"Queremos tolerancia cero con los alumnos violentos"

Autor: JM DE MOYA
Rodrigo SANTODOMINGO

Mente diáfana, certeras palabras y ánimo crítico ante la progresiva extinción del famoso talante dialogante, bandera de Zapatero durante sus primeros meses al frente del Ejecutivo nacional. Así se presenta el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Luis Peral. El entorno, fuera de despachos y fríos ambientes administrativos, da a su discurso un tono más espontáneo que el habitual.

—¿Por qué la Concertada atrae cada vez más a los padres que la Pública?
—Yo creo que son varias las razones. Está, en primer lugar, la cuestión ideológica. Hay padres que prefieren el ideario de un colegio católico (yo mismo) que el de uno público. De igual forma, no todos lo padres quieren que sus hijos estudien bajo la doctrina cristiana porque no profesan dicha religión, caso de los alumnos musulmanes. Considero que esta es la razón fundamental.

—¿El ideario del centro? ¿No influye también la imagen de conflictividad y malos resultados que desprende parte de la Pública?
—Pues no lo sé. La verdad es que no me atrevo a aventurarlo. A lo mejor valía la pena hacer una encuesta entre los padres para conocer su opinión de primera mano.

—¿Necesita más transparencia la Educación española?
—Sí, sobre todo en lo relativo a la evaluación. Cuanto más se sepa sobre los resultados de cada centro, mejor para todos. El Gobierno socialista ha reconocido, y me alegro por ello, que habría que evaluar a los alumnos en Secundaria para conocer si el sistema funciona. Para nosotros, no se trata de castigar: al colegio que arroje malos resultados, habría que ayudarle más, por supuesto.

—¿Cree que existe una opinión generalizada entre los padres españoles sobre la mayor motivación de los profesores de la Concertada respecto a los de la Pública?
—Yo creo que no. Mi experiencia me dice que en la enseñanza pública hay excelentes profesores, puramente vocacionales y muy motivados, gente que ha dedicado su vida a esto empeñando tiempo y esfuerzo en formarse continuamente.

—¿Qué opina sobre las nuevas normas de escolarización que están aplicando comunidades como Castilla-La Mancha o Cataluña?
—En esto quiero ser tan claro como intento ser siempre: estamos en contra de una escolarización centralizada. Queremos que los padres puedan decidir por sí mismos el centro que quieren en lugar de delegar en una comisión que, seguro, conoce peor a sus hijos.

—Algunos defienden este planteamiento como una forma de controlar a los colegios concertados y padres que presuntamente hacen trampas para discriminar a determinados alumnos.
—En Madrid, siempre que se han visto anomalías hemos intervenido inmediatamente. Ahora bien, lo que no consentimos son las acusaciones infundadas, una estrategia política con la que no estamos de acuerdo. Esto no quiere decir que no estemos empeñados en combatir el fraude. Por ejemplo, pediremos certificados oficiales a la Agencia Tributaria en lugar de la declaración de la renta a los padres, con lo que se evitan posibles manipulaciones. Otro: ser más rigurosos a la hora de evaluar minusvalías entre los alumnos.

—Algunas promesas que el PSOE lanzó en campaña electoral se están revelando inviables. Por ejemplo, la apertura de centros en horario no lectivo, la informatización de los aulas con un ordenador por cada dos alumnos, etc…
—El PSOE fue a las elecciones con el programa de un partido que piensa que no va a gobernar. Llegó al Gobierno por razones que todos conocemos… Pero vamos, no creo que sea un programa para aplicar. Hay otros temas: la gratuidad en Infantil 3-6 años en todas las comunidades, algo que no ha tenido ningún reflejo en los presupuestos para el próximo año. Sinceramente, creo que es el peor Gobierno desde la democracia. Sin mando ni coordinación, condicionado por un Gobierno catalán del que forma parte un partido independentista, lanzando promesas que se contradicen entre sí…

—En teoría, el famoso talante continúa, al menos en boca de Zapatero. ¿Lo perciben ustedes?
—El Gobierno lució un jacobinismo centralista, como ya dije, al invadir competencias que corresponden a las comunidades, caso de la aplicación de la LOCE. Y ahora nos vienen con una ley de bases para que cada comunidad haga lo que le de la gana, es decir, para no molestar demasiado a Cataluña. Por un lado invaden competencias autonómicas y, por otra, ceden ante los gobiernos catalán y vasco con una especie de hoja parroquial de cuatro folios.

—¿Ve usted a Mariano Rajoy alcanzando un pacto educativo con Carod Rovira?
—Pues no. No creo que Rajoy pierda su tiempo negociando con alguien que se ha reunido con ETA para que los terroristas dejen de molestar en Cataluña.

—El otro día comentaba Eva Almunia, consejera de Educación en Aragón, que el Estado no podía permitir la religión en la escuela como no puede regalar un Porsche a todo el que quiera. Curiosas declaraciones…
—Almunia es una persona cordial y competente que ha tenido un patinazo importante. Claro, comparar un deseo que manifiesta el 82% de los padres españoles al amparo de la Constitución y de los tratados internacionales con un artículo de lujo me parece completamente fuera de lugar. Es una frivolidad injustificada. Pero bueno, hasta el mejor escribano echa un borrón…

—Parece que las familias católicas han empezado a agruparse para defenderse ante el asedio laicista del Gobierno.
—Sinceramente, yo no sé de dónde viene este ánimo por despertar viejos fantasmas. ¿Qué sentido tiene remover la historia para dividir a los españoles?

—¿Qué tal van las negociaciones para el Acuerdo por la Calidad en Madrid? Algunos empiezan a impacientarse.
—Se avanza bien dentro de la complejidad de negociar con 20 organizaciones diferentes. En los últimos meses hemos mantenido nueve reuniones… Es importante es que se sepa que las condiciones del 99 no son las de ahora. En aquel año, la diferencia salarial del profesorado madrileño en comparación con la media nacional era muy importante. Gran parte de ese acuerdo se destinó a subsanar esto, y así ha quedado consolidado en las nóminas. También hay problemas nuevos: el número de inmigrantes, el desarrollo urbanístico en Madrid, que se ha multiplicado… No se trata de asignar un presupuesto y luego distribuirlo, sino de lo contrario. Es decir, analizar los problemas y conocer cuanto dinero es necesario para resolverlos.

—¿Tienen prevista medidas de apoyo al profesor ante la conflictividad escolar?
—Vamos a dar seguros de responsabilidad y defensa jurídica a todos los profesores para que estén tranquilos ante posibles querellas, demandas, etc… Hasta ahora esto lo llevaba, entre otras cosas, el servicio jurídico de la Consejería de Educación. Nosotros queremos crear un organismo, gestionado por un bufete experto en temas educativos elegido por concurso, que se ocupe concretamente de estas cuestiones. A ser posible, lo pondríamos en marcha el próximo año. También vamos a fomentar que los propios niños señalen a los compañeros que abusan. Queremos tolerancia cero en este aspecto.

Suelo y Concertada

Horas antes la entrevista, el consejero de Educación madrileño firmaba el primer convenio con un ayuntamiento madrileño para ceder suelo a la iniciativa privada con el objetivo de construir centros concertados sin ánimo de lucro.

—¿Cómo funcionan estos convenios en Madrid? ¿Qué alcance tendrían?
—Los ayuntamientos ceden el suelo, por el que se paga un canon, y nosotros garantizamos la concertación del centro. Se alcanzarán acuerdos con todos los ayuntamiento que quieran adoptar este sistema. Se trata de atender la demanda de la sociedad: si los ciudadanos quieren Concertada, lo lógico es que nosotros facilitemos la construcción de este tipo de centros. El primero ha sido Guadarrama; después está Arganda del Rey, Boadilla del Monte…

—¿Por qué este sistema?
—Lo que no es normal es que haya municipios como Rivas Vaciamadrid que no tengan Concertada en absoluto. Eso no es cumplir el artículo 27 de la Constitución. Además están las razones económicas: un centro concertado cuesta mucho menos a la Administración que uno público.

—¿Que opina de las cuotas para la Concertada?
—Es lo que diferencia una concepción intervencionista de la Administración de una próxima la sociedad que trata de escuchar a los padres.