La Justicia ratifica el derecho de los colegios de Educación diferenciada a la financiación pública
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado dos sentencias en las que ratifica el derecho de los colegios de Educación diferenciada a la financiación pública y determina que la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 no excluye a este modelo pedagógico de los conciertos educativos. Se trata de las primeras sentencias que, en el marco de la LOE, destacan la plena legitimidad de la Educación diferenciada.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias declara, de este modo, nulas las resoluciones del Gobierno del Principado por las que se denegó a los colegios de Fomento de Centros de Enseñanza "Peñamayor" y "Los Robles" la renovación del concierto por ser centros de Educación diferenciada.
El tribunal reitera en sus sentencias “la plena constitucionalidad” de la Educación diferenciada, subrayando que su legitimidad no debe discutirse “dada la multitud de resoluciones que así lo vienen a reconocer”.
Del mismo modo, las sentencias destacan que la LOE “no excluye” este modelo pedagógico y recuerdan que tiene el aval de organismos internacionales como la Unesco.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia hace especial hincapié en que la Educación diferenciada “no implica, por sí sola, discriminación alguna”, y que resulta manifiesto que “no existe una normativa que impida a dichos centros concurrir al régimen de conciertos”.
Fomento de Centros de Enseñanza manifestó su satisfacción por estas sentencias.
Por su parte, la consejería de Educación y Ciencia ha anunciado que recurrirá las dos sentencias y solicitará a los servicios jurídicos que "realicen los trámites oportunos para reclamar ante el Tribunal Supremo la unificación de doctrina sobre esta materia, dado que en diferentes comunidades autónomas se han emitido fallos contradictorios acerca del mantenimiento de los conciertos con los colegios que segregan al alumnado en función de su sexo", dice una nota de la Consejería.
La Administración educativa asturiana "considera necesario recurrir las sentencias emitidas por el TSJA para garantizar una óptima gestión de los recursos públicos y para defender la igualdad real de oportunidades para todos los ciudadanos, un derecho fundamental cuyo origen se encuentra precisamente en la escuela".
El departamento que dirige Herminio Sastre "confía en que la aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación por parte del Parlamento nacional será un factor fundamental para unificar normativa y ofrecer una respuesta definitiva a la controversia que genera la separación de niñas y niños en algunos colegios concertados".