El Estatuto del profesorado universitario no agrada a los sindicatos
Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG hacen público en un comunicado conjunto firmado el 4 de febrero pasado que, tras varios meses de negociación formal del Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI), constatan la “ausencia de negociación real por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, el desprecio hacia el profesorado universitario y sus representantes”.
Según las organizaciones sindicales, “mientras la ministra Garmendia se digna entregar en persona la propuesta de Estatuto del Estudiante a sus representantes y aprueba medidas económicas para desmovilizarlos; se presenta una propuesta de Estatuto de PDI, que afecta a cerca de 100.000 profesores, con una carrera profesional plagada de obstáculos, con unos sistemas de acceso y promoción que no permiten una gestión eficaz de su personal y sin memoria económica”.
La propuesta de Estatuto, en su actual redacción y según estos sindicatos, “obstaculiza la implantación con criterios de calidad del proceso de Bolonia”. Según los representantes del profesorado, “lejos de incentivar el esfuerzo que debe hacer el profesorado para adaptarse a la nueva situación, propone una mayor estratificación, apuesta por la mercantilización de la universidad pública, desincentiva la dedicación a la docencia por no mejorar las retribuciones desde 1989 y permite los contratos de obra y servicio para la actividad docente, en clara contradicción con el discurso de la excelencia y la calidad de la universidad pública española”.
Además, la plataforma sindical afirma que “el Espacio Europeo de Educación Superior no se puede implantar sin la participación activa del personal de las universidades y, en particular de su profesorado”. Tampoco son posibles “unos grados y másteres a coste cero”, dice el comunicado conjunto.
Para CCOO, UGT, CSIF y CIG, “el borrador pretende paliar la pérdida de poder adquisitivo del profesorado fomentando la privatización de sus tareas investigadoras, a través de la desmedida importancia que se concede a la transferencia de resultados, que es definida en términos puramente mercantilistas”.
Así mismo, la propuesta ministerial “permite compatibilizar la Función Pública con el trabajo en universidades privadas y empresas, lo que supone un ataque frontal a la universidad como servicio público”, se quejan los sindicatos.
Las centrales consideran que, “después de 23 años desde la última regulación, no es admisible que la ministra Garmendia mantenga estas propuestas, la emplazan a modificar su actitud en la Mesa de Negociación, y en caso contrario anuncian la convocatoria de movilizaciones en defensa de la universidad pública y de su profesorado”.
El estudiante, centro del sistema
La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, presidió el 3 de febrero la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria. Garmendia informó de que se ha aprobado una partida extraordinaria de 37 millones de euros para becas de grado y máster en 2009.
El plan contempla también una estrategia de comunicación y publicidad para explicar a estudiantes universitarios y de Secundaria, familias, profesores y a la sociedad en general, las características y ventajas del EEES. La titular de Ciencia e Innovación ha presentado asimismo en la reunión el borrador del Estatuto del Estudiante Universitario, “que pretende situarlo en el centro del sistema”, lo que ha despertado reticencias por parte del resto de personal. Uno de los puntos principales de este estatuto es la creación del Consejo del Estudiante Universitario. El Consejo establecerá un canal directo de representación de los estudiantes, semejante al que tienen los rectores y las Comunidades a través del Consejo de Universidades y de la Conferencia de Política Universitaria, y fortalecerá el papel central de los estudiantes dentro del sistema universitario español”, subrayó la ministra.
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