ONG alertan de los costes educativos indirectos que se han trasladado a las familias

Otro tema en principio indiscutible es que el garante del derecho de niños y adolescentes a una Educación de calidad, equitativa e inclusiva es, sin lugar a duda, el Estado central y las comunidades autónomas. Pero a la luz de esta investigación, esta obligación también “depende” de otras variables.

El creciente y mayor esfuerzo económico que las familias asumen en su apuesta por la Educación, y que indirectamente ya realizan mediante la recaudación impositiva, hace “crujir no solo la noción de gratuidad, sino además la de equidad”, dice el informe.

La “Gran Recesión”
De igual modo, también la posibilidad de exigir el cumplimiento de los derechos de la infancia, también “depende” de otras consideraciones, señala una vez más el informe. Por ello, las organizaciones sociales, los defensores de la infancia o los trabajadores y educadores del sistema educativo nos revelan “a los verdaderos héroes en sacar a España de la ‘Gran Recesión”, como denomina el informe a la situación que hemos vivido en España estos últimos años. “Se trata de los niños que han visto sus derechos recortados en el acceso a becas de comedor, a refuerzo educativo, a materiales escolares, al transporte y a las actividades extraescolares”, añade el estudio.

“La equidad se juega su papel transformador en estos terrenos”, dice el informe. Y añade que “la equidad ‘depende’ en buena medida de la claridad y disponibilidad de datos que tengamos para analizar la complejidad de la inversión educativa en España y de cómo se proyecta, y sobre quiénes, su sombra”.

La realización de la investigación y el informe surge de una inquietud conjunta de las fundaciones Educo y Ayuda en Acción, a las que se ha sumado un grupo de sociólogos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide.

Tras buscar y analizar los datos, realizar entrevistas con familias y actores clave del entorno social y de las comunidades educativas de la gran mayoría de las comunidades autónomas, esta publicación pone de relieve temas candentes que sirven para conocer el estado actual de la inversión en Educación, y asimismo para colaborar al debate sobre la gratuidad, la equidad y la calidad educativa.

Costes indirectos
La inversión en becas de comedor y de refuerzo educativo, material escolar, transporte y actividades extraescolares, que son considerados costes educativos indirectos para el ejercicio del Derecho a la Educación, “son inversiones esenciales para comenzar a hablar de equidad educativa, de inclusión y de disfrute de derechos”, dicen estas ONG. Según ellas, “son costes que se han trasladado drásticamente a la esfera de la familia”.

“Lo que no ‘depende’ de nada, ni es gratuito ni lo será, es el coste que tiene y tendrá para la sociedad española mantener ese discurso público de pies de barro que supone la gratuidad y con ello la equidad de la Educación en España”, seála el informe.

“Las sociedades del siglo XXI requieren, como lo muestran prácticamente todos los otros países europeos, una inversión y un compromiso con la equidad educativa que permita el disfrute de derechos y de igualdad de oportunidades que no ha logrado echar raíces en la España actual”, añade este estudio.

Inversión y rendimiento
“La insuficiencia de la inversión en Educación tiene un efecto directo en el rendimiento del sistema educativo y el disfrute de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, añade el estudio de las ONG. El informe se ocupa especialmente del escaso impacto del sistema de becas y ayudas en la compensación de desigualdades de origen, especialmente las vulnerabilidades surgidas en niñas y niños a partir de las diferencias socioeconómicas de las familias.

La insuficiencia de la inversión para la equidad de la Educación se percibe desde diferentes ópticas. Una de ellas es el déficit comparado entre la inversión antes y después de la crisis económica tomada desde el año 2008.

Menos cobertura de becas
La comparación de inversiones desde el 2008-09 y del 2014-15 en términos absolutos muestra que, aunque el importe individual de las ayudas aumentó un 37%, se produjo una disminución del 0,6% en la cobertura de las mismas, como recuerda el informe.

Otra forma de percibir dicha insuficiencia en el mismo periodo es el descenso del 43% en el número de becas y de un 46% en el número de alumnado becado, como señala el Consejo Económico y Social en su informe Políticas públicas para combatir la pobreza en España 2017. “El impacto de este déficit se traduce en una desigual continuidad escolar de niños y adolescentes de distintas clases sociales a medida que la escolaridad deja de ser obligatoria”, dice el estudio.

Alumnos con necesidades
Según el estudio de Educaco y Ayuda en Acción, es “relevante apuntar las dificultades que encuentran los niños con discapacidad para acceder a actividades centrales para la equidad en la Educación”.

Los recursos destinados a la atención individualizada a la diversidad y a las dificultades de aprendizaje se han reducido de manera considerable.

En la práctica, los centros educativos no cuentan con recursos humanos y materiales para garantizar un acompañamiento y asistencia adecuados por parte de profesionales de atención especial a estos niños para las actividades extraescolares o durante el horario lectivo. Por este motivo, se ven privados del derecho a participar en actividades extraescolares en entornos normalizados como el centro educativo.

Diversas voces, como el Defensor del Pueblo, han alertado en forma reiterada acerca del peso de esta cuestión en relación con la Educación pública, inclusiva y gratuita, como denuncia el informe.

“La Educación inclusiva no se refiere solamente a que niños con capacidades diferentes disfruten de los mismos derechos que los demás, sino también al derecho de todas las niñas, niños y adolescentes al disfrute de la diversidad como riqueza educativa”, añade el informe. “Se trata de una violación del derecho a una Educación inclusiva de una gran mayoría, y no de una minoría como podría pensarse”, alerta el estudio.