Estancados en la mediocridad por la baja calidad de nuestra gobernanza

“Da la impresión de que la economía va por un lado y la Educación, por otro, como consecuencia de una baja calidad de la gobernanza”. Estas afirmaciones las hizo Francisco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar de Estado, en la primera jornada del ciclo Reflexiones sobre la Educación en España, organizado por la Sección de Humanidades de la Real Academia de Doctores de España (RADE).

Pero además, según López Rupérez, “corremos el riesgo de que aumenten las brechas de equidad educativa entre comunidades autónomas, cuya corrección correspondería a una acción planificada e inteligente de los poderes públicos”.

Un debate estéril
Por su parte, Víctor Santiuste, académico de la RADE y catedrático de la Universidad Complutense, explicó: “parece evidente que la sociedad ha reducido la Educación a un debate estéril acerca del valor de los métodos de aprendizaje renunciando al hecho mismo de educar en su sentido más profundo”.

Santiuste también dijo que la sociedad “no ha sabido construir un sistema conceptual bien estructurado, en el que las aulas sean capaces de producir sujetos independientes y creativos, mejores seres humanos, preparados para hacer las preguntas científicas adecuadas y para pensar críticamente”.

Este catedrático afirmó también que “la modernización de un país exige la creación de un sistema educativo aceptado por la gran mayoría de la sociedad, que propicie un alto grado de satisfacción a los estudiantes y ofrezca resultados positivos”.

No es una prioridad
Y terminó señalando que “una sociedad solo se considera moderna, avanzada y desarrollada si cuenta con un sistema educativo de calidad, por lo que la Educación debe ser indiscutiblemente una prioridad política”.

Para corregir la situación de mediocridad, López Rupérez expuso una serie de recomendaciones, la primera, “elaborar, por parte de los partidos políticos, un código de conducta sobre los procedimientos y requisitos para la designación de altos cargos, y establecer mecanismos de responsabilidad al respecto”.

También propuso aplicar un modelo de “gobierno en la sombra” que permita, antes de llegar al poder, madurar las formulaciones y las propuestas y fundamentarlas sólidamente, y configurar equipos de gobierno y formarlos de modo que estén en condiciones, llegado el caso, de asumir con garantías sus responsabilidades.

En tercer lugar, recomendó “evitar la tentación del arbitrismo en los nuevos equipos de gobierno”, así como “reforzar la cooperación con universidades españolas y extranjeras para disponer la base de conocimiento necesaria en la que apoyar las políticas educativas”.

“Aprovechar mejor el potencial de colaboración que ofrecen los organismos multilaterales y recuperar la profesionalización de las administraciones educativas, que se ha visto francamente debilitada como consecuencia del proceso de traspasos de competencias en Educación a las comunidades autónomas”, sería otra de las propuestas de Rupérez. Y, finalmente, “potenciar la formación y el coaching de los cuadros directivos de una gobernanza educativa de calidad para el siglo XXI”.

Con respecto a la “brecha de equidad entre comunidades autónomas”, López Rupérez afirmó que “cuando se analizan los resultados educativos por comunidades autónomas, nos encontramos con una disparidad radical”.

“Tenemos diferencias de puntos, según datos de PISA en matemáticas de 2015, que equivalen, en términos de desfase temporal, con un curso académico, como ocurre entre Castilla y León, que no es una de las más ricas pero tiene un buen rendimiento, y Canarias”. Y en gasto público por alumno la diferencia es brutal: de los más de 6.000 euros del País Vasco a los menos de 4.000 de Andalucía.

Pero López Rupérez no solo dijo que la diferencia de resultados escolares es “preocupante”, sino también las “desigualdades en calidad de la gobernanza, en la capacidad de los dirigentes para orientar la política educativa de conformidad con los desafíos del presente siglo”.

“Da la impresión –añadió el director de la cátedra de Políticas Educativas de la UCJC–, de que, al descentralizar la gestión de la Educación, los fenómenos perversos del clientelismo político, la cooptación y la incapacidad de la gente que es promovida a puestos de especial relevancia se han extendido de forma notable entre nuestras comunidades autónomas”.

La impresión del experto educativo es que, “si esta situación se multiplica por todo el territorio, corremos el riesgo de que se incrementen las brechas de equidad educativa entre comunidades autónomas, cuya corrección corresponde a una acción planificada e inteligente de los poderes públicos”.

Reformas educativas
En el coloquio se puso de manifiesto que en los últimos 50 años ha habido más reformas del sistema educativo que constitucionales. Ocho en total: dos en la Transición (LGE, 1970, y Loece,1980); tres del PSOE (LODE, 1985; Logse, 1990, y Lopeg, 1995), y tres contrarreformas (LOCE, 2002; LOE, 2006, y Lomce, 2013). “A ellas habría que añadir las reformas universitarias, y algunas no han llegado a entrar en vigor en su totalidad. Con todo ello, habría que hablar del no pacto educativo”, señaló Fernando Arroyo, académico de la RADE.

“La Educación es un elemento técnico-profesional, pero si se olvida que es también un conjunto de ideas, creencias, valores y perspectivas, se deja la mitad del sistema fuera”, añadió este catedrático de la Autónoma de Madrid, geógrafo político e historiador. “No es lo mismo hablar de Educación en 1900 que en 2000”, subrayó Arroyo, a quien le inquieta “el modelo actual de Educación para el consumo”.

“En la actualidad nos encontramos con que la capacidad de producción de nuestros sistemas económicos es superior a la del consumo, y se nos impone otra forma de educar”, señaló.