Andalucía pacta con sindicatos docentes tener liberados totales
La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que se ha negado a firmar ningún acuerdo, ha recurrido la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le han dado la razón. Además, está pendiente de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que previsiblemente también será favorable.
Según APIA, este proceder de la Consejería andaluza pretende “alejar a los sindicalistas de sus representados y de sus problemas y crearles dependencia de la Administración educativa”, según un portavoz de esta asociación.
Desde APIA aseguran que “si no se acepta el trapicheo, nos discriminan al dispensarles a los firmantes del acuerdo un trato privilegiado sustantivamente mejor que el que nosotros recibimos”. El sindicato asegura que viene sufriendo este trato desde su fundación.
Además del alejamiento de los liberados de sus profesores y de la realidad de los centros, la Administración consigue crear una dependencia derivada de estos “privilegios” que explicaría, según APIA, el “apoyo incondicional de los sindicatos mayoritarios a los planes de la Consejería que han sido rechazados por los profesores (como el Plan de Calidad o los Reglamentos Orgánicos de los Centros)”. En suma, APIA cree que con este procedimiento “se pervierte la función de los sindicatos”. Según el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo rechazando el recurso de casación de la Junta de Andalucía y al que ha tenido acceso MAGISTERIO, “el eje central de toda la problemática radica, más que en la alegada vulneración del derecho de APIA a la libertad sindical, en la infracción del principio de igualdad por parte de la Junta de Andalucía por el tratamiento discriminatorio supuestamente realizado por ésta respecto del sindicato en relación con los demás sindicatos representativos del sector de Educación no universitaria de Andalucía”, singularmente los que tienen similar representación que APIA, es decir, Ustea, CGT y SIEP, todos ellos con menos del 10% necesario para integrarse en la Mesa Sectorial.
La ley electoral prevé que se otorguen 10 horas de reducción semanal a cada delegado sindical electo más algo menos de otras 10 por semana y delegado a cada sindicato en función del número de delegados obtenidos.
Según APIA, “sólo en la enseñanza pública no universitaria de Andalucía hay más de 300 liberados totales, lo que supone un ‘regalo’ de 9.000 horas semanales, unas horas que, además, se infrautilizan ya que las funciones de estos liberados, maestros o licenciados, no pasan de administrativas”.