Lo que el verano nos deja
A nivel informativo, el verano ha dejado algunas novedades o hechos de cierta relevancia. La primera de ellas ha sido la dimisión del consejero asturiano José Luis Iglesias Riopedre por motivos de salud. A Riopedre le hemos seguido informativamente durante años en esta publicación y, pese a nuestros desencuentros con él, tenemos que decir que deja un balance positivo de su gestión, pero con blancos y negros. El sistema educativo asturiano en su conjunto ha mejorado notablemente en los años de su gestión, aunque también se han cometido errores, desde nuestro punto de vista.
Autonomía escolar
Cataluña aprobó el 3 de agosto un Decreto de Autonomía que, entre otras cosas, supondrá que cada centro tendrá que redactar una “carta de compromisos” educativos. Otra novedad, ésta más reciente, ha sido la que ha presentado el conseller Maragall hace apenas unos días: una prueba de nivel de 4º de la ESO que se realizará en el mes de abril. Esta prueba evaluará las materias de Matemáticas e Inglés y será diseñada por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo. El examen será similar al de 6º de Primaria y no tendrá efectos en la promoción de los alumnos. Serán examinados 64.072 alumnos de 1.164 centros.
Derecho y deber
Por su parte, el Gobierno de Navarra aprobó el 23 de agosto el Decreto Foral de derechos y deberes del alumnado y que regula la convivencia en los centros. Se trata de un texto único para todos los centros públicos y concertados que imparten enseñanzas no universitarias y como desarrollo de la LOE.
El decreto consolida la autoridad educativa de los docentes y los equipos directivos, a quienes dota de herramientas de ágil y rápida aplicación para restablecer de manera inmediata el clima adecuado en los centros, e impulsa una gestión compartida y participativa de todos los agentes de la comunidad educativa en la resolución de conflictos. Asimismo, fomenta la autonomía de los centros al permitir la concreción de los aspectos decretados en el plan de convivencia escolar. El decreto ha contado con la participación de asociaciones de directores de centros públicos, sindicatos y asociaciones de profesorado, federaciones de asociaciones de padres y madres, titulares de centros privados o el Defensor del Pueblo.
Castilla-La Mancha
Otra novedad veraniega fue que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el 20 de julio la Ley de Educación de Castilla-La Mancha. Según la consejera María Ángeles García, la ley sentará las bases de un gran Pacto educativo en la comunidad. Se garantiza por ley la financiación, dota de plena identidad al servicio educativo regional, integra todas las iniciativas y programas, y garantiza derechos educativos fundamentales.
García se felicitó porque la ley haya visto la luz tras un proceso de dos años de participación “y un rico y fructífero periodo de debate”, en el que la Consejería ha recibido más de 6.000 aportaciones de la comunidad educativa. La consejera lamentó que el PP haya votado en contra “porque está dando la espalda a una necesidad y aspiración de la comunidad educativa”.
Palo a la Junta de Andalucía
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía anunció el 20 de julio que recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares por el que los profesores que lo solicitan reciben hasta ahora 7.000 euros, en respuesta al recurso presentado en su momento por Ustea. En un comunicado, la Administración educativa ha querido destacar que el fallo del TSJA «no cuestiona que la Consejería pueda establecer incentivos al profesorado ligados a la consecución de objetivos educativos, como recoge la Ley de Educación de Andalucía». Asimismo, anunció que está evaluando el programa ahora anulado y que los resultados se conocerán a partir del próximo mes de enero. Como consecuencia de esta evaluación, a principios del próximo año 2011, la Consejería «actualizará este programa para proseguir con su implantación, incorporando las mejoras que sean necesarias».