Suspenso e incertidumbre

A finales del año 2016, el 21 de diciembre, el Pleno del Congreso aprobó la creación de una subcomisión con objeto de alcanzar –ya se hacía grandilocuente– un Pacto de Estado Social y Político por la Educación. Incluso un real decreto le atribuyó rango normativo al dejar en suspenso medidas –particularmente, las evaluaciones finales de etapa, conocidas como reválidas– que aún no habían entrado en vigor tras la promulgación de la Lomce (2013). Casi año y medio después, el pasado 14 de mayo, expiró la prórroga de seis meses que el propio Congreso concedió con el empeño de alcanzar un acuerdo que en modo alguno ha resultado posible. Por eso puede tenerse como desfachatez la promesa, victoria electoral mediante, de suscribir tal pacto si los votos resultan propicios. Sin renuncias formales –porque ser el malo de la película no se sabe bien si conviene a los intereses electorales–, lo cierto es que el trabajo quedó bloqueado con la razón, quizás a la vez excusa, del gasto educativo. Así, la situación en suspenso, que abrió las negociaciones, se convierte en incertidumbre e indefinición.

En primer término, tendrá el Gobierno que resolver cómo queda el estado de las medidas aparcadas, principalmente el carácter académico de las reválidas, “hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado Social y Político por la Educación”, tal como se afirmaba en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. Los efectos no solo son de alcance para el sistema educativo, sino que incluso se descalabra el principio de legalidad ante la vigencia de la ordenación básica del tal sistema: la LOE (2006) con las modificaciones realizadas por la Lomce (2013). Otra cosa es que resulte aprobada una proposición de ley presentada al Congreso para derogar la Lomce. De modo que a la incertidumbre se una la inestabilidad, puesto que una nueva ley educativa requiere tiempo y condiciones poco viables en estos momentos. Décadas lleva el sistema educativo español sin el necesario acuerdo, pero la situación abierta tras la consunción del pacto es particularmente crítica y difícil resultará evitar la desregulación que se cierne sobre aspectos básicos del mismo no resueltos como era debido.

Antonio Montero es inspector de Educación y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla