El Ministerio decide liberar las bases de datos de todas sus evaluaciones educativas
La web del Instituto de Evaluación va a abrir a todos los ciudadanos los datos de todas sus evaluaciones, con una moratoria de cuatro meses desde la presentación de resultados. La medida deberá llevarse a cabo eliminando datos de carácter personal y regulando el procedimiento de consulta.
Como informábamos en MAGISTERIO del 27 de octubre de 2010, desde el año 2000 y cada tres años, el Informe PISA hace un análisis del rendimiento de los estudiantes de 15 años de 62 países. Esta institución hace públicas sus bases de datos, lo que permite a cualquier investigador analizar los efectos del nivel socioeconómico, contexto geográfico, titularidad del centro, etc.
Por su parte, el Instituto de Evaluación, publica unos estudios sobre el sistema educativo español, pero no hacía públicas –hasta ahora– las bases de datos sobre las que basa dichos estudios, una práctica "poco transparente y poco científica que, además, desaprovecha los conocimientos de la sociedad", indica UPyD en una enmienda a los Presupuestos. A finales de noviembre pasado, la Comisión General de Educación adoptó la decisión de abrir estas bases de datos, como ha confirmado MAGISTERIO. Al poner esos datos a disposición de toda persona interesada, los análisis se multiplicarán, se generarán discusiones entre los expertos y ello dará lugar a un corpus de ideas construidas sobre bases empíricas que podrá ser utilizado para tomar decisiones políticas y técnicas que permitan mejorar el sistema.
En este sentido, UPyD afirmaba en su solicitud que "debemos exigir del Instituto de Evaluación transparencia política y técnica en la evaluación del sistema educativo español, al estilo del Informe PISA". La transparencia que solicita este partido permitirá además a los investigadores llevar a cabo un estudio completo de las causas que nos han llevado a tener un sistema educativo "con unos resultados tan alejados de los objetivos europeos". Por ejemplo, el nivel educativo de los jóvenes ha caído al 59.9% –en la UE solo por delante de Malta y Portugal–, cuando el objetivo al que se comprometió España para 2010 era de un 85%. En otras palabras, solicitamos una transparencia que permita a los investigadores diagnosticar por qué tenemos a más de un 40% de jóvenes en situación de “riesgo social” según la Unión Europea. "En última instancia –añade UPyD– en un ordenamiento jurídico que considera a los ciudadanos como tales, los datos no pertenecen a las administraciones educativas que los recogen, sino a todos los ciudadanos".