"El objetivo es privatizar la Pública"
Privatizar la enseñanza pública. Éste es el objetivo del proyecto de ley catalana, según las organizaciones sindicales. Denuncian además que el documento elaborado por la Consejería rompe con el Pacto Nacional por la Educación, firmado hace dos años entre sindicatos y Administración para intentar mejorar la calidad y la equidad en la Educación.
“Se ha encendido la luz roja para la escuela pública”, aseguró el presidente de CSI-CSIF, Eliseo Moreno. El portavoz de STES, Augusto Serrano, considera que es “un proyecto privatizador, que expresa lo más puro del neoliberalismo económico aplicado a la Educación”. Según Serrano, “la propia Administración estimulará que las empresas privadas gestionen centros públicos”. El secretario general del sector de la enseñanza de UGT, Carlos Pérez Cortiñas, advierte que “el borrador convierte a los centros públicos en un mero producto mercantil, olvidando la importancia que tiene la Educación para cohesionar la sociedad”. Por su parte, el secretario general de la federación de enseñanza de CCOO, José Campos, criticó que el proyecto “estimula el crecimiento del sector privado concertado y la gestión indirecta de los centros públicos, iniciando un camino para hacer más privada la escuela pública”.
El representante de STES señaló también que con la nueva ley “los centros van a tener una dirección totalmente autoritaria, ya que el director se va a convertir en un empresario defendiendo su empresa”. Carlos López Cortiñas piensa que “se potencia el Cuerpo de directores, de forma que éstos seleccionarán al profesorado definiendo el perfil profesional del mismo”. En UGT no están de acuerdo en que el director determine un porcentaje importante de la plantilla de los centros, ya que terminarán evaluando la productividad de los profesores y marcarán su salario, en lugar de objetivos marcados y pactados entre la Administración y el Claustro.
Para el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, “los principios de la ley atentan contra el marco jurídico básico contenido en la LOE y en el Estatuto del Empleado Público ”. Guisado apunta, además, que “el borrador no define las condiciones laborales de los docentes y proclama un sistema de control que desprecia cualquier acreditación y genera competitividad”.
En este sentido, Cortiñas afirma que “el documento refleja una diversificación de los centros públicos, de forma que cada uno tendría su propio perfil en función del currículo, plan de estudios y profesorado”. “Es el primer paso para la competitividad de centros y para la segregación del alumnado que vaya a dichos centros”, añadió el representante de UGT.