El TSJ de Valencia suspende cautelarmente el Decreto de Plurilingüismo
El auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, facilitado a Efe, sobre este decreto que establece el modelo lingüístico educativo valenciano para la enseñanza no universitaria esgrime, entre sus argumentos, que trata de evitar la posibilidad de que los alumnos vean "disminuidos" sus derechos en cuanto a los idiomas. La decisión se produce tras el recurso presentado en su día por la Diputación de Alicante, presidida por el popular César Sánchez, y contra el mismo cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días.
El auto judicial aclara que no entra "en el fondo del recurso y en absoluto se prejuzga nada de lo que pueda resolverse en su día en la sentencia que se dicte, tras los trámites correspondientes de alegaciones y prueba". De esta manera, insiste en que "cualquier declaración que haga la Sala en este auto sólo se refiere a la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Alicante". Tras ello, entre los fundamentos jurídicos, la Sala apunta que "es evidente que de no adoptarse la solución de paralizar la ejecutividad podrían producirse graves daños y perjuicios de reparación imposible o difícil", a lo que agrega que la suspensión no hace que el servicio público resulte afectado.
"Resulta evidente que, de no suspenderse hasta que recaiga sentencia, un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas", manifiestan los magistrados antes de seguir que, pese a lo que alega el abogado de la Generalitat Valenciana, "existe una diferencia entre las acreditaciones de los idiomas en los niveles básico, intermedio y avanzado".
El alto tribunal también destaca entre el razonamiento jurídico utilizado que el recurso al Decreto de Plurilingüismo no lo presenta un particular o asociación de padres de alumnos sino una Administración pública.
Para los magistrados, "no es frecuente que una administración tome la iniciativa en defensa de sus ciudadanos frente a lo que considera una disposición general contraria a derecho" y, por ello, la Sala "tiene en consideración esta circunstancia". "Por tanto, la Sala considera que debe prevalecer en este momento procesal" y "sin perjuicio de lo que se resuelva en su día en la sentencia" el interés "que defiende la Diputación Provincial de Alicante".
La Conselleria de Educación ha anunciado que va a recurrir el auto porque considera que tiene "toda la garantía de estar fundamentado y tener una base tanto pedagógica como jurídica". Así lo ha manifestado el conseller Vicent Marzà a los periodistas en los pasillos de Les Corts. "No es una sentencia firme y vamos a presentar el recurso porque no estamos de acuerdo y tenemos toda la garantía de que el decreto está fundamentado y tiene una base tanto pedagógica como jurídica, sobre todo porque tiene el aval tanto del Consell Jurídic Consultiu como de la Abogacía y del propio Ministerio", ha agregado.