El PSOE asegura que casi 120.000 alumnos han tenido que devolver la beca

La devolución de la beca es un proceso que ya se exigía antes de 2012, pero los expedientes de reembolso “se han disparado”, ha señalado el PSOE en una nota, en la que ha recordado que se tiene que devolver la beca, por ejemplo, al no aprobarse el 50% de las asignaturas matriculadas en la universidad o al no certificar los alumnos no universitarios que se ha asistido al 80% de las clases. “Se está expulsando a miles de alumnos de sus estudios”, dice el PSOE.

Sin embargo, el Ministerio de Educación ha señalado en una respuesta parlamentaria que “no tiene constancia de que ningún estudiante haya tenido que abandonar sus estudios por haber tenido que proceder a la devolución del importe de una beca recibida”.

En una respuesta escrita al secretario general del grupo parlamentario socialista, Miguel Ángel Heredia, el Gobierno explica que las becas se conceden para que los beneficiarios puedan acceder a estudios, pero que este acceso “no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para que los becarios superen esos estudios y obtengan la correspondiente titulación”. Y recuerda que los alumnos quedan obligados al reintegro de las becas “cuando se haya incumplido total o parcialmente el objetivo o la actividad que fundamentaron su concesión”.

Para el PSOE, las cifras de devoluciones de becas demuestran que con la reforma del año 2012 lo que se ha hecho es poner más difícil a los alumnos continuar sus estudios, y ha criticado que se pueda llegar a “meter a una familia en un problema económico”. Por todo ello, Heredia y los portavoces socialistas de Educación y Universidades, Manuel Cruz e Ignacio Urquizu, respectivamente, han pedido en el Congreso que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, explique los casi 120.000 alumnos que desde el curso 2012-13 han tenido que devolver su beca.

Antes de la reforma, el número total de expedientes de devolución no alcanzaba los 10.000. Pero en el curso 2012-13, los afectados se incrementaron hasta casi 40.000 y, desde entonces, en ningún curso se ha bajado de un mínimo de 20.000, ha recalcado Heredia, que ha pedido al Gobierno que no trate las devoluciones de las becas como mera estadística. “Debería hacerse un estudio individualizado de cada caso”, ha advertido.

En este sentido, el Ministerio ha manifestado en la citada respuesta parlamentaria que a los alumnos que no cumplen el objetivo o la actividad de la beca se les notifican las circunstancias de reintegro de la ayuda recibida para que proceden a la devolución al Tesoro Público. De no hacerlo en un plazo de dos meses, se inicia un expediente de reintegro, pero se trata de “un procedimiento garantista para el ciudadano”, es decir, se da audiencia al interesado y, a la vista de las alegaciones formuladas, puede finalizar con el sobreseimiento de las actuaciones o con la resolución de reintegro parcial o total de la beca concedida.

Cinco años de recortes
Por otro lado, la senadora socialista Olivia Delgado acusó la semana pasada al Gobierno de “castigar” a los profesores con cinco años de recortes y un descenso del porcentaje del PIB que ha pasado del 5% en 2010 al 3,89%.

Delgado destacó que las partidas de los presupuestos destinadas a la formación permanente del profesorado se han reducido de 52,33 millones en 2011 a 2,68 en 2017, lo que supone una reducción del 95% del total.

La parlamentaria del PSOE advirtió de que “el profesorado es la piedra angular del sistema educativo” y aseguró que este “tijeretazo” solo provocará “más desigualdad y más abandono escolar. Es decir, un recorte en la igualdad de oportunidades”.

“A todo esto –añadió– hay que sumar las consecuencias del Decreto 14/2012, que ha traído consigo el aumento de ratios, la no cobertura de sustituciones o el aumento del horario lectivo. La consecuencia de todo ello, que haya 226.000 alumnos más que en 2011 y 14.100 profesores menos”. Según Delgado, “el profesorado padece un gran desánimo porque los recortes no han cesado y las normas han ido encaminadas a convertir al profesorado en meros ejecutores de las directrices emanadas por las administraciones”. Delgado subrayó que se debe “mejorar el estatus social de la profesión docente para la mejora de la calidad del sistema educativo”.