrido ha dicho que no cree que la fórmula del crowdfunding vulnere norma alguna y, en todo caso, una vez que se presente el recurso la Consejería seguirá adelante con el expediente y los servicios jurídicos lo resolverán "conforme proceda".
El director del colegio ha explicado en una nueva carta que con la ley contra la LGTBifobia "se pretende imponer una ideología a fuerza de sanciones", y plantea a sus seguidores si es preferible pagar la multa de la Comunidad de Madrid –que se quedaría en 800 euros por pronto pago–, o seguir presentando recursos, para lo cual pide donativos.
"Muchísima gente me está animando a que siga adelante, a que haga frente a la pretensión que tiene esta Consejería, incluso judicialmente", insiste el director, quien reconoce que le "faltan recursos para ello" y que no pretende que la Fundación Educatio Servanda, dueña del colegio, dedique su dinero a esta causa.
El director del colegio envió a los padres del alumnado una carta a comienzos de este curso en la que cargaba contra el "dogmatismo" de la ley contra la LGTBifobia por "acusar de discriminación a quien piensa diferente".
Tras conocerse el 9 de septiembre el contenido de la carta del director, la Consejería de Educación abrió una investigación reservada, la cual se saldó con esta sanción de 1.000 euros al estar contemplado en la citada ley como infracción leve usar "expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad".
"La sanción comporta una violación flagrante de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978", alegó Martínez el pasado 12 de enero, cuando anunció un recurso ante la Comunidad de Madrid con la intención de que "deje sin efecto" la sanción.
Martínez alegó entonces no entender la sanción cuando la Consejería de Educación, tras una "pertinente y meticulosa inspección", no encontró "irregularidad alguna en el centro" y pese a que "la Fiscalía haya archivado las actuaciones al considerar que los hechos no eran en modo alguno constitutivos de infracción".