El 78 % de los extranjeros, a la Pública
Si en el curso 2000-01 había más de 133.000 alumnos extranjeros en las etapas no universitarias de enseñanza, la cifra aumenta en progresión geométrica cada año, y en el presente curso ya son aproximadamente 180.000 los alumnos extranjeros escolarizados en las aulas españolas, lo que empieza a provocar ciertos desequilibrios en el sistema educativo, atendiendo al alto porcentaje de estos alumnos escolarizados en centros públicos.
Por eso, a falta de una norma marco sobre la escolarización de los alumnos de procedencia inmigrante cada vez son más las Comunidades Autónomas que deciden establecer normativas propias sobre admisión de alumnos teniendo el cuenta el goteo cada vez más intenso de alumnado inmigrante y de minorías que llega a las puertas de los centros educativos en cualquier momento del año. La flexibilidad se impone en aquellas autonomías como Madrid, Baleares, Canarias, Melilla, Extremadura, Andalucía o Murcia, donde la realidad social ha superado todas las previsiones.
En Madrid, por ejemplo, la Consejería quiere garantizar el derecho a la Educación de alumnos discapacitados, de minorías étnicas, extranjeros y desfavorecidos socialmente, por lo que ha aprobado una normativa que permitirá a los centros mantener abierta la reserva de plazas durante todo el año para este tipo de alumnos. Sin embargo, esta norma no ha nacido exenta de polémica al criticar la Concertada que vulnera la autonomía organizativa de sus centros al establecer una reserva de tres plazas por aula en primero de Infantil y Primaria y cuatro en Secundaria.
En Cataluña, el decreto de escolarización aprobado por Carme Laura Gil hace tan sólo un año ha quedado en el cajón de los olvidos al preparar el Departament de Ensenyament una nueva normativa de admisión de alumnos debido a la necesidad de escolarizar un alto porcentaje de alumnado inmigrante.
Y en el caso de la Comunidad Valenciana, los responsables de la Dirección Territorial de Educación se han mostrado partidarios de mantener, por el momento, algunas unidades o aulas de Primaria e Infantil que se pensaban suprimir al no cubrirse algunas de las plazas previstas. Una decisión derivada de las alegaciones de los centros ante la previsión de nuevas matriculaciones de niños de tres años en Infantil y de la llegada de alumnos inmigrantes.
No obstante, aunque se prevé que la Ley de Calidad ofrezca medidas para abordar la integración del alumnado inmigrante, las soluciones no son fáciles y la comunidad educativa se muestra dividida entre escolarizar a los menores en los centros educativos desde el primer día o someterles a programas de inmersión lingüística previos a su integración en dichos centros.