La moda de la falsa demanda

No hablamos de padres ultraprotectores que se empeñan en inmunizar a sus hijos ante cualquier medida correctiva emprendida por el centro. Tampoco de ese impulso primitivo que conduce a un progenitor a tomarse la justicia por su mano contra el profesor al que su retoño señala con dedo acusador. La nueva moda entre las familias inglesas es formular denuncias deliberadamente falsas contra personal educativo. Con toda frialdad y cinismo. Como el que urde una trama maliciosa para pervertir (a su favor) las garantías del sistema.
Así concluye una encuesta realizada por el diario The Guardian y la consultora educativa EdComs entre 825 directores de escuelas secundarias. Casi un 60% declaró que ellos –o alguien de su equipo– habían experimentado en los últimos tres años la rabia e incredulidad que debe provocar ser víctima de una acusación sin fundamento alguno. Lejos de recordar casos aislados, más de la mitad de respuestas afirmativas añadían que algo similar les había ocurrido entre dos y cinco veces.
Paradójicamente, la tantas veces alabada cultura jurídica anglosajona –donde la transparencia y los derechos del individuo frente a la mole institucional, pública o privada, se consideran intocables– puede volverse en contra del profesor demandado.

Anonimato

Pensemos en un docente acusado de pegar a un alumno. La opinión pública conocerá pronto o tarde quién es el acusado y con qué cargos. No resulta difícil suponer que una sombra de duda caerá de inmediato sobre la reputación del docente y, por ende, del centro. Si además nos encontramos en período de matriculación, los efectos de tan repugnante mentira pueden ser devastadores.
No se trata sólo de una hipótesis. El informe asegura que cada vez es más habitual entre los centros ingleses una estrategia preventiva que lleva a suspender de manera cautelar al docente mientras su caso es investigado. Hasta que se demuestre que es inocente, vivirá como culpable. La solución sería respetar el anonimato del profesional antes de que los hechos de los que se le acusa queden mínimamente contrastados, una aspiración harto improbable en un país como Inglaterra.
Levantada la polémica tras conocerse tan escalofriantes datos, la comunidad educativa inglesa se afana ahora en buscar los motivos que expliquen esta proliferación de acusaciones malintencionadas. Dos causas sobresalen frente a otras de menor peso: una enraíza con el cambio social; la otra tiene que ver con un puro oportunismo económico.

Palabra de hijo

Por una parte, y al igual que ocurre en España y el resto del mundo desarrollado, los padres ingleses vienen desde hace años restando crédito a la palabra docente para otorgárselo a lo que les cuenta su hijo, por muy inverosímil que aparente ser su relato.
Afirma John Dunford, secretario general de uno de los principales sindicatos educativos del país, que “los padre solían ponerse de lado del colegio. Si un profesor les decía que se hijo tenía mal comportamiento, lo aceptaban. Ahora es mucho más habitual que los padres no pongan en duda lo que les dice su hijo, por lo que si les cuenta que un profesor ha hecho tal, asumen que es la verdad y actúan en consecuencia”.
Es evidente que aquí la falsedad cobra forma en la mente de un chaval que, ante un profesor que ha situado en su particular disparadero por las razones que fueren, calcula que tiene mucho que ganar y poco que perder. Los padres serían culpables de ingenuidad, sobreprotección o, quizá simplemente, de estupidez.

Farsa judicial

La otra razón para demandar a un profesor sin culpa suena aún más enrevesada. Se trata simplemente de hacer caja a costa de la credibilidad del docente e incluso del bienestar escolar de su hijo.
Mick Brookes, otro conocido sindicalista, declaraba a The Guardian que algunas autoridades locales (encargadas de la defensa de los profesores en caso de denuncia) prefieren llegar a un acuerdo monetario antes que enfrentarse a la incertidumbre de un proceso judicial. A fin de cuentas, será la palabra del profesor contra la del alumno y la familia: un juez podría inclinar la balanza hacia la parte de demuestre mayores aptitudes para la farsa y el histrionismo. “Una compensación de algunos miles de libras puede suponer una cantidad apreciable para una familia con bajos ingresos”.
Contra esta suerte de apuesta sin escrúpulos, mano dura contra el mentiroso. Esto es lo que proponen los sindicatos ingleses: si se prueba que la demanda  surgió de la imaginación de un mal padre con ánimo de lucro, que por lo menos no se vaya de rositas.

Quejas interesadas

Por fortuna, parece que la fiebre de la falsa demanda no ha conseguido traspasar nuestras fronteras. “De momento no tengo constancia, ni en mi experiencia profesional ni en la de otros compañeros, pero todo se andará”, dice José Antonio Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi) y director del IES “Pio Baroja” (Madrid).
Lo mismo responde Fernando Izard, presidente de la Unión Profesional de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid. Izard sí ha detectado lo que él llama “quejas interesadas”, es decir, “la magnificación o exageración de unos hechos con base cierta”. Sería un forma de “presionar al profesor o el directivo ante un conflicto”, pero nunca traspasando “el ámbito escolar”.
Algo que sí resulta obvio a ojos de Martínez e Izard es el cambio de actitud de los padres españoles frente a los problemas de disciplina protagonizados por sus hijos. “Antes no se ponía en tela de juicio lo que afirmaba un profesor, no digamos un directivo”, señala Izard. “Los padres solían recriminar al alumno inmediatamente. Ahora cada vez hay más casos de lo contrario”, añade Martínez.
Aunque se trate de casos “absolutamente excepcionales”, la secretaria de comunicación del sindicato ANPE, Carmen Guaita, si tiene constancia de episodios en los que los padres han jugado al “a ver qué toca”. Continúa Guaita: “es algo que empieza a ocurrir en el mundo de la enseñanza y de lo que también son víctimas desde hace algunos años los profesionales de la sanidad, médicos y enfermeras. En mi opinión esto ocurre por influencia anglosajona, ya que no es algo propio de nuestra cultura”.

Autoridad docente

Ya sin fines lucrativos, Guaita reconoce que “nos han comentado algún caso de demandas absolutamente absurdas. Por ejemplo, una alumna que vestía muy sexy y a la que los compañeros siempre silbaban cuando se ponía de pie. El profesor le sugirió en una ocasión que quizás debería reflexionar sobre su manera de vestir, y al poco tiempo le cayó una demanda por atentado a la imagen”.
Para curarse en salud, Martínez sostiene que su asociación lleva tiempo solicitando a las instituciones que el docente sea considerado autoridad pública, lo que daría “mayor veracidad a nuestras declaraciones” ante un caso de este tipo. No son los únicos que luchan por alcanzar tal consideración para el cuerpo docente: el mismo ANPE es uno de sus más fervientes defensores.

Ojo con las league tables

Las league tables –clasificaciones por resultados de todos los centros ingleses que se hacen públicas cada año–, una de las características más personales y controvertidas de un modelo de enseñanza orgulloso de su individualidad, tampoco escapan a la encuesta, una vez más reflejando sorprendentes resultados.
En contra de una interpretación ortodoxa de estas listas (todos los centros pueden alcanzar un rendimiento similar con independencia del perfil socioeconómico de su alumnado), el 95% de los directores consultados estima que el nivel educativo de los padres influye más sobre las posibilidades de que sus hijos  adquieran conocimientos y habilidades básicas que la calidad educativa del centro al que acuden.
El periódico The Guardian añade que estos datos están en consonancia con un estudio publicado a principios de año que revelaba la importancia de los factores sociales a la hora de juzgar los resultados de cada centro. Según el profesor Richard Webber, coordinador del informe, analizando exclusivamente la procedencia de los alumnos se puede calcular con bastante precisión cuál será el lugar aproximado del centro en las league tables.

La encuesta llega también  a novedosas conclusiones sobre el efecto de las medidas disciplinarias que recaen sobre los alumnos disruptivos. En contra de la opinión que sostiene que las sanciones marginan a los estudiantes problemáticos y alimentan un ciclo de fracaso, parece que una expulsión a tiempo puede conseguir que el joven cambie de actitud y opte por una postura más integradora en su nuevo centro.
Esto es al menos lo que opinan alrededor de dos tercios de los directores al hablar de los alumnos que llegan rebotados a sus centros tras haber creado problemas en otro anterior. Para ellos, la integración ha sido normalmente exitosa en estos casos. Buena culpa es de los padres, mucho más reticentes a ponerse del lado de sus hijos cuando estos son reincidentes.
 

• En nombre de su hijo, los padres pueden denunciar o demandar a un profesor por la vía penal o administrativa.

• Para ambos casos, el profesor tiene la obligación de dar a conocer la acusación ante su delegación provincial de Educación.

• Si se sigue la vía penal, tras la pertinente denuncia en comisaría, el caso discurrirá por los cauces legales habituales. Un juez decide si la denuncia tiene fundamento (va a juicio) o es sobreseída.

• La vía administrativa corresponde a las consejerías de Educación. Tras analizar los hechos y escuchar a las dos partes, decidirá si abre o no un expediente disciplinario al profesor.

• Los servicios jurídicos de las delegaciones provinciales prestan asesoramiento y ayuda a los profesores acusados.