El Parlamento andaluz presenta 128 medidas para la convergencia escolar

La Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía aprobó el pasado 21 de diciembre, con la inclusión de varias enmiendas, el informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre convergencia educativa en Andalucía, que ha contado con el voto favorable de los Grupos Socialista e IU y la abstención del Popular.

Además, la Comisión acordó por unanimidad remitir su Dictamen, junto a los votos particulares que se mantengan, al Pleno de la Cámara.

El citado informe consta de 128 propuestas de PSOE, PP e IU para mejorar la convergencia educativa en Andalucía. El sindicato CGT ha tenido acceso a parte del documento en el que se recogen algunas de sus propuestas, y considera que “se han obviado otras y no se acierta en el diagnóstico, aunque se apuntan algunas lagunas en las que posiblemente se actúe”.

Una de las piezas angulares para CGT es el factor humano, no solo del profesorado, “al ser un factor de calidad por sí mismo, sin necesidad de gratificaciones y siempre necesitado de reconocimientos reales tanto en forma de mejoras laborales como salariales”.

En un comunicado, CGT resalta que considera “un acierto” del dictamen esta importancia que da al factor humano, pero advierte que requiere, además de enunciados, voluntad del poder ejecutivo para hacerlo realidad a través de la mejora sustancial de la formación del profesorado tanto inicial como en el ejercicio de su función docente.

Este informe, que votó el 21 de diciembre la Comisión de Educación de la Cámara, es el primero que afirma que el profesorado es también un protagonista para la convergencia educativa.

Este hincapié en que el profesorado andaluz necesita mejorar su formación inicial recoge una propuesta de CGT para que las consejerías de Educación e Innovación, que en esta comunidad gestiona universidades, cooperen para diseñar un perfil del docente y adecuar su formación al de un enseñante eficiente.

Según el sindicato CGT, “este debe tener un alto nivel de lengua y aritmética y fuertes capacidades interpersonales y de comunicación, deseos de aprender y motivación para enseñar”. También se pide al Gobierno de la nación que las pruebas para el acceso a la función pública docente incluyan un año de prácticas, que sean evaluadas por profesores con experiencia y que sea determinante la capacidad de los candidatos de transmitir conocimientos y de gestionar un aula.

El informe también subraya la necesidad de que se ponga en valor su consideración social y su autoridad. CGT considera “poco acertado” el camino trazado para aumentar el prestigio del profesorado ya que el dictamen incluso propone que se lleven a cabo campañas de publicidad “dirigidas a promocionar la justa valoración del profesorado por la comunidad”.

Según esta organización sindical, “parece necesario que antes sea la consejera de Educación la que lo valore justamente aumentando sus retribuciones, que se encuentran por debajo de muchas de las comunidades, y que considere sus propuestas de mejora de los centros”.
“Menos predicar y más trigo” es una receta que –señala CGT– siempre ha sido “comprendida por un pueblo que después de 30 años de promesas incumplidas sólo cree en los hechos: sustituciones inmediatas, ratios legales, dotaciones de medios materiales y económicos y personal no sólo docente; monitores, administrativos, educadores sociales, entre otros, son elementos que sin duda definen el prestigio de la docencia”, añade CGT.

El documento, que también incorpora propuestas de más de 30 organizaciones sociales, sindicales y educativas, está previsto que se debata en el primer Pleno del próximo mes de febrero. Entre las medidas se recogen “importantes aportaciones de PP e IU”, según la diputada del PSOE, Araceli Carrillo, motivo por el que estaba sorprendida por el voto particular presentado por los populares. “Del PP se ha incorporado el análisis de las debilidades del sistema educativo, así como la práctica literalidad de las medidas 47 y 26”, añadió Carrillo.

Fracasa el Plan de Calidad

Después de tres intentos por parte de la Consejería de Educación de Andalucía de que los centros de Secundaria suscriban el Plan de Calidad, 729 de los 893 centros existentes en esta comunidad lo han rechazado. “El fracaso es rotundo”, señala Gonzalo Guijarro, portavoz de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA). Además, según este sindicato, “en los centros acogidos al plan ha podido detectarse una inmediata división de los claustrales y un empeoramiento del ambiente de trabajo”. Para Guijarro, “la cosa es comprensible; cada alumno que es suspendido por un profesor no acogido al plan pone en peligro el cobro del incentivo por los que sí están adscritos a él”.

Por lo demás, el portavoz de APIA denuncia que “en los centros que sí se han adscrito al plan no se ha realizado ninguna labor distinta a las que se llevan a cabo en los no adscritos”. La mejora del rendimiento escolar en estos centros parece cifrarse exclusivamente “en alguna que otra reunión de los profesores que cobran los incentivos”. Los que se apuntaron el primer año llevan ya cobrados 1.800 euros sin que hasta ahora se hayan detectado mejoras en los centros.

La Consejería no ha realizado evaluación ninguna de los resultados del plan en los centros adscritos, a pesar del costo económico que supone el incentivo.

Tampoco la Consejería ha cumplido su promesa de mejorar las plantillas en los centros adscritos al plan, dándose la circunstancia de que en alguno de ellos este curso se haya comenzado con hasta siete profesores de menos y sin conserjes. Y la cobertura de bajas perfectamente previsibles se ha demorado en algunos casos hasta mes y medio.