“La comunidad educativa debería poder evaluar a la Administración”

En un piso de la calle Carretas con buenas vistas sobre los tejados de Madrid nos recibe Augusto Serrano, secretario general de STES. Tras el “penoso” trámite de las fotos, iniciamos la entrevista.

—¿Cuál es su análisis del resultado de las elecciones?
—La respuesta ha sido muy positiva: si las cosas se nos hubieran dado mejor en dos comunidades (Madrid y Andalucía), habríamos ganado.

—¿A qué os referís con la campaña de injurias de la que habláis en vuestra página web?
—Lo pusimos porque nos temíamos peores resultados, ya que una semana antes de las elecciones, “La razón” publicó a toda página que los STES éramos la cuna de una Batasuna estatal, basándose en los nombres de nuestros sindicatos. Mandamos una réplica y tenemos planteada una demanda.
Pero personas de muchos sindicatos difundieron el artículo de “La razón” y no nuestra réplica, y allí donde más se vio hemos crecido menos de lo esperado, e incluso hemos perdido delegados.

—¿Hasta qué punto perjudica ser un sindicato sólo de enseñanza?
—STES surgió hace más de 25 años como sindicato de enseñanza, pero considerándonos trabajadores iguales a los de cualquier otro oficio. Pensábamos que podríamos conseguir mejores objetivos desarrollándonos sólo en la enseñanza, y eso no nos ha supuesto problema, pero en los últimos años se van acercando a nosotros trabajadores de otros ámbitos atraídos por nuestro modelo sindical –asambleario, sin cúpula dirigente–, que es único en España. Ahora tenemos representación en otros campos de la Administración.

—Me estaba refiriendo a lo que supone en términos de representación o de dinero.
—Ahí sí que tenemos un handicap muy grande, el primero el de la publicidad: cuando los grandes medios de comunicación hablan de “los sindicatos” dan por entendido que son dos, CCOO y UGT, y parece que todos somos iguales. Nos gustaría que los periodistas percibieran que hay otra cosa, que hay un 30% que no son representados por ellos –y habría que discutir cómo representan a su 70%, cómo se han elegido esos delegados.
Luego, cuando llegan problemas monetarios como los aparecidos en la prensa, siempre es “los sindicatos tal, los sindicatos cual”, y nosotros no recibimos nada de ese dinero. Dinero que debería ser absolutamente transparente, porque es de todo el mundo, y del que deberían ser responsables ante el Tribunal de Cuentas.

—¿Vosotros en torno a qué presupuesto os movéis?
—Tenemos una estructura distinta, con 18 presupuestos –17 autonómicos y el nacional– en vez de uno unificado. En nuestra sede central somos seis personas, mientras que en otros sindicatos son más de 40. Por tanto nuestros presupuestos son pequeños, y la única subvención que recibimos aquí es la del MECD, que es pequeña, unos 9.000.000 (de pesetas).

—¿Cuánto ha pesado la LOCE en estas elecciones?
—Al final, los sindicatos que defendían a capa y espada la LOCE han bajado, no solamente los de ámbito estatal, sino también los de ámbito regional, como diversas asociaciones de profesores. Mientras que los que nos hemos enfrentado a la LOCE hemos tenido mayor representación que las pasadas elecciones.

—Uno de los puntos fuertes del programa es el no a la evaluación externa como está concebida. ¿Cómo debería evaluarse el sistema?
—No estamos de acuerdo en una evaluación que conduzca a los rankings de centros, como en EEUU. Porque los rankings numéricos perjudican a la escuela pública, pues escolariza a alumnos que no tiene la privada. Nosotros queremos que haya evaluación de los procesos y de los medios para llegar a los resultados, no que acabemos con “los 100 mejores colegios de no sé qué”, como en cierto periódico. Y también pensamos que la comunidad educativa debe evaluar a la Administración: el consejo escolar del centro debería evaluar si las bajas no se han cubierto a tiempo, por ejemplo, porque eso también influye en el rendimiento del sistema.

—¿Hasta qué punto ha funcionado bien la Logse?
—Nosotros fuimos críticos con la Logse, entre otras cosas, por no llevar una Ley de Financiación en vez de una memoria económica. Y ahora se ve que ni un solo año se ha cumplido esa memoria.
Otro de los problemas de la Logse fue la formación del profesorado: nos hemos hartado de pedir cursos específicos para todos de atención a la diversidad, de prevención y resolución de conflictos. Y precisamente es ahí donde están los problemas diarios de los institutos, porque el docente no está preparado para enfrentarse a un alumnado plural, diverso y conflictivo.

—¿Habría que cambiar el sistema de formación inicial?
—Nuestros planteamientos son: primero, convertir Magisterio en licenciatura, ampliando los conocimientos de los futuros maestros en idiomas, informática y prevención de conflictos; y segundo, con un curso de tres meses nadie está preparado para dar clases a alumnos como los de ahora, se necesitan conocimientos más amplios de psicopedagogía, etc.

—¿La responsabilidad de que la pública lo esté pasando mal la tiene la concertada?
—Eso es simplista, no se trata de culpabilidad, sino de política. Ahora hay un neoliberalismo que tiende a privatizar los servicios públicos. Por eso se está trasladando la responsabilidad de la gestión de la enseñanza pública a la privada, que va aumentando los conciertos. Y los colegios privados se están instalando donde hay dinero: en grandes centros de población de las comunidades con un PIB alto. No están en zonas rurales. Por eso hay tanta diferencias de dinero por puesto escolar.

—Pero también hay grandes diferencias de costo entre un concertado y un instituto de Madrid capital, por ejemplo.
—Sí, pero hay que ver cuánta gente da clases en ese colegio, qué sueldo cobra… El profesorado de la pública gana más dinero que la concertada, y nosotros defendemos que a igual trabajo igual salario, la homologación retributiva. Pero también defendemos que los criterios de selección de ese profesorado han de ser públicos, como el dinero que los paga.

—¿No son los padres los que tienen que elegir?
—La libertad de elección es muy elástica. El servicio público se presta para todo el mundo, pero no hay libertad al cien por cien, puesto que los centros no son de goma, hay límites materiales. Por ello el criterio que debería primar es el de la zonificación, y habría que eliminar el de la renta. Prima el derecho de escolarizar en tu zona, y después, si quedan plazas, admitir a otros alumnos.

—¿Y si el instituto de la zona funciona mal?
—Los institutos tienen que funcionar, hay que hacerlos funcionar.