Gloria Montilla, directora de Formación Profesional para el Empleo de ADAMS: “La Administración debería ser más rápida al pagar el proyecto”

¿Qué es ADAMS y cuál es su papel?
En ADAMS tenemos distinas áreas, somos una empresa de enseñanza no reglada con diferentes líneas. Destaca la línea de la formación subvencionada, que es la que llevo yo. En general, nos encargamos de hacer proyectos para la Administración y si nos lo aprueban, tenemos que buscar los alumnos para que realicen esa formación gratuita.

¿Cuánto tiempo lleva la empresa funcionando?
Lleva trabajando desde 1957, cumplimos el año pasado 60 años y la formación subvencionada, en concreto, empezó en 1994. Yo entré para llevar cursos privados y profesionales y fuimos poco a poco utilizando las bases de la formación privada. Además también somos una empresa editorial, que supone una importante línea de negocios; tenemos a 209 empresas de formación acreditados en nuestra plataforma y unas 90 están impartiendo formación en la plataforma, por lo que un cliente importante para nosotros son los centros de formación.

ADAMS es referente en el sector…
Nosotros en el sector se nos ve como al “hermano mayor”. Hay empresas que nos llaman porque están perdidas y no les podemos ayudar porque estamos igual de perdidas que ellas. Al final, nosotros nos sentimos una empresa formadora, aunque en concreto y a nivel de consultora no encargamos los proyectos a terceros porque queremos que todo el proceso esté en nuestra mano: impartición, gestión, búsqueda de los alumnos interesados en los cursos que impartimos y justificación de todos los pagos que hay que realizar.

¿Financian ustedes los cursos o lo hace la Administración?
Lo financia el Estado. El dinero lo da la comunidad autónoma si es una subvención autonómica o el SEPE si es a nivel estatal.

¿Cómo se realiza el pago de la financiación? ¿Os adelantan el dinero?
No, no nos da el 100%. Nos paga a plazos por la Ley 30/2015: un 25% cuando nos da el proyecto, un 35% cuando ha iniciado el mismo y en un periodo inferior a tres meses y un 40% cuando finalice el proyecto y presentamos todos los informes. Nosotros, por ejemplo, el 40% de un proyecto de 2014 todavía no lo hemos cobrado y del 2015 tampoco. Este es uno de los mayores problemas que tenemos.

¿Cuánto tiempo transcurre desde que se inicia un proyecto hasta que finaliza con el pago?
Con la Ley 30/2015, no se sabe exactamente el plazo aunque parece que hay voluntad por acortarlo. El retraso en el pago es uno de los mayores problemas porque la Administración debería pagar cuando la empresa cierra el expediente ya que, además, tienes que justificar el gasto y el pago. Nosotros, como empresa privada, estamos en un sistema de subvención a través del cual no podemos ganar dinero. Lo ideal es que la Administración, durante la revisión de todos los expedientes, fuera rápida.

Todo esto es limitante porque al final muy pocas empresas pueden meterse en la formación y tener una buena capacidad de autofinanciarse, ¿verdad?
Esto lleva a una imposibilidad de llevar a cabo un proyecto empresarial porque ¿qué empresa en España tiene la capacidad, ahora, de autofinanciarse durante cuatro años o más con los gastos en los que incurrimos? Es inviable.

¿Han llegado a no presentarse a algunas convocatorias?
Sí, porque al fin y al cabo ADAMS tiene una marca y un prestigio que mantener pero tampoco hemos querido un volumen de alumnos que noso-tros no podemos controlar.

¿Se puede presentar un mismo plan a nivel comunidad y a nivel estatal?
No, porque las metodologías van a ser diferentes. Ni siquiera una adaptación del mismo plan porque nada se puede aprovechar. Tienen planes de referencia completamente diferentes. Es cierto que ahora las comunidades están cogiendo mucho del SEPE porque establece un catálogo gracias a la Ley 30/2015. Las comunidades autónomas están tirando de ese catálogo para todas sus convocatorias.

¿En función de qué se saca un proyecto?
El proyecto se saca en función de los planes de referencia de la metodología de valoración. Esto supone otro problema porque en la mayoría de las convocatorias hay un apartado de colectivos prioritarios a los que se dirige la formación y vale 20 puntos. Para poder conseguir esos 20 puntos, habría que decir que el 95% de los participantes de la formación van a ser mujeres, no cualificados, desempleados de baja cualificación, mayores de 45 años, discapacitados y contratos a tiempo parcial o temporal. En el proceso de selección de participantes hay que tener en cuenta esos colectivos y de cada 10 solicitudes que nos llegan solo dos son de colectivos prioritarios, por lo que nos agrava este problema.

Y centrándonos en el sector de la Educación…
En Educación han empezado la formación 933 personas y 542 la han finalizado. Aún nos queda mucho que cubrir porque en este sector se da prioridad a los colectivos prioritarios y a los trabajadores de centros más pequeños.

En el sector educativo, ¿cuáles son los cursos que tienen más demanda de formación?
El de Creación de Contenidos Digitales, Mobile Learning y Gamificación, junto con el de Ciberbullying.