Un Pacto entre la Pública y la Privada

El mismo día de su toma de posesión el ministro anunció su intención de proponer también el Pacto a los agentes sociales y establecer una mesa de diálogo con ellos. Desde entonces Ángel Gabilondo ha mantenido distintos contactos con representantes de profesores, patronales, APA y colectivos de estudiantes. Y también desde aquel momento, el diálogo con trabajadores y empresarios ha dado sus frutos mediante la presentación de sus respectivas propuestas.

Sin embargo, la presencia tanto de organizaciones mayoritarias de la Pública como de la Privada-Concertada hace más difícil acercar posturas. Aunque es cierto que presentan una serie de intereses comunes de cara a la mejora de nuestro sistema educativo, también discrepan en las concepciones y en las estrategias para lograr dicha mejora.

Dos posturas muy contrapuestas las encontramos en el simple concepto de Educación como servicio público. Para STES, “el Pacto debe centrarse en la enseñanza pública, como servicio público esencial, porque extiende la calidad con equidad, no persigue el lucro ni está al servicio de ninguna ideología ni doctrina religiosa”. Sin embargo, desde las patronales, la CECE entiende que “la Educación no es un servicio público, sino un servicio de interés público”.

Aunque el tratamiento de la Concertada entra también dentro de las propuestas del resto de sindicatos mayoritarios de la Pública. Para FETE-UGT, que presentó hace dos semanas sus propuestas para el Pacto, “la Educación ha de ser concebida como un servicio público y la programación se ha de realizar tanto en la red de centros públicos como en los privados concertados, acentuando el carácter complementario de ambas redes y conservando la singularidad de cada una”. Sin embargo USO, mayoritario en la Concertada, se pregunta si “a través del Pacto se aplicará correctamente la complementariedad de las redes educativas para terminar con la discriminación que padece la escuela concertada”.

Educación diferenciada
Asimismo, USO espera que se aplique la legalidad vigente en el acceso de los centros al concierto educativo sin consentir irregularidades flagrantes para promover la escuela mixta en forma de monopolio pedagógico y en detrimento de la pluralidad escolar. Éste último supone un punto de desencuentro. UGT insta a la Administración a que retire los conciertos a los centros que segreguen a su alumnado en función del sexo.

CCOO pide además que la Religión no se incluya en el currículum y que no exista ninguna materia alternativa. La CECE exige que “se respete el vigente Concordato entre el Estado Español y la Santa Sede, reconociendo que la Religión es equiparable a las materias fundamentales y merecedora de la misma consideración a efectos de evaluación y promoción de curso, y para la concesión de becas”.

Por su parte, la Concapa reclama en el Pacto igualdad de trato para la escuela pública y la Concertada, extensión de los conciertos al Bachillerato y comedor en igualdad de condiciones. Además, para los padres católicos es fundamental “la creación de centros concertados donde exista demanda”. La CECE coincide con la Concapa y pide que “se reconozcan formalmente los derechos y obligaciones de los padres, especialmente en la elección de centro educativo”.

Con respecto a la escolarización de alumnos, UGT considera que “no se puede obviar que debe responder a una planificación, y por ello se debe reubicar la diversidad entre las dos redes, mantener las ratios razonables en las aulas y que ningún centro tenga más del 15% de alumnos extranjeros”. CCOO es partidaria de “una normativa de escolarización que garantice que todos los centros que reciben dinero público asuman su responsabilidad social en la escolarización del alumnado que presenta problemas o riesgos de abandono”. Para este sindicato es esencial crear comisiones de escolarización que garanticen que el procedimiento se hace por igual, reserva de plazas por las Administraciones, gratuidad total en todos los centros y la no discriminación por razones de sexo”.

Para la CECE, “los centros públicos y concertados deben poder fijar criterios complementarios de admisión, no discriminatorios, conforme a su proyecto educativo”. Además, la patronal considera que “las comisiones no pueden sustituir el poder de decisión que corresponde a los padres ni la gestión que realizan los titulares.

Un punto en común
Entre las propuestas comunes, observamos que todas las organizaciones coinciden en la necesidad de vertebrar nuestro sistema educativo. CCOO exige un sistema educativo como eje vertebrador del Estado que asegure mecanismos de cooperación y coordinación entre las distintas comunidades para promover la cohesión social. Para UGT, una vez alcanzada la estabilidad normativa fruto del acuerdo entre los dos grandes partidos políticos, el Ministerio debe llevar a cabo una política de vertebración educativa en el seno de la Conferencia Sectorial.

Según ANPE, “el hecho de que las competencias educativas estén transferidas no significa que el Estado no tenga que definir unos principios y unos contenidos básicos comunes para todos y hacerlos cumplir con la finalidad de cohesionar nuestro sistema”. Para la CECE, “es preciso establecer enseñanzas mínimas auténticamente comunes y recuperar en todo el territorio español pruebas de septiembre”.

AUTORIDAD CON DIVERSOS MATICES

• El rechazo por parte del PSOE de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular en el Congreso para reconocer la figura del docente como autoridad pública también tuvo su repercusión en las organizaciones sindicales.
• Para ANPE, que siempre ha abanderado la necesidad de recuperar la autoridad, fue “una oportunidad histórica perdida para enviar a la sociedad el mensaje de que la tarea que los profesores llevan a cabo es imprescindible y merece ser protegida”.
• C-SIF consideró que lo ocurrido en el Congreso “podría significar el primer paso del fracaso en la negociación del Pacto”. Para C-SIF, “una vez más se pone de manifiesto que los temas relacionados con la Educación son temas de índole partidista antes que un asunto de Estado”.
• Con respecto a la elaboración de una Ley de Autoridad del Profesorado, UGT incide en que “es competencia del Estado, por lo que el Ministerio debería integrar esta propuesta en el contexto del Pacto”. El sindicato cree que la ley por sí sola no va a resolver la situación de conflictividad en las aulas si no va acompañada de otras medidas.
• Según ANPE, “se ha argumentado que existen ya instrucciones del Fiscal General del Estado y una disposición sobre la autoridad de los funcionarios en el Código Penal, pero esas medidas no han garantizado hasta ahora una protección suficiente”.
• UGT cree que, “de todos modos, si se reconoce la autoridad de los funcionarios docentes de la Pública, la medida sería insuficiente si no se hiciera extensiva a la enseñanza sostenida con fondos públicos, cuyos profesores quedarían expuestos a una situación sin cobertura legal”.