Las consejerías recurren a Hacienda y a ayuntamientos para evitar fraudes

La mayor puntuación por la proximidad del domicilio al colegio, por ser hijo de padres separados o por tener menor nivel de renta ha llevado incluso a muchas familias a contratar a detectives o abogados para denunciar a quienes se han visto beneficiados de tales prácticas con el fin de que sus hijos puedan ser admitidos.

Algunas comunidades autónomas, sobre todo las que cuentan con una mayor población, viven todos los años situaciones de polémica donde salen a la luz todas estas maniobras. La palma se la llevan, sin duda, los centros andaluces, sobre todo los concertados. El criterio en el que suele producirse mayor número de fraudes suele ser el domicilio familiar, precisamente porque es la proximidad al centro la que otorga mayor puntuación.

Aunque para Pilar Triguero, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres de Andalucía (Codapa), “a partir de este año va a ser más difícil que se produzcan falsificaciones, ya que entra en vigor una nueva orden de escolarización por la que los padres ya no tienen que aportar los certificados de empadronamiento o cualquier otro documento que obre en poder de la Administración”. Ahora es la propia Consejería la que solicita esos datos a los ayuntamientos, al INE o a Hacienda.

Según Triguero, “el decreto se publicó en el BOJA en marzo, pero no entró en vigor hasta abril, por lo que la modificación no se pudo incluir en el proceso de admisión del curso pasado”. Textualmente, la orden recoge que “se suprime la aportación de la fotocopia del DNI y del certificado de empadronamiento (…) respecto de determinados procedimientos, entre los que cabe encuadrar el de admisión del aumnado en los centros docentes públicos y concertados”.

El Gobierno vasco también se ha puesto manos a la obra en este tema. El consejero, Tontxu Campos, detalló, durante la presentación de la campaña de matriculación, que el pasado año se recibieron 200 solicitudes múltiples –de padres que hacen peticiones de plaza para sus hijos en varios centros a la vez–, y 845 casos de discordancias entre el empadronamiento que se indica en las prematrículas y el domicilio real de las familias. El Departamento detectó también que en un 4% de las solicitudes los datos sobre la renta facilitados no se correspondían con la información de las Haciendas forales.

En este sentido, la Administración vasca ha activado una serie de medidas de control en colaboración con los ayuntamientos. Según las normas de admisión de alumnos para este curso, “si el domicilio del certificado de empadronamiento del padre coincide con el DNI del mismo, se otorgará la puntuación correspondiente a ese domicilio, sin más trámites. Si el domicilio del certificado de empadronamiento no coincide con el DNI, se otorgará la puntuación correspondiente al domicilio de empadronamiento, pero deberá solicitarse la verificación al ayuntamiento”.

La Conselleria balear también ha introducido una novedad para intentar evitar el fraude en los domicilios. La orden introduce la concesión de puntos en función de la antigüedad. Según el director general de Planificación y Centros, Miguel Martorell, “el tiempo mínimo para recibir puntos serán dos meses de residencia acreditada y no recibirá la misma puntuación quien lleve tres meses que el que lleve siete”. El criterio de la concurrencia de una enfermedad crónica en el alumno se ha detallado también en el decreto, que incluye un listado exhaustivo de patologías para evitar el fraude. Además, se ha eliminado la puntuación que hasta ahora podían conceder los centros escolares por padres que fueran ex alumnos.

Menos información
Pero en Andalucía, por ejemplo, la Consejería va más allá con tal de evitar los fraudes. En abril, los colegios no colgarán los datos de las matrículas en el tablón, sino sólo la puntuación total que ha obtenido el alumno. Es una forma más de restringir el acceso a la información personal de los alumnos, y darle así menos facilidades a aquellos que investigan fraudes para hacer negocio, ya sea padres, detectives o abogados. Desde la Consejería nos aseguran que esta modificación se debe a una petición de la Agencia de Protección de Datos, que en el pasado mes de noviembre acusó a la Administración de cometer una infracción grave al obligar a los colegios a publicar datos personales de los menores.

Hasta ahora, las familias sólo tenían que acudir al tablón de la escuela para conocer los puntos que cada alumno había logrado por cada uno de los criterios del baremo. En Sevilla, por ejemplo, en varias ocasiones, se han destapado algunas denuncias en las que se descubría cómo los padres que no conseguían plaza en un colegio determinado –normalmente concertado –llegaban a contratar a detectives y abogados para investigar a los niños y a sus familias, utilizando los datos del colegio.

De todas formas, desde la Consejería aseguran que los padres que lo soliciten, porque se sientan discriminados en el reparto de plazas, podrán pedir al director del colegio la consulta de los expedientes de los otros niños, previa solicitud escrita, y siempre a puerta cerrada, en un despacho. Sólo en la ciudad de Sevilla el número de denuncias por fraude ronda cada año las 700, de las que más de 200 terminan siendo investigadas por la Policía.

En cuanto a las falsificaciones de la renta, la mayoría de comunidades piden directamente a la Agencia Tributaria los datos actualizados del solicitante.

"LA CALIDAD, EL PROBLEMA DE FONDO"

• Juan Mª del Pino, presidente de la Confederación de APAS Confapa, en Andalucía, asegura que “el auténtico problema de fondo radica en la falta de calidad de la escuela pública, que hace que los padres prefieran elegir los colegios concertados para sus hijos”. Para él, “este hecho provoca que todos los conflictos se trasladen a la Concertada, ya que en la Pública, al existir menos demanda, no surge ni un solo problema”.
• La solución, según Del Pino, es que “la Administración dotara con más recursos y plazas a los centros concertados que más demanda tengan, para que los padres puedan tener más libertad de elección y ejercer así su derecho de escoger la Educación que quieren para sus hijos”. Sin embargo, él asegura que “lo que hace la Administración andaluza es poner constantes trabas y zancadillas a los conciertos educativos y a estos centros, en lugar de ayudarlos”. “Esta huida de los padres de la escuela pública nos entristece a todos, pero la Administración debería de apoyar a aquellos centros que son más demandados por los padres”, manifiesta.
• El presidente de la Confapa aboga por que “el Gobierno andaluz haga públicos los criterios de calidad de los colegios, de forma que los mejores centros mantengan ese espíritu de calidad y los peores intenten mejorar y obtener así resultados óptimos”.

LAS NOVEDADES DE ESTE AÑO

• Murcia

La novedad más significativa es que los padres podrán acreditar el domicilio laboral y el familiar para cada uno de los centros que soliciten, mientras que en la convocatoria anterior sólo se admitía una de las opciones para todos los centros. Esto supone, según la Consejería, “una ventaja importante que hará que se dupliquen las posibilidades de conseguir plaza escolar en el centro educativo deseado”.

• Extremadura

La Consejería pondrá en funcionamiento oficinas de escolarización con el fin de acercar a las familias la información sobre el proceso de admisión y facilitar así los trámites. Estas oficinas se crearán en aquellas localidades cuyo número de centros, así como la demanda de plazas, lo haga aconsejable.

• Navarra

En Navarra se está produciendo polémica dentro del propio Gobierno. El Departamento de Educación acepta mantener el punto por ser hijo de antiguo alumno, a pesar de la oposición del PSN, que ha solicitado la retirada del decreto. La mayoría de centros concertados utilizan este punto cuando existen más solicitudes que plazas disponibles. Otra novedad de este curso es que las comisiones de escolarización se sustituirán por una Comi-sión General integrada por padres, centros públicos y concertados y agentes sociales y a la que llegarán todos los casos.

• Comunidad Valenciana

El conseller, Alejandro Font de Mora, ha anunciado que “una de las novedades principales es la reducción del valor de la renta anual familiar un 75%”. En resumen, la renta anual igual o inferior al salario mínimo interprofesional se valorará con 0,5 puntos, y no con los dos que se computaban en el decreto actual. Además, se incrementa en un 25% la puntuación del primer hermano y la proximidad de la vivienda, y se valorará un 50% más cada uno de los hermanos restantes que acudan al mismo centro.

• Castilla y León

Una de las novedades de este curso es que la Consejería encarga a las direcciones provinciales la determinación de las zonas de influencia, donde se ha buscado un reparto equilibrado de los centros con eseñanza bilingüe. En cuanto a los Colegios Rurales Agrupados (CRA), por primera vez se va a generar solicitud provisional para cada alumno con los centros a los que puede acceder.

• País Vasco

Los padres podrán elegir en la escuela pública la religión que desean para sus hijos a la hora de rellenar la solicitud, entre las opciones de católica, islámica, judía y evangelista. Durante este curso se han comenzado ya a impartir clases de confesión islámica en las escuelas al contar con un número suficiente de peticiones.

• Andalucía

Los padres temen que las Delegaciones de Educación reordenen los mapas escolares, de forma que se eliminen todas las subzonas en los distritos educativos. De esta forma, las familias tendrán más colegios entre los que elegir, pero también aumentará el volumen de solicitudes en algunos centros concretos.

• Baleares

La consellera, Bàrbara Galmés, ha anunciado como novedad que “los centros deberán reservar tres plazas de cada grupo y nivel para los alumnos con necesidades educativas especiales hasta que acabe la preinscripción y matrícula”.