Los sindicatos, obligados a negociar sin un marco legal que los ampare
18 de abril de 2007. Es la fecha en la que se celebró la famosa Mesa Sectorial de Educación en la que el entonces subsecretario del MEC, Fernando Gurrea, se comprometió verbalmente a aceptar varias propuestas planteadas por los sindicatos para mejorar el borrador del Estatuto Docente. Poco tiempo después, los sindicatos comprobarían que todos esos compromisos se quedaron en simples palabras. Esa reunión ha sido la última que se ha producido hasta el momento bajo el marco de la Mesa Sectorial de Educación, órgano legal para la negociación de los sindicatos con la Administración. Más de un año y medio después, las organizaciones sindicales están a la espera de que se vuelva a crear el foro formal de reunión con el Ministerio.
Las Mesas Sectoriales quedaron disueltas una vez se aprobó el año pasado el Estatuto Básico del Empleado Público, publicado en el BOE el 13 de abril de 2007. La nueva normativa derogaba los aspectos claves de la Ley de Órganos de Representación del año 1987 (LOR), modificada posteriormente en los años 1990 y 1994. En estas leyes figuraba textualmente que “se constituirán Mesas Sectoriales para la negociación colectiva y la determinación de las condiciones de trabajo de los sectores específicos, entre ellos, el personal docente en los centros públicos no universitarios”.
Pero, aunque el EBEP deroga la anterior legislación al respecto, sí que contempla en su artículo 34 que “podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número”. Sin embargo, a pesar de lo que dice el EBEP y de que los docentes conforman el sector más numeroso de funcionarios –con cerca de 500.000 trabajadores–, la Mesa sigue sin constituirse.
STES considera que “la publicación del EBEP supuso un claro retroceso en relación al ejercicio del derecho a la negociación colectiva, dado que la redacción de la LOR de 1987 decía con carácter imperativo que ‘se constituirán’ y el EBEP dice que ‘podrán constituirse”. Para el sindicato “de esta forma se deja la constitución de las Mesas Sectoriales al arbitrio de la voluntad del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) y de los sindicatos que forman parte de la Mesa General de Negociación de la Administración del Estado”.
De hecho, según STES, “en la última reunión para tratar el concurso de traslados que mantuvieron los sindicatos con representantes del Ministerio, éste se excusó en que el MAP no constituye la Mesa porque algunas centrales no lo ven necesario, en referencia a los sindicatos que están en la Mesa General de las Administraciones Públicas –UGT, CCOO y CSI-CSIF–”.
En este sentido, el secretario general de FETE-UGT, Carlos López Cortiñas, se muestra tajante: “una cosa es lo que diga la Administración y otra la que reivindica la FETE”. A Cortiñas le parece bien la Mesa General, “ya que es un referente para la negociación de todos los empleados públicos, pero existen temas específicos de Educación”. El responsable de la FETE recuerda la petición que firmaron todos los sindicatos educativos para la constitución de la Mesa, “ya que dejamos indefensos a una serie de trabajadores a los que representamos”.
El presidente de CSI-CSIF Enseñanza, Eliseo Moreno, señala que “hay que tener en cuenta que todos los sindicatos hemos pedido por escrito la creación de la Mesa Sectorial ante el MAP y el Mepsyd”. Para Moreno, “la potestad le corresponde al MAP, pero es Educación quien debe promover su constitución, ya que es su órgano de negociación oficial”.
Por su parte, Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE, recuerda que “todas las comunidades autónomas, excepto Asturias, tienen su Mesa Sectorial de Educación”. Según Guisado, “el Mepsyd es el primero que tiene que impulsar su constitución y no puede escudarse en el MAP, ya que al final todo queda en reuniones técnicas sin coyuntura”.
Según el responsable de Acción Sindical de FE-CCOO, Luis Castillejo, “hay algunos temas que sí se pueden tratar en la Mesa General, pero no los temas exclusivos de Educación”. Castillejo cree que “nos encontramos en una situación alegal, en la que asistimos a reuniones sin un marco institucional, en la que a los primeros que se nos puede tomar el pelo es a nosotros”. Para el responsable de FE-CCOO, “la Administración del Estado es demasiado lenta, y muy rígida en la interpretación del EBEP, pero, sin embargo, a través de las mesas el sistema se convierte en mucho más operativo”. “Un papel se puede dejar para la semana que viene, pero si un colegio necesita un maestro, eso no se puede dejar para la semana que viene, y eso el MAP no lo entiende”.