Asturias aprueba la Ley de Evaluación Docente sin la totalidad del apoyo sindical
La política educativa del Gobierno asturiano, compuesto por PSOE e IU, está instalada desde hace años en el “despropósito continuado” cuya culminación es la Ley de Evaluación y sus incentivos. Es la denuncia que realiza el sindicato Suatea ante la aprobación de esta normativa el pasado 29 de diciembre. Para esta organización, la luz verde a esta ley sirve “para salir al paso a las sentencias judiciales que invalidan todo el proceso, incluidos los discriminatorios pagos a cuenta que reciben sólo algunos docentes a cambio de exactamente el mismo trabajo que realizan otros compañeros”. De su aprobación, según Suatea, “son responsables no sólo los señores diputados del partido mayoritario en el Gobierno (PSOE), sino también sus colaboradores, y cómplices en este atentado contra la enseñanza pública, los diputados de IU-LV-BA”.
El propio consejero asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, había defendido días antes el proyecto de ley en el Parlamento autonómico en medio de las críticas de los sindicatos CCOO, Suatea y C-SIF, mientras que el PP afirmó que se trata de una “chapuza sin precedentes”.
Riopedre explicó que “en la actualidad están cobrando la carrera profesional 7.543 docentes y que el año que viene lo harán, a partir de octubre, un total de 8.974 profesores, lo que representará un gasto anual de 4,6 millones”. Asimismo destacó que “el 85% de la plantilla se ha adherido voluntariamente”.
CCOO, Suatea y C-SIF denuncian que ni siquiera “la Administración sabe en qué consistirá la evaluación”. El portavoz del PP, Ramón García Cañal, anunció que su grupo no presentará enmienda a la totalidad por responsabilidad con los trabajadores implicados.
Suatea recuerda que “esta ley no ha pasado por el Consejo Escolar de Asturias, no tiene el refrendo de la Mesa Sectorial de Educación y ha sido rechazada explícitamente por la Junta de Personal docente no universitario”. Para este sindicato “resulta insostenible políticamente y éticamente que una formación como IU defienda esta ilegalidad que supone una flagrante discriminación retributiva en el seno de la enseñanza pública.