El Plan de Convivencia del MEC se extiende a los centros concertados
Este acuerdo hizo que la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) denunciara la semana pasada la “flagrante discriminación” que suponía la incorporación de unas organizaciones de centros concertados católicos y no de otras al citado Plan promovido por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y firmado con los sindicatos mayoritarios hace un par de meses. En concreto, la presidenta de CECE, Isabel Bazo, aseguró a MAGISTERIO que su patronal manifestó al MEC su deseo de adherirse a dicho plan a finales de abril, “sin obtener respuesta alguna”. Por eso, la presidenta de CECE calificó como “altamente preocupante” que el Ministerio de Educación “pague directamente” a organizaciones de la enseñanza concertada en aplicación de los programas del Plan en lugar de hacerlo a través de las comunidades autónomas dado que no se trata de competencias exclusivamente estatales”.
No obstante, el asunto se resolvió el pasado viernes cuando la ministra del ramo, Mercedes Cabrera, recibió a una delegación de CECE con la que acordó la adhesión de sus centros al Plan de Convivencia al tiempo que se aproximaron posturas respecto al currículum de Educación para la Ciudadanía.
Satisfecha con este acercamiento entre el MEC y CECE, la presidenta de esta patronal de centros considera que cualquier negociación que se haga desde la Administración educativa tiene que contar con todos los sectores que componen la escuela, esto es, centros, padres, profesores, etc… y no hacerlo constituye un grave error. De todos modos, la CECE reiteró su ofrecimiento de colaboración al MEC y espera una positiva respuesta por parte del departamento que dirige Mercedes Cabrera a partir de ahora.
El citado Plan de Mejora de la Convivencia Escolar ya cosechó muchas críticas por parte de las comunidades autónomas por enterarse del proyecto y de la firma del Plan por la prensa. De hecho, el Plan, firmado con una vigencia de cinco años supone a partir del 2007 la cofinanciación por parte de las Consejerías de Educación de las autonomías, que son las que tienen las competencias de los centros educativos.