“No hay que sacralizar el Pacto más allá de sus consecuencias”

El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid cumplirá diez años el próximo mes de abril, toda una década que comienza con el traspaso de competencias en el año 2000. Entremedias quedan informes, el Foro por la Convivencia, el modelo de buenas prácticas Para que nadie se quede atrás, reuniones, coloquios, publicaciones, etcétera; en definitiva la labor del órgano de representación y consulta mejor valorado por la comunidad educativa, mérito que hemos de repartir entre todos aquellos que han ocupado su presidencia. El último de ellos, Francisco López Rupérez, recibía a MAGISTERIO en su despacho de Gran Vía, para repasar los últimos temas de actualidad educativa.

¿Cómo valora estos diez años de Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid?

Cuando se analiza la realidad educativa de la Comunidad de Madrid y su evolución en estos últimos diez años, es decir, desde el traspaso de competencias, desde luego lo primero que se aprecia es un impulso notable en la mejora de los recursos que se ponen a disposición del sistema. Tanto en lo concerniente al profesorado, que se ha incrementado cerca de un 50%, como desde el punto de vista del gasto educativo. Paralelamente, la estructura interna del sistema educativo se ha ido haciendo cada vez más compleja. La cantidad de iniciativas, de políticas y de actuaciones es enormemente rica y refleja bien esa situación.

Se advierte, por tanto, un dinamismo, una rápida evolución con el tiempo, en el sentido de aumentar la complejidad del sistema y de la respuesta educativa de la Administración ante el contexto cambiante de la Educación y la formación. La actividad del Consejo a lo largo de esta década es un reflejo, asimismo, de esa transformación.

¿Qué supuso el traspaso de competencias?

Recurriendo a una metáfora traída del ámbito familiar, el traspaso de competencias supone la emancipación de una Administración regional con respecto al papel que, hasta ese momento, desempeñaba el Estado. Como sucede cuando los jóvenes se independizan de sus progenitores, la asunción de estas competencias requiere un período de adaptación a la nueva situación. Yo tuve la oportunidad de vivir desde dentro esos primeros pasos como viceconsejero de Educación, y cuando comparo aquellos momentos iniciales con el momento actual, lo que advierto es una maduración considerable. No obstante, uno de nuestros desafíos como país consiste en lograr un mejor equilibrio entre la descentralización y una acción centralizada y eficaz del Estado en materia educativa .

Parece que existe un clamor generalizado que pide que el Ministerio de Educación recupere cierto liderazgo. ¿Qué valoración le merece un posible Pacto de Estado?

El Pacto Educativo puede ser una medida efectiva para abordar, con alguna garantía de éxito y de permanencia, los grandes problemas que tiene la Educación en España. Digo puede ser, porque tampoco hay que sacralizar el Pacto en sí mismo, más allá de sus consecuencias prácticas. La valoración se debe efectuar sobre la base de su impacto real, en términos de mejora, sobre el sistema de Educación y formación. Resumiendo, Pacto sí, pero para corregir aquello que sabemos que no ha funcionado, para inducir procesos de cambio que, apoyados en evidencias, nos permitan resolver nuestros problemas de bajo rendimiento de la Educación y asumir con confianza los retos del futuro.

¿Aboga entonces por un cambio de modelo?

El mejor ejemplo lo encontramos en aquellos países de nuestro entorno que mejores resultados obtienen en las evaluaciones internacionales. Su sistema educativo no es el producto de sucesivos cambios drásticos de leyes, sino que efectúan ajustes continuos mediante reformas parciales, pero efectivas, en el momento en que las evidencias señalan su conveniencia. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema es que no ha estado atento a las señales que la realidad le iba enviando sobre las cuestiones que no funcionaban. Pero además, cuando, a través de una reforma legislativa, ha habido la oportunidad de abordar los problemas, no se ha hecho.

¿A qué cree que se debe este fracaso? ¿No contaba el Ministerio con la información necesaria?

En el 2006 cumplió seis años la Estrategia de Lisboa, por lo que disponíamos de información comparada sobre cómo se estaba comportando España en relación con los indicadores del ámbito escolar. Pero se optó por mirar hacia otra parte y sólo debido a una consistencia tremenda de la información procedente de los diferentes organismos internacionales y a nuestros compromisos con la Unión, los responsables políticos de la Educación española han tenido que reconocer la necesidad de reformar el sistema educativo. Si hubiésemos sido un poco más proactivos, mejor nos hubiesen ido las cosas.

Respecto a los objetivos de Lisboa, ¿seremos capaces de asumirlos y cumplirlos para 2020?

La verdad es que, con respecto a los objetivos de Lisboa, la situación de España es altamente preocupante, porque es el único país de la Unión que, estando por debajo de la media en los tres indicadores propios del ámbito escolar, ha ido empeorando desde el inicio de la Estrategia. Las razones son diversas y es evidente que tenemos un problema. Es cierto que se han ampliado moderadamente los objetivos para el horizonte del 2020, donde se incluyen cuestiones en las que España está bien, como es la escolarización en Educación Infantil. No obstante, seguiremos topándonos con aquellos otros que tienen que ver con el rendimiento del sistema y que continuarán siendo un objetivo a conseguir de primera magnitud.

¿Podríamos decir que otro problema de primera magnitud es el abandono escolar temprano?

Éste es un problema capital y para solucionarlo es necesario basarse en una comprensión profunda de los fenómenos que lo causan, porque de lo contrario no acertaremos con las políticas. Uno de los principales factores responsables de este fenómeno es el funcionamiento defectuoso de nuestro sistema educativo, pero también es una cuestión de estructura inadecuada, que no da respuesta a las diferencias vocacionales y de expectativas de los alumnos. Hay que incidir en ese asunto desde una concepción que considere la posibilidad de distintas vías de éxito, no de una sola, y de diferentes formas de excelencia, no de una sola.

Madrid se ha situado a la cabeza con la elaboración de una ley que confiere al docente la categoría de Autoridad Pública. ¿Cómo lo valora el Consejo Escolar?

El Consejo Escolar, reunido en Pleno el pasado 11 de diciembre, aprobó el dictamen de la Ley de Autoridad del Profesor, y he de decir que la valoración que dicho órgano ha hecho, por mayoría absoluta, ha sido positiva considerando el anteproyecto de ley oportuno y adecuado a las circunstancias que tiene ante sí, en el momento presente, la Educación madrileña. No obstante, como es nuestra obligación, se han hecho aportaciones o propuestas a la Administración, y aprobadas por mayoría absoluta, con la intención de mejorar el texto. Por ejemplo, apelar a la autoridad del profesor como un medio para mejor asegurar el derecho a la Educación.