¿Qué hacemos con los alumnos ilegales?

Autor: Rodrigo SANTODOMINGO

Humanidad y control migratorio buscan, desde hace meses, una difícil reconciliación en el país vecino. Desde que el ministro del Interior francés, Nicolas Sarkozy, anunciara el pasado octubre mediante circular una nueva normativa sobre repatriación de familias con hijos escolarizados, el país galo se ha sumergido en un profundo debate sobre los límites y excepciones a la hora de plantear las políticas de inmigración en los países ricos.

Debate que todo el país sigue con desbordada atención y cuyo desenlace debería servir como jurisprudencia para otros países que tienen (o tendrán) problemas similares.

Como decíamos, todo empezó el 31 de octubre del pasado 2005. Sarkozy dio entonces a conocer sus intenciones de alejamiento masivo para todos los alumnos en situación irregular, los cuales deberían, transcurrido un plazo, abandonar Francia acompañados de sus familias.

Consciente del revuelo que hubiera creado siquiera una única expulsión durante el curso escolar, el mediático ministro aseguró que Interior y las autoridades locales no actuarían hasta que el 2005-06 finalizara con fecha del 30 de junio.

Tiempo de sobra para que colectivos inmigrantes, sindicatos educativos e izquierda política organizaran una campaña presente en varios frentes pero con un único objetivo: impedir la salida del país de cualquier alumnos que hubiera atendido la escuela francesa.

Desobediencia

A medida que el curso se aproximaba a su fin, una organización creada en 2004 y compuesta en su mayoría por profesores de la Pública –Réseau Education Sans Frontières (RESF), traducido Red de Educación sin Fronteras– empezó a monopolizar paulatinamente la campaña. Bajo su amparo, socialistas, comunistas y los principales sindicatos de la enseñanza, SUD-éducation a la cabeza.

Desobediencia civil. Esta ha sido (y sigue siendo) la estrella guía del RESF y sus acólitos. “Sabemos que al tratar de esconder a los alumnos y a sus familias para que la ley no caiga sobre ellos nos enfrentamos a cinco años de prisión y a multas de hasta 30.000 euros. Correremos el riesgo”, dijo a finales de abril el portavoz de RESF, Richard Moyon.

Al mismo tiempo, la red solidaria aglutinó todos los mensajes lanzados en oposición a la circular de Sarkozy bajo la desafiante consigna Nosotros les tomamos bajo nuestra protección, lema que ha acompañado todos los actos de protesta contra la repatriación masiva.

Excepciones

Ya en junio, vistas las virulentas reacciones que la posibilidad de repatriaciones masivas había generado en todos los ámbitos sociales, el ministro de Interior dio parcialmente marcha atrás al incorporar una serie de excepciones a su circular.

El 13 de junio se hizo pública otra circular que abría las puertas de la regularización a las familias con niños en edad escolar que cumplieran una serie de requisitos.

Básicamente, se trataba de beneficiar a las familias con más posibilidades de integración: residencia habitual en Francia desde al menos dos años, un hijo nacido en el país galo o llegado a corta edad, buen nivel de francés, desconocimiento del idioma del país de origen…

Por otra parte, Interior trató de convencer a las familias para que cooperasen con las autoridades locales a través de jugosos incentivos. En caso de acatar la orden de expulsión, el demandante de la ayuda cobraría 4.000 euros; su conyuge, otros 3.000; 2.000 más por cada hijo hasta el tercero; y 1.000 euros de ahí en adelante.

Iniciativas que contentaron pero no convencieron al RESF, que poco después convocó manifestaciones en toda Francia para el 30 de junio, el mismo día que expiraba el tiempo de gracia concedido por Sarkozy a las malogradas familias.

El pasado lunes, los periódicos franceses reflejaban un éxito relativo en las movilizaciones. Interior garantiza ahora que no irá “a la caza del alumno inmigrante” durante el verano. Y en septiembre, los sindicatos anuncian una vigilancia extrema para comprobar que “no falta ni un alumno”. Si no, claro, irán a la huelga.

Condiciones para quedarse

Tras anunciar repatriaciones masivas en octubre del pasado 2005, el Ministerio de Interior galo suavizó los criterios de expulsión al excluir de la misma a las familias que cumplieran una serie de requisitos. Se trataba, como dijo Sarkozy, de aunar “firmeza y humanidad”: Sólo el centro derecha apoyó la iniciativa: para la izquierda es claramente insuficiente; para la extrema derecha de Le Pen y sus secuaces, supone una rendición en toda regla. He aquí los requisitos que deben cumplir las familias para evitar la repatriación:

–Residencia habitual en Francia desde al menos dos años de al menos uno de los padres.
–Escolarización de al menos uno de los hijos desde septiembre de 2005.
–Nacimiento en Francia de al menos un hijo o llegada al país antes de los 13 años.
–Ausencia de relación del niño con el país del que tiene la nacionalidad.
–Contribución efectiva de los padres a la Educación de sus hijos.
–Voluntad de integración (buen conocimiento del francés).