Los padres, divididos ante la norma que legaliza los matrimonios gays

Autor: Marta SERRANO

Sólo en dos países europeos, Holanda y Bélgica, los homosexuales podían contraer matrimonio. España se ha convertido en el tercero. El Congreso ha dado vía libre a la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo. Un logro histórico para el colectivo gay (alrededor de tres millones en nuestro país) y una decisión injusta para la Iglesia y para algunas asociaciones de familia y de padres.

Los homosexuales españoles piensan convertir la celebración del Día del Orgullo Gay en una gran fiesta de bodas. Desde la Federación de Gays y Lesbianas definen la aprobación de la ley como “una revolución”. Pero esta alegría no la comparten, ni mucho menos, todos los padres españoles, porque piensan que el matrimonio sólo existe entre un hombre y una mujer, que es “lo natural”.

Los padres, divididos

Lejos de esta concepción, Pilar Triguero, miembro de la Junta Directiva de Ceapa, considera que la Ley que permite el matrimonio a las parejas homosexuales será “la normativa de la realidad”. Desde esta Confederación de APAS, “a veces, actuando con mojigatería y ocultando la verdad y la realidad se les hace más daño a los más pequeños”.

En general, según Triguero, “los jóvenes son respetuosos con la opción sexual de cada persona y esta Ley dará fundamento jurídico a una realidad social que permitirá adaptar la formación y la información al momento que vivimos”, añade. Desde Ceapa, no obstante, recomiendan que la futura Ley se acompañe con escuelas de padres para ayudarles a hablar con naturalidad y normalidad de la realidad. “Somos un espejo para niños y jóvenes y nuestro comportamiento como padres es su ejemplo”, concluye.

Contraria es la opinión de otra de las grandes Confederaciones de APAS, Concapa. Para su presidente, Luis Carbonel, “Zapatero no se entera y busca el aplauso de las minorías homosexuales en detrimento de las mayorías heterosexuales”. Además, desde Concapa recuerdan que la Ley va en contra de los informes de los órganos consultivos y jurídicos del Gobierno y de las organizaciones de familia.

Pero sin duda, la Confederación de APAS más crítica ha sido Cofapa, defensora de los padres de centros de iniciativa social mayoritariamente. Su secretario general, Ángel Trascasa, ha calificado la Ley como “deplorable y sin ninguna justificación ni natural, ni jurídica, ni por el bien de los niños”.

Según los padres de Cofapa “es una muestra más, y una muestra muy grave, de la falta de sensibilidad y de talante del presidente del Gobierno, sobre todo tras el trámite de la iniciativa popular en contra de dicha normativa jurídica”.

Desde el punto de vista educativo, Trascasa cree que la Ley afectará a la formación integral de las personas y provocará confusión entre los derechos de los ciudadanos porque “equiparar estas uniones al matrimonio es una barbaridad”. La posición de los detractores de los matrimonios gays significa además rechazar de plano la idea de que estas parejas adopten, “porque por encima de los derechos de los ciudadanos están los de los niños”, dice.

Desde la alta magistratura también llueven las críticas. Creen que la tramitación ha sido precipitada y desconfían de que los homosexuales adopten menores. Enrique López, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se queja de que los niños adoptados no tengan padre y madre.

Por su parte, el Foro Español de la Familia (FEF) entregó el día 20, las 550.000 firmas que avalan la Iniciativa Legislativa Popular en favor del Matrimonio y la Infancia. El Parlamento tendrá así que votar el texto, aún aprobado ya el proyecto de Ley del Gobierno. La iniciativa pretende “blindar” el Código Civil para que sólo puedan contraer matrimonio las parejas de distinto sexo y rechaza la adopción.

Religiones unidas

En vísperas de la aprobación del proyecto de Ley para reformar el Código Civil y permitir el matrimonio a personas del mismo sexo, las entidades representativas en España de la religión judía, evangélica y ortodoxa suscribieron un comunicado conjunto con la Conferencia Episcopal Española para pedir al Parlamento que no acometiera dicha reforma. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia ya se advirtió que el proyecto de ley seguiría su curso aunque entienden que las iglesias tengan su propia opinión.