MATRICULACIÓN Las trampas en la matrícula, cada vez más habituales entre los padres

En parques y jardines de todas las ciudades españolas, donde los niños de tres años comienzan a jugar aprovechando los primeros rayos del sol de esta primavera, los padres no hablan de otra cosa: entrará o no mi hijo en el colegio que hemos elegido para él.

Algunos están tranquilos: ya tienen al hermano mayor en el colegio elegido, lo que en muchos casos asegura la plaza para los siguientes de la familia. Precisamente son estos los que empiezan a contar de qué ardides se valieron para meter al primero, y pronto se forma un pequeño corro alrededor…

Tras los puntos

Esta familiar estampa que se repite cada vez más todas las primaveras –mayor número de veces cuanto más extendida se encuentra la Educación Infantil: será un clásico cuando se imponga la gratuidad de esta etapa en uno o dos cursos– obedece sencillamente a la necesidad de muchos padres de “ganar puntos” para escolarizar a sus hijos en el colegio que ellos han elegido, y que muchas veces tiene menos plazas que solicitudes. En muchos casos superan las diez solicitudes por puesto escolar.

Incluso aunque muchos piensan que tienen la plaza asegurada porque ya tienen al hijo mayor en el colegio, en algunos casos –en ciertas zonas de la Comunidad de Madrid llega a ser habitual– el número de solicitudes es tan elevado que sólo bareman entre aquellos que ya tienen un hermano en el mismo colegio, pues ni siquiera todos ellos podrán entrar.

Distintos baremos

Aunque no todas las comunidades bareman de la misma forma y hay pequeñas variaciones entre ellas, lo que más puntos otorga es la proximidad de la vivienda habitual al centro elegido, y el tener a un hermano dentro del mismo centro. Sin embargo, se pueden conseguir más puntos por minusvalía, e incluso obtener el de libre disposición que otorga el centro educativo; pero a igualdad de resultados, siempre obtiene la plaza aquella familia con una renta menor tras dividirla entre todos sus miembros.

Precisamente es este punto el que más críticas recibe desde diversos sectores de la comunidad educativa, algunos de ellos muy distantes ideológicamente.
Por ejemplo, Augusto Serrano, portavoz de la confederación STES, cree que se debería eliminar la renta del baremo porque todos los alumnos de una zona deben estudiar juntos en el colegio, y porque en última instancia dicha norma perjudica a la escuela pública, al “expulsar” a los de mayor renta. Por su parte, José Luis Fernández Santillana, secretario general de enseñanza de USO, ha declarado en distintas ocasiones que dicha norma atenta contra el derecho de todos -pobres y ricos- a elegir el centro que consideren conveniente para sus hijos.

De hecho, se han llegado a dar casos de matrimonios de profesores que no han podido escolarizar a sus hijos en el colegio público donde trabajan porque tenían una renta muy alta (además, los trucos para bajar el nivel de renta no hubieran “colado” en su propio centro de trabajo).

Sin embargo, ni la LOCE, ni los principales partidos, ni los gobiernos de las comunidades parecen dispuestas a eliminar este requisito, ni a establecer medidas de control más estrictas para evitar el fraude.

¿Selección por “trampa”?

Lo habitual es que cualquier padre que desee matricular a su hijo en un centro determinado acuda a él y, una vez enterado de los papeles necesarios para conseguir el mayor número de puntos, entregue fotocopias justificativas del lugar de residencia, renta familiar, etc.

Con estos papeles el centro –sea público o concertado– no hace otra cosa que ordenarlos y enviarlos a la comisión de escolarización. Ésta adjudica los puntos y envía al centro la lista de admisión por orden de preferencia para conseguir la plaza. Pero no tiene capacidad –su papel no es ese, entre otras cosas– para comprobar la veracidad de los documentos que ha recibido de los padres y por los cuales se realiza el baremo. Ni, por supuesto, el centro tiene ninguna capacidad para hacerlo.

De hecho, Hacienda tiene absolutamente prohibido facilitar datos fiscales de ningún contribuyente, salvo que medie orden judicial: por ahí el control es casi imposible, especialmente en el caso de las declaraciones complementarias, donde todo es perfectamente legal. En el caso del empadronamiento la comprobación podría ser más sencilla, pero la comisión de escolarización tiene una capacidad de maniobra muy escasa.

Prácticamente, la única posibilidad de pillar a un padre en un renuncio es que medie la denuncia de otro padre justificado, y aún así será el denunciante el que tenga que aportar las pruebas del fraude, por la inoperancia a que se ve sometida la comisión de escolarización.

Pero no acaba todo ahí: si se ha descubierto la trampa pero el niño está ya escolarizado, no pierde su plaza, aunque el denunciante podría incluir a su hijo en el centro, que se vería obligado a duplicar la plaza. Por tanto, el sistema está consiguiendo justo lo contrario de lo que en principio pretende: no es el más desfavorecido ni el más débil el que tiene acceso a la plaza, sino el que más capacidad para hacer trampas el que accede a ella. Hacer trampas es gratis.

TRETAS UTILIZADAS POR ALGUNOS PADRES PARA MATRICULAR A SUS HIJOS

En el límite de la legalidad

–Para conseguir los puntos por proximidad: se necesita que un familiar cercano (muchas veces los abuelos) vivan cerca del centro elegido. Unos meses antes se empadrona al niño con ellos, para poder justificarlo en la matriculación. Algunas veces se recurre a familiares algo más lejanos… ¡cualquiera vale! Tiene el riesgo de que Hacienda puede negar la deducción por hijo en la declaración de la renta del año que viene, pero no suele existir comprobación alguna. Otra variante, bastante más cara, es alquilar un piso lo más pequeño posible –una buhardilla vale– durante unos meses, cercana al colegio elegido.
–Puntos por minusvalía: cualquier leve malformación o problema de salud del niño puede servir para conseguir al menos un pequeño porcentaje de minusvalía: movilidad reducida en un dedo de la mano, principio de asma, un ojo vago… Uno de estos problemas pueden hacer que, previo certificado médico, nuestro hijo consiga una de las plazas reservadas a minusválidos.
–Bajar la renta: el truco más habitual –entre otras cosas porque además puede ahorrarnos un dinerito en Hacienda– es el de meter a alguno de los abuelos, preferentemente el que no cobre pensión, en la declaración de la renta del año anterior. Así aumenta el número de miembros entre quienes dividir.

Dudosamente legales

–Proximidad: se ha dado el caso de padres que han empadronado a sus hijos en casas de amigos, e incluso de compañeros de trabajo, para conseguir los preciados puntos. Sin embargo, este trámite es más complejo que si se dispone de un familiar, por lo que necesita de mayor elaboración… aparte de encontrar a la persona dispuesta a meterse en líos sin obtener nada a cambio.
–Bajar la renta: existe un truco archiconocido, muy popular porque no falla, puesto que no existe apenas posibilidad de controlarlo (Hacienda no puede revelar los datos fiscales de contribuyentes bajo prácticamente ninguna circunstancia). Sencillamente, en la declaración de la renta del año anterior, rellene un impreso con una parte de sus ingresos; a continuación rellene otro formulario con los ingresos restantes, y entréguelo como declaración complementaria. Puede entregar ambos incluso a la vez, hasta ahí todo es perfectamente legal. Por supuesto, cuando vaya a matricular a su hijo, entregue sólo el primer formulario, donde no existe ninguna mención a otras declaraciones complementarias.

Fuera de la legalidad

La picaresca española no conoce límites, y la falsificación de papeles es cada vez más sencilla: una persona con un ordenador y un poco de experiencia es capaz de imitar una certificación del padrón, aunque hay métodos más “cutres” como falsificar una fotocopia… incluso con “tipex”. También está muy de moda buscar una declaración de la renta de algún conocido con pocos ingresos ¡y fotocopiarla con la etiqueta de identificación propia pegada!