Ministerio y consejerías pactan los objetivos para reducir el abandono

Autor: Adrián ARCOS

Al fin el Ministerio establece de forma tajante la lucha contra el fracaso y el abandono escolar como eje de su política. Lo planteó la ministra, Mercedes Cabrera, en la Comisión de Educación del Congreso, celebrada el pasado 29 de mayo. Y lo ratificó el pasado miércoles en la primera Conferencia Sectorial de esta legislatura. La ministra y los consejeros alcanzaron un pacto sobre los objetivos prioritarios para conseguir el éxito escolar de los alumnos.

Entre los objetivos se encuentran incrementar la tasa de alumnos en ESO, aumentar el número de varones titulados en Postobligatoria, elevar el porcentaje de graduados en FP de Grado Superior o dedicar más gasto público a la Educación en relación con el PIB. Las administraciones autonómicas también acordaron algunas propuestas para conseguir estas metas, como impulsar los Programas de Cualificación Profesional Inicial, garantizar una oferta suficiente de plazas de FP, aumentar el número de alumnos que titulan en ciclos formativos de grado medio, o promover una mayor autonomía de los centros y su apertura de cara a la participación de las familias.

Todos estos objetivos formarán parte, según informó la ministra, “de una de las conferencias de presidentes a las que se comprometió Zapatero, que tendrá como punto fundamental la Educación”. Cabrera incidió en que “ésta es una legislatura distinta a la pasada, ya que la LOE está aprobada,  por lo que tenemos el marco legislativo y ahora nos queda poner en marcha programas y medidas que nos permitan alcanzar los objetivos ”.

Para CCOO, “lo más importante es que al fin se haya alcanzado un consenso de este alcance en una cuestión que, como señaló recientemente la ministra, se ha convertido en un problema de Estado, por encima de intereses partidistas o del color político de las administraciones”.

La patronal CECE también ha manifestado su apoyo a los objetivos que se han marcado el Ministerio y las comunidades y ha anunciado que trabajará para que se cumplan desde sus centros privados y concertados. La CECE considera que para atajar el abandono temprano “es fundamental la autonomía de los centros, ya que es el único camino para ofrecer a los alumnos una enseñanza personalizada y acorde con sus necesidades”.

La Concapa, por el contrario, ha declarado que no apoya “la política de complacencia que se desprende de la Conferencia Sectorial”. Para esta confederación de APAS “se trata de un brindis al sol donde se exponen buenas intenciones, pero no se aborda un plan de actuación realista”. La Concapa considera que “para paliar la enfermedad crónica de la Educación española hay que atribuir a las familias el papel educativo que les corresponde incrementado su formación e implicación en las escuelas, respetar los principios de libertad de enseñanza y de elección y autonomía de centro, y exigir, elogiar y premiar el esfuerzo de los estudiantes y docentes”.

428 millones para Infantil
Otro de los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial fue la distribución de 428 millones de euros entre las comunidades autónomas para garantizar que todos los niños de la segunda etapa de Educación Infantil (3-5 años) tengan asegurada una plaza gratuita desde el curso próximo. Según el Ministerio, “alrededor de 1.340.000 niños podrán acceder a estas plazas”.

Sin embargo, el reparto del dinero, que se ha realizado mediante convenio con las comunidades y a través de una serie de criterios, no ha sido del agrado de todos. El conseller valenciano, Alejandro Font de Mora, aseguró tras la Conferencia que “a la Comunidad Valenciana le corresponden en torno a 29 millones, menos del 10% de lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro porcentaje de población”.

La ministra vuelve a dejar claro “el carácter obligatorio” de Ciudadanía

Educación para la Ciudadanía no pasó de largo en la Conferencia Sectorial. Aunque fue una intervención breve, el viceconsejero de Educación de Castilla y León, Fernando Sánchez-Pascuala, planteó la necesidad de haber llegado a un consenso sobre la materia para evitar todas las tensiones que se están produciendo. Tras la reunión, el conseller valenciano, Alejandro Font de Mora, se mostró “absolutamente de acuerdo” con la propuesta de Sánchez-Pascuala y consideró fundamental “llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas de todas las comunidades para intentar solucionar un problema que preocupa a un porcentaje importante de la población española”. “Nosotros tenemos nuestra línea política perfectamente trazada y creo que el Ministerio debería replantear el tema”, aseguró Font de Mora refiriéndose a la Orden de EpC publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV). “Hemos planteado una opción B, que es la que van a cursar los alumnos objetores, en la que tendrán que presentar un máximo de dos trabajos por trimestre en inglés (ya que la impartición de la asignatura en ambas opciones se hará en inglés), que serán de carácter transversal y estarán controlados y revisados por la familia, es decir que el alumno y la familia decidirán qué tipo de trabajo tienen que realizar”, explicó Font de Mora. De esta forma, según el conseller valenciano, “daremos una autonomía al ámbito familiar, que es de lo que se trata, de no inmiscuirse en lo que la familia considera que es ámbito exclusivo de su competencia”. La ministra informó tras la Conferencia que “el Gobierno está dispuesto a recurrir la Orden valenciana de EpC si el texto pone en cuestión el carácter obligatorio de la asignatura”. Cabrera volvió a incidir en que “es una asignatura obligatoria exactamente igual al resto, por lo que su calificación y funcionamiento dentro del curso debe ser el mismo que el de las demás”. La ministra también recordó a los padres que se consideran agraviados en sus derechos, que “tienen una vía de acción muy clara en el Estado de derecho, que son los tribunales, pero la obligación de una administración educativa, tanto del Ministerio como de las comunidades, mientras los tribunales no decidan, es aplicar la ley que ha aprobado el Parlamento”.