Un sector educativo rechaza la Ley de Igualdad de Trato
Las organizaciones patronales y de titulares del sector privado y concertado, CECE, Escuelas Católicas y Uecoe, las confederaciones de padres Concapa y Cofapa y los sindicatos FSIE y USO, rechazan el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación promovido por el Ministerio de Sanidad, del que es titular Leire Pajín, por considerar que se trata de una “pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias”. Además, denuncian su “arbitrariedad e inseguridad jurídica” y alertan de las “enormes dificultades que puede añadir a la tarea docente”.
Para las organizaciones firmantes, “si la futura ley está motivada en la necesidad de trasponer directivas comunitarias, pedimos que no sólo identifique con claridad cuáles son”, como ha dicho en su informe el Consejo General del Poder Judicial, sino que, además, “las de-sarrolle conforme a la letra y espíritu de las mismas”.
Por ejemplo, el anteproyecto no se hace eco de la Directiva 2004/113, de Aplicación del Principio de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres al Acceso a Bienes y Servicios y su Suministro que excluye de su aplicación los medios de comunicación y la enseñanza, tanto pública como privada y, al mismo tiempo que se prohíbe la discriminación, exige que “respeten otros derechos y libertades fundamentales como la protección de la intimidad, la vida familiar y la libertad religiosa”.
En segundo lugar, preocupa enormemente que se pretenda su tramitación como ley ordinaria cuando afecta, o quiere afectar, al Derecho fundamental a la Educación o a las leyes orgánicas que regulan la libertad de expresión e información.
Por último, y respecto a la incidencia del anteproyecto en la Educación, el dictamen judicial subraya que la “redacción imprecisa” y “ambigua” del texto establece un “margen de incertidumbre demasiado amplio” que –según las organizaciones firmantes– “requiere una mayor concreción sobre el alcance del anteproyecto en el ámbito de los centros educativos”. Estas organizaciones expresan además su inquietud por la “conflictividad que podría llegar a provocar la definición del concepto de igualdad por una autoridad sancionadora arbitraria y sujeta a interpretaciones subjetivas o coyunturales”.
Por otra parte, respecto a la enseñanza concertada, la redacción actual podría llegar a “cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Constitucional, el Supremo y los organismos internacionales”. Por ello el CGPJ propone una modificación que “garantizaría en materia de conciertos la seguridad jurídica y la máxima efectividad de los derechos fundamentales”.
Con todo, lo más preocupante para las entidades firmantes es la “sobrecarga de dificultad” que este anteproyecto impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad.
En definitiva, las organizaciones educativas esperan que este proyecto –que no ven “ni urgente ni prioritario en el mundo educativo”–, si sigue su desarrollo “se ajuste a las directivas comunitarias, a lo que la sociedad necesita en materia de igualdad y no a una pretensión ideológica del Gobierno”.