Los padres objetores a EpC fijan posiciones para “el día después”

La plataforma de organizaciones que defienden la objeción de conciencia en Educación para la Ciudadanía (Foro de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazte Oír, Concapa, Cofapa y CEU) celebraron una rueda de prensa el 14 de enero en la que mostraron su confianza porque el Tribunal Supremo se manifieste “defendiendo el derecho y libertad de los padres a elegir la Educación que quieren para sus hijos”.

Está previsto que el día 26 de este mes el Supremo se reúna para decidir su sentencia en torno a los cuatro recursos que le han sido presentados por familias de objetores y administraciones públicas, lo que establecerá doctrina sobre los miles de recursos interpuestos por los padres contrarios a esta materia y que todavía están en vías de resolución.

Según Fabián Fernández, de Profesionales por la Ética, en todo el proceso se han dado “amenazas desde la Administración” de distintas comunidades y ha habido “falta de transparencia”. Sólo en La Rioja o Madrid se han facilitado las objeciones. En Andalucía se ha “minimizado” el problema y, en Castilla y León se han comenzado a tramitar, después de “admitir la objeción de cara a la opinión pública para después poner trabas a los objetores”, según Fernández.

La CECE, en la línea del resto de organizaciones, considera que EpC es una “intromisión ilegítima del Estado en el derecho a educar de los padres que ampara la Constitución, toda vez que cercena dichos derechos”. Además, esta confederación está convencida de que la objeción de conciencia es una “vía legítima y admisible a derecho” pese a las trabas que están poniendo la gran mayoría de las administraciones educativas para que los alumnos puedan acogerse a ella.

Benigno Blanco, del Foro de la Familia, señaló que su organización “acatará la sentencia pero recurriremos”, en caso de que sea contraria a sus intereses. Al mismo tiempo cree que si la sentencia es favorable a la objeción, el Gobierno “rediseñará la asignatura” contando con las organizaciones de padres. Inmediatamente después de conocer la sentencia “les pediremos la suspensión cautelar”, si el pronunciamiento es favorable. Al mismo tiempo, como el Supremo crea jurisprudencia, es de suponer que la sentencia sea asumida por todos los demás tribunales.

Según los datos aportados por Profesionales por la Ética, organización que coordina el proceso de objeción de la mayoría de las familias, actualmente hay más de 50.000 objeciones computadas “con nombres, apellidos y número de DNI”, más de 1.700 recursos presentados por familias y 277 resoluciones de juzgados computadas, “la mayoría favorables a los padres”. Esta respuesta supone –según profesionales por la Ética– “una rebelión cívica sin precedentes, que en un 40% de los casos se produce en la escuela pública”.

Independientemente de la resolución que tome el Alto Tribunal, la CECE también quiere pedir al Gobierno diálogo respecto a la EpC y las consecuencias educativas y sociales que está teniendo. Y reconoce que “ciertamente serían necesarios unos pocos cambios” para hacer de esta asignatura una materia asumible por todos y que realmente sirva para reforzar los valores cívicos de los alumnos.

Por su parte, Luis Carbonel, de Concapa, señaló que ha habido “una campaña de presión sobre los magistrados, desde el Gobierno y desde alguna asociación de padres”, en alusión a la Ceapa, que ha enviado incluso una carta al presidente del Supremo, Carlos Dívar.

En su escrito, Ceapa sostiene que “los contenidos de las asignaturas deben estar supeditados a las necesidades del alumnado y no a las posiciones de determinadas personas u organizaciones”, y advierte en tono amenazante de que en el caso de permitir la objeción a Ciudadanía, “también se debería permitir para cualquier otra asignatura”. Y añade que “una sentencia que dé la razón a criterios personales y altamente subjetivos, ligados a creencias religiosas, ideológicas o de cualquier otra índole, asestaría un golpe muy duro y peligroso al sistema educativo”.