La Junta de Andalucía rechaza la proposición de ley de autoridad del profesorado
El Parlamento rechazó el 10 de mayo, con los votos del PSOE, Podemos e IU, la toma en consideración de una proposición de ley del PP para reconocer en Andalucía la figura del profesor como autoridad pública, para garantizarles la asistencia jurídica y psicológica y para crear un registro de agresiones.
La iniciativa no seguirá su tramitación parlamentaria después de haber contado solo con el respaldo de PP y Ciudadanos. Los populares pretendían que Andalucía se sumara a otras comunidades que tienen regulada por ley autonómica la autoridad del docente, ya que defienden que es una reclamación “de la sociedad en su conjunto” y, en particular, de los docentes.
PSOE, Podemos e IU se opusieron a esta proposición de ley al considerar que esas situaciones ya están reguladas por las normativas actuales y porque creen que se busca un modelo educativo autoritario en lugar de abogar por un modelo de convivencia. El Consejo de Gobierno también manifestó su criterio contrario a la toma en consideración al asegurar que el concepto y ejercicio de autoridad del profesorado, así como su protección, ya está “totalmente regulado”.
El PP pedía que los informes y declaraciones de los docentes gocen de presunción de veracidad, que se garantice la asistencia jurídica al profesorado –tanto de los centros públicos como de los concertados– y la asistencia psicológica, así como que se cree un registro de casos de agresiones (en 2016 se denunciaron 146 casos).
La portavoz del PP, Marifrán Carazo, aseguró que la iniciativa buscaba cumplir con las reclamaciones del profesorado, con un texto preciso que suponía una oportunidad para reconocer la autoridad pública de estos profesionales. “Las agresiones no pueden salir gratis y para eso tenemos que estar todos de acuerdo”, manifestó.
La socialista Adela Segura defendió que ya hay suficiente ordenamiento jurídico que ampara al profesorado, ya que la normativa educativa vigente “ya reconoce el fin para el que han diseñado esta proposición de ley”. “No se puede hablar de autoridad cuando se está a un paso del autoritarismo”, agregó Segura, quien cree que ambos partidos defienden diferentes modelos desde el punto pedagógico, ya que “educar desde la convivencia está en las antípodas” de lo que ha presentado el PP.
Antonio Maíllo, de IU, mantuvo que “la quiebra de autoridad no la tiene el profesorado, sino que la tiene el sistema educativo”.