A mayor libertad de enseñanza, mayores niveles de Educación

Aumentar el nivel de instrucción entre la población es una preocupación mundial que se podría resolver, en parte, aumentando los niveles de libertad en la enseñanza.

La organización internacional Oidel, que trabaja para el desarrollo del derecho a la Educación y la libertad de enseñanza, cuestiona el papel del Estado en el diseño y regulación de los sistemas educativo a la luz de los resultados de su último informe sobre El estado de las libertades educativas en el mundo.
Este reciente informe editado por Santillana y elaborado en 2002 a partir del análisis efectuado en 85 países (que representan el 87% de la población mundial), examina también el tipo de financiación asignado por cada Estado y relaciona el nivel de instrucción con la libertad de enseñanza que goza cada país.

Según los autores del estudio, Alfred Fernández y Jean-Daniel Nordmann, “entre los objetivos se encuentra el deseo de superar las aproximaciones tradicionales a la libertad de enseñanza, así como explicar la amplitud del pluralismo y flexibilidad de los sistemas de enseñanza según las nociones de escuelas publicas y escuelas no gubernamentales”.

De hecho, el estudio revela que “cerca del 65% de los países consultados atribuyen algún tipo de subvención a la Educación no gubernamental y cerca del 39% financian al menos los salarios de los docentes”, según señalan los autores.

Entre las conclusiones destaca que, en términos de tendencia general, “los países con un elevado índice de libertad son aquellos que disponen igualmente de un índice de instrucción elevado”, afirman Fernández y Nordmann.

El norte como modelo

Asimismo, el estudio concluye que “el gasto dedicado a Educación no resulta un indicador suficiente de la calidad de la enseñanza”, en contra de lo que muchos teóricos afirman, es más una cuestión de optimización de recursos. Además, según este novedoso estudio, “los países que obtienen el mejor resultado pertenecen al Norte de Europa. En los Países Bajos más del 70% de los alumnos se forman en las escuelas no gubernamentales que se distinguen por su orientación religiosa o pedagógica. En Bélgica existe una verdadera libertad de elección entre el sistema oficial y el sistema de escuelas libres, mientras en Dinamarca el Estado ha ocupado un lugar muy discreto en la prestación del servicio educativo desde el comienzo de la instrucción pública hace 150 años”.
Por su parte, “España se encuentra en plena evolución. Existe una gran tradición de escuelas no gubernamentales que se desarrollan difícilmente por las condiciones exigidas para ser subvencionadas por los poderes públicos”. Para los autores del estudio, Fernández y Nordmann, “es evidente que una escuela puede perpetuarse difícilmente si es subvencionada parcialmente y se impide a los padres cubrir el déficit”.

La lucha por el derecho a la Educación

Oidel, organización internacional para el desarrollo del derecho a la Educación concebido como un derecho humano fundamental, nace en 1985 por iniciativa de personalidades del ámbito de la política, expertos y profesionales de la Educación. Actualmente es un órgano de carácter consultivo para organismos supranacionales como la ONU, la Unesco y el Consejo de Europa, además de asesorar a los gobiernos que lo solicitan, con el fin de contribuir a la puesta en marcha de medidas y reformas que faciliten el pluralismo y la flexibilidad de los sistemas educativos.

La misión de Oidel es contribuir a consolidar el papel de la Educación como pilar básico en la construcción de una ciudadanía activa en la que cada persona esté en condiciones reales de asumir sus responsabilidades y de ejercitar su libertad en el contexto de las sociedades democráticas. Aspectos como el respeto a la diversidad y a las identidades culturales, las exigencias de calidad y de formación continua y los desafíos de la tolerancia y convivencia en paz forman parte de los objetivos de flexibilidad y pluralismo que preconiza Oidel. Sus objetivos se centran en cuatro puntos:

1. Representación. A través de acuerdos y asociaciones conjuntas, se procurará una sólida intervención ante las administraciones para impulsar las libertades educativas y proponer nuevas fórmulas de financiación de la enseñanza.
2. Investigación, en el campo del derecho a la Educación.
3. Opinión Pública, generando un clima de opinión favorable
4. Asesoramiento y formación para la creación de nuevos centros educativos.