Un informe que empieza ya a dar los primeros problemas

Hace un mes MAGISTERIO ya vaticinaba las dificultades que se iban a generar en las oposiciones con la posible sustitución en el caso de los interinos de la prueba oral conocida como “encerrona” por un informe realizado por la Administración. Pues bien, esos problemas no han tardado en llegar.
Por un lado se sitúan las comunidades autónomas que no están dispuestas a acoger en sus respectivas convocatorias la posibilidad del informe sustitutivo. Tal es el caso de la Comunidad de Madrid, aunque esta Administración ha expresado su voluntad de redactar el informe a todos aquellos interinos que deseen presentarse a las pruebas en otras regiones que sí que recojan esa posibilidad.
El problema es que los interinos de Madrid que hayan pensado en esa opción no lo tienen tan fácil como parece. Las comunidades autónomas que sí que contemplan la sustitución se han puesto de acuerdo en aceptar sólo informes que provengan de regiones donde también lo recojan en sus convocatorias.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que ha decidido incluir el informe, ya ha anunciado el rechazo de los documentos que procedan de autonomías que sigan el mismo camino de la Comunidad de Madrid. Tal decisión la basa en “criterios de igualdad en el modelo de informe y en el ámbito de aplicación para todas las personas en la misma fecha”.
Castilla-La Mancha contempla también la posibilidad de informe en su convocatoria. Antonio Serrano, director general de personal docente de la Consejería de Educación de esta comunidad, asegura que “es poco ético recibir informes de personas que procedan de autonomías que no recojan esta posibilidad, ya que no se ciñen a los requisitos unánimes en la elaboración de informes”.
En tal caso, Serrano adelanta que “los informes que lleguen de esas regiones serán analizados con sumo cuidado por las comisiones educativas, y en caso de que no cumplan unos parámetros similares a los de su convocatoria los rechazarán”.
El sistema de acceso transitorio a la función pública docente establecido por el RD ha comenzado de esta forma a mostrar sus primeros síntomas de desigualdad de oportunidades para los opositores de unas comunidades y otras. ANPE ya avisó de las dificultades operativas y legales que conllevaba la sustitución.

Vacío legal

Para ANPE “el informe disminuye las competencias de los Tribunales calificadores, quebranta el principio de igualdad en el acceso e introduce un vacío legal en el caso de que el informe solicitado por un interino sea negativo”. Además, la organización señala la discriminación de los mismos profesores entre sí, ya que sólo se permite la elaboración del informe para los profesores que estaban en activo a la entrada en vigor del RD.
Augusto Serrano, presidente de STES, considera que “la posibilidad de optar al informe es una elección de cada interino, por lo que esta opción debería figurar en las convocatorias de todas las comunidades autónomas”. De hecho, el sindicato está intentando llegar a este fin en las mesas sectoriales y valoraría muy positivamente que autonomías como la Comunidad de Madrid rectificaran en sus convocatorias este asunto.
Aunque toda esta situación, creada a partir de la política educativa del Gobierno central, no parece extrañarle mucho al Ministerio de Educación, ya que la entiende como resultante de las competencias propias de las distintas Administraciones educativas, “facultadas a determinar en sus respectivas convocatorias tal sustitución”.