Los Euros llegarán tarde
El Ministerio de Educación y Cultura (MECD) ha logrado, casi dos años después de de aprobar los reales decretos de enseñanzas mínimas para la ESO (3473/2000) y para el Bachillerato (3474/2000), firmar con las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas los convenios por los ambas partes se comprometen a destinar parte de su presupuesto para implantar los nuevos currrículos. Pero ¿qué criterios se ha seguido a la hora de fijar los montos que saldrán de las arcas de la Administración central?
Según el director general de Alta Inspección y Cooperación Territorial, Juan Ángel España, “estos convenios no han pasado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque fueron aprobados por el Consejo de Ministros antes de que éste se creara”. No obstante, ni todas las CCAA recibirán una cantidad proporcional al número de alumnos, ni el Estado hará el mismo esfuerzo inversor en todas las autonomías.
De hecho, mientras Canarias o Madrid cofinanciarán al 50% estos convenios curiosamente destinados “a la calidad de la enseñanza no universitaria”, otras autonomías como Asturias, Andalucía, Islas Baleares, Aragón o Castilla-La Mancha sólo habrán abonado a finales del 2005 la mitad de lo que haya pagado el Estado en esa fecha.
Uso arbitrario
Los acuerdos firmado además no son iguales entre la Administración y las comunidades, ya que Andalucía, Cantabria o Castilla-La Mancha no especifican lo que invertirán en la implantación de las enseñanzas básicas comunes cada año, sino solamente el monto mínimo o máximo final. Quizá precisamente porque el dinero no se utilice en todas las comunidades para los mismos fines.
Así, mientras convenios como los que el MECD ha firmado con Asturias servirán para la formación de capital humano, y otras acciones en beneficio de una mayor calidad de la enseñanza no universitaria como inversiones en infraestructuras y dotación de material de nuevas tecnologías.
Sin embargo, Madrid destinará parte del dinero a las obras de mejora y adaptación de nuevas modalidades de Bachillerato, Ciclos Formativos y Garantía Social en centros de Secundaria, según el propio convenio (publicado en el BOE el pasado 15 de agosto), lo que sin duda tiene más relación con la Ley de Calidad que ahora comienza su trámite de mínimos que con los reales decretos de enseñanzas mínimas del 29 de julio de 2000.
Para la portavoz socialista de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce, “es muy grave que aún se estén firmando los convenios cuando los decretos están aprobados desde hace casi dos años, pero las Consejerías, por responsabilidad, no pueden perder un dinero que si no firmaran, perderían”.
El reparto del pastel
Por fin nos ha quedado claro que la Ley de Calidad de la enseñanza se aprobará tal y como está: sin memoria económica. Eso sí, al menos la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, se ha dignado a explicar porque será esto así. Según la titular de Educación “la LOCE puede generar obligaciones contables de gasto para las CCAA, aunque en muchos aspectos se tratará sólo de reordenar”. Por eso, las obligaciones de gasto que se pudieran derivar de la aplicación de la Ley, de acuerdo con el nuevo sistema de financiación de las comunidades aprobado por todas las autonomías hace sólo nueve meses (en diciembre del 2001), tienen que ser evaluadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que determinará lo necesario para cada Comunidad, “de acuerdo con lo que las CCAA planteen y con lo que el Ministerio de Hacienda plantee”, advirtió la ministra. Desde el MECD se cree que el CPFF supone por primera vez el establecimiento de un instrumento eficaz para la financiación.