La FP aún no es una alternativa
Desde la aprobación de la Ley de las Cualificaciones y de la FP en 2002 el Gobierno ha hecho sucesivos anuncios de medidas para potenciar la Formación Profesional sin que hasta ahora hayan producido efecto en los alumnos y en la sociedad. El sistema educativo sigue excluyendo al 40% de los alumnos, sin cualificación académica ni profesional. La alternativa para estos alumnos estaría en la FP si hubiese mayor desarrollo normativo.
“La Formación Profesional es fundamental para el futuro laboral de las personas, la competitividad de las empresas y el desarrollo de los países”, afirma la senador del PP Mª Jesús Sainz, que interpeló al ministro Gabilondo sobre este tema la semana pasada. “Un buen sistema de FP debería anticiparse a las demandas de cualificación presentes y futuras de un mercado de trabajo en constante evolución, orientado a la provisión de las cualificaciones necesarias”.
La FP está regulada por la citada Ley de 2002 y, “en lugar de cumplir las previsiones de esta ley –dice Sainz– el Gobierno se dedica a vender reformas que no son tales; y presuntas hojas de ruta que tapen sus incumplimientos y renueven sus viejas promesas”.
La FP sería la salida natural para ese 31% de jóvenes de 18 a 24 años que no obtiene el Graduado en ESO ni continúa estudiando, porcentaje que en la media de los países de la UE es del 14,8%. La senadora del PP asegura que “estos jóvenes deberían encontrar en la Formación Profesional una solución a sus problemas de cualificación para incorporarse al sistema productivo, pero sabemos que no es así y un número de posibles alumnos se queda por el camino”.
En definitiva, “el dato es desolador –añade Sainz– estamos produciendo un porcentaje elevadísimo (40%) de alumnos en riesgo de exclusión social”.
Todo esto se refleja en las cifras de desempleo. En España sólo el 23% de los trabajadores tiene una formación intermedia, mientras en Europa es del 49%. En nuestro país el porcentaje de alumnos de FP es del 35,5% frente al 51,7% de la UE.
Uno de los aspectos más criticados por la oposición al actual Gobierno es que falta desarrollo normativo. En cuanto a actividad legislativa, el Gobierno socialista se ha limitado a refundir tres reales decretos aprobados con anterioridad por el PP y ha publicado unas 300 cualificaciones profesionales, menos de la mitad de las previstas por la ley; y 27 nuevos títulos, lo que provoca que la oferta se va quedando obsoleta por la falta de renovación en los ciclos formativos.
Por eso la senadora Sainz dirigió al ministro una pregunta de difícil respuesta: “¿cree usted que con unos títulos que tienen un currrículo elaborado hace más de 15 años se está dando una oferta formativa actualizada? Y esta otra: “¿cree usted que en estos últimos 15 años nada ha cambiado en las tecnologías de nuestras empresas y en los procesos productivos de nuestra economía?”.
El PP relaciona la política de FP del Ejecutivo con los reiterados anuncios de Zapatero respecto al cambio de modelo productivo, lo que le lleva a cuestionar si un modelo de estas características se cambia con anuncios o “trabajando y poniendo a disposición de los ciudadanos ofertas formativas actualizadas, para que a través de las modalidades de FP que más se adapten a sus circunstancias puedan adquirir la cualificación que necesitan”.
Una de esas tareas pendientes es la de las cualificaciones profesionales. El proceso va muy retrasado. Por ejemplo, a principios de este curso, las comunidades aún no disponían de las cualificaciones de nivel 1, necesarias para los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) dirigidos a la formación y cualificación de aquellos alumnos que no alcanzaron el Graduado en la ESO.
España suspende en la relación entre el sistema educativo y el productivo, como demuestran también los bajísimos porcentajes de colaboración entre la empresa y la universidad. En cuanto a la FP, permanece alejada de la sociedad del conocimiento, debido a ese retraso en la actualización y renovación de títulos.
Otra de las repercusiones de esta política es que estamos facilitando la entrada de profesionales de otros países y frenando la movilidad, las salidas y las oportunidades de los ciudadanos de este país, al no tener titulados de Grado Medio, ni disponer del reconocimiento de las cualificaciones de los trabajadores, ni haber hecho la trasposición de la directiva de servicios, ni el marco de homologación de las cualificaciones europeas. Y aún no se ha aprobado el Decreto de evaluación, reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales anunciado por tres ministros.