La ONU revela la “segregación escolar” de un 20% de alumnos con discapacidad
Esta situación de segregación afectaría a alrededor de un 20% de las personas con discapacidad, con repercusiones adversas para su inclusión en la sociedad”, dice el informe de la ONU.
El citado informe observa que, “pese a que las estadísticas disponibles indican un porcentaje alto de inclusión educativa de personas con discapacidad, se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple”.
Fuera del sistema
El informe añade también que “un efecto del sistema existente es la invisibilización de las personas con discapacidad, dejándolas fuera del sistema general, identificándolas desde sus primeros años de vida como ‘personas que no pueden lograr como las demás’”.
Asimismo, el informe señala que “la trayectoria educativa las encierra en un sistema principalmente médico-rehabilitador, que limita o imposibilita su acceso a las herramientas que necesitan para una vida independiente en la comunidad y su contribución en el mundo social y laboral”.
En opinión de Enrique Galván, director de Plena Inclusión, “los alumnos, familias y el movimiento social organizado exige cambios que son coherentes con los valores y principios del momento actual y están asentados en derechos y legislación aplicable a España”.
“Debemos reconocer –añade Galván– que el sistema educativo que tenemos debe ser mejorado de forma urgente hacia un nuevo modelo”.
Esta organización, que representa a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, cuenta con un Proyecto de Transformación hacia la Educación Inclusiva en el que participan centros de Educación Especial, centros de Educación ordinaria, alumnos, familias y profesionales de toda España con “propuestas de cambio e innovación educativa” que demuestran que es posible avanzar, tal como dice el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, en “garantizar una Educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Los hallazgos de la investigación realizada por el Comité de la ONU revelan, por otro lado, la “insuficiencia de las medidas adoptadas para promover la Educación inclusiva de las personas con discapacidad, y la poca previsibilidad del sistema de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad”.
El Comité asegura además que “constantemente nota la falta de claridad de las autoridades encargadas acerca del derecho a la Educación inclusiva y de calidad”.
Además, aunque el informe de la ONU señala que “existen decisiones administrativas y judiciales alentadoras” y “proyectos exitosos que han tenido resultados positivos, son decisiones y proyectos aislados, que dependen de iniciativas o sensibilidad individuales y, como tal, no quedan sistematizadas”.
Frustración y aislamiento
El Comité resalta que “los casos de rechazo de las personas con discapacidad del sistema educativo general siguen causando un gran nivel de frustración, aislamiento y sufrimiento para las personas con discapacidad y sus familias, que afectan todos los niveles de su vida”.
El Comité considera asimismo que “esta discriminación basada en la discapacidad tiene consecuencias significativas para el desarrollo personal, la vida independiente y la participación e inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad en igualdad con los demás”.
El informe de la ONU añade que “en vista de la amplitud, continuidad y diversidad de las violaciones encontradas, las cuales se interrelacionan entre sí de forma permanente y continua”, pero también tomando en cuenta que dichas violaciones “resultan en gran parte del sistema instaurado a través de la legislación, de las políticas adoptadas y de las prácticas de las instituciones involucradas, el Comité concluye que los hallazgos encontrados “alcanzan un nivel de gravedad y sistematicidad”.
Pero el informe llega aun más lejos al indicar que “ la denegación de la igualdad de derechos para las personas con discapacidad puede producirse deliberadamente o como resultado de leyes o políticas discriminatorias, con dicho propósito o sin él”.
En cuanto a sus propuestas o recomendaciones, el Comité de la ONU recuerda que “un sistema inclusivo basado en el derecho a la no discriminación e igualdad de oportunidades, requiere la abolición del sistema separado de Educación para estudiantes con discapacidad”.
“El sistema de Educación inclusiva –dice la ONU– debe proveer la Educación a todos los estudiantes y estar basado en una Educación de calidad proporcionando a cada estudiante el apoyo que requiera”. Pero “para lograr de manera práctica la Educación inclusiva –añade el informe– es necesaria una transferencia de recursos de los centros educativos especiales hacia el sistema educativo general, permitiendo el acceso del alumnado con discapacidad en condiciones de igualdad con el resto de estudiantes”, recordando que “la no discriminación incluye el derecho a no ser segregado y a ser proporcionado con ajuste razonable y debe entenderse como el deber de proporcionar ambientes de enseñanza accesibles y ajustes razonables”.
El Comité, finalmente y recordando sus anteriores observaciones, formula una serie de recomendaciones al Estado entre las que figura un marco institucional y jurídico que incluye una reforma legislativa que implique “contemplar la Educación inclusiva como un derecho y no solo como un principio y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema educativo general, sin importar sus características personales con acceso a los servicios de apoyo que se requieran”, así como “eliminar la segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma escuela o en centros especiales”.