Andalucía da más prioridad aun al criterio de proximidad al domicilio
La Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo Decreto de Admisión de alumnos en el que introduce más importancia aun al criterio de proximidad al domicilio. De los 10 puntos que se otorgaban antes por vivir o trabajar dentro del área de influencia del centro se pasa ahora a 14 puntos y, si es en zonas limítrofes, sube la puntuación también de 6 a 8 puntos. Pero además se distingue por primera vez entre el domicilio familiar y el lugar de trabajo que antes puntuaban dentro del mismo criterio, que pasa a tener un peso por sí mismo de 10 o de 6 puntos según sea dentro del área del centro o en zonas limítrofes.
El presidente de la FAPA de Pública “Ágora”, de Córdoba, Antonio Alcudia, afirma en declaraciones al diario ABC que “no entendemos esta distinción ya que ambos criterios son fundamentales para compaginar la vida familiar y laboral, deberían contar por igual”, señala. El consejero justifica esta distinción en que “sólo el 6% de los solicitantes de plaza acredita el domicilio laboral en el proceso de admisión”. Para Miguel Ángel Barneto, de la FAPA de Concertada de Córdoba, los cambios en el baremo “no solucionarán los problemas de admisión. “No tiene sentido –señala Barneto– el cambio en la puntuación del domicilio porque en caso de empate de puntos por este criterio ya prevalecía el domicilio familiar sobre el laboral”.
El consejero de Educación –en una entrevista concedida a Canal Sur– destacó los cambios que atañen al domicilio familiar, que dará más puntos que el domicilio laboral. De la Chica declaró que con ese cambio se quiere adaptar la baremación a la nueva realidad. “Cuando se decidió valorar el domicilio laboral, los colegios no contaban con comedores ni aula matinal, pero actualmente estos dos servicios son mayoritarios en las escuelas y la demanda de puntos por domicilio laboral ha bajado a un 6%”, indicó. De la Chica señaló que el 97% de los padres que solicita plaza obtiene el centro que desean en primera adjudicación, lo cual llevaría a pensar que no existen fraudes o intentos de fraude para obtener plaza en otro colegio.
Precisamente, en cuanto a las irregularidades y los datos falsos que se presentan en las solicitudes, De la Chica reconoció que representan un 1% cada año, es decir, que de cada 1.000 familias solo 10 han sido susceptibles de falsear datos, pero aunque es una minoría, para el consejero, “se hace gran daño al sistema de escolarización” porque los padres necesitan tener confianza en el sistema y saber que es un proceso trasparente”. Por lo tanto, el consejero planteó medidas duras contra el fraude como que quien lo cometa “perderá todos los puntos de la baremación, no solo los que haya falseado”.
Por su parte, la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ya ha adelantado a MAGISTERIO su intención de recurrir el Decreto por que “abre la posibilidad de aumentar las ratios por encima de lo legal”. El Decreto prevé que en los casos en que la oferta de puestos escolares sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos sin más trámites. Sólo en aquellos donde no haya plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se procederá a la baremación y a la publicación en el tablón de anuncios de la relación de solicitantes con la puntuación obtenida, antes del día 14 de abril. A partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones, mientras que la relación definitiva de admitidos y no admitidos con la puntuación total se publicará el 11 de mayo. A los no admitidos se les indicará las causas de su exclusión.
Por otro lado, y según el borrador de orden que regulará la convivencia en los centros, las familias andaluzas podrán suscribir compromisos educativos y de convivencia con los centros en los que estudian sus hijos.
Estos compromisos educativos, que serán voluntarios, están especialmente dirigidos al alumnado con dificultades de aprendizaje, con el objetivo de estimular y apoyar su proceso educativo y estrechar la colaboración entre el profesorado y las familias. Los padres y madres podrán también firmar con el centro educativo un compromiso de convivencia, que facilitará la coordinación en la atención a los escolares que presenten problemas de conducta.