España necesita más evaluaciones censales

“Un procedimiento universal aplicable a los alumnos, a los centros y a las políticas educativas para corregir los errores y aprender de la experiencia”. Esa fue la definición que hizo de la evaluación el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Francisco López Rupérez, en la mesa redonda titulada En busca de una nueva cultura de la evaluación, y que organizó MAGISTERIO en la Universidad Camilo José Cela el pasado mes de diciembre, dentro del ciclo de coloquios En busca de un nuevo paradigma educativo. Según Rupérez, “sin esa dimensión de la evaluación será difícil que el individuo avance, que los centros progresen y que el sistema educativo mejore, ya que es el elemento capital para hacer de los comportamientos humanos algo inteligente”.

Los otros dos invitados también pusieron de manifiesto la importancia de impulsar la evaluación en nuestro país para lograr la mejora de los resultados de los alumnos y de los centros y, en definitiva, el progreso del sistema educativo. Ana Isabel Echevarría, presidenta de la Asociación Nacional de Inspectores de Educación (ANIE), criticó que “la evaluación en España se ha retrasado mucho, ya que hasta la LOCE no se hizo mención a las pruebas de diagnóstico”. Además, lamentó que “cuando finalmente se han iniciado estas pruebas con la LOE, se han abandonado otras evaluaciones imprescindibles para mejorar la calidad del sistema educativo, como las que se realizan al profesorado y las que se hacen directamente a los centros”. De hecho, mostró su disconformidad porque todos los resultados se midan exclusivamente a partir de las pruebas de diagnóstico.

Por su lado, Ismael Sanz, subdirector de Evaluación y Análisis de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza de la Consejería de Educación de Madrid, interpretó la importancia de la evaluación en que “los centros se van a tener que esforzar al máximo, ya que las familias van a poder ver los resultados y compararlos, y van a pedir cuentas al centro si hay una mala cualificación”.

Además, Sanz considera que “a la hora de elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, las familias van a utilizar las notas de esos centros como un elemento de decisión más”. Él no cree que “los malos resultados impliquen que la familia vaya a cambiar de colegio, pero sí se va a involucrar más en la vida del centro y va a pedir cuentas al director y al profesor”.

Pero ¿las evaluaciones de diagnóstico son efectivas? ¿sirven para corregir políticas? ¿ayudan a las familias a obtener información sobre los centros? A juicio de Francisco López Rupérez, “hay un error de planteamiento en estas pruebas, ya que se basan en una evaluación muestral, es decir, hacen referencia a una parte de la población escolar, representativa en términos estadísticos, pero insuficiente”. Él considera que “puede ser válida, como sucede en el caso de PISA, cuando se trata de comparar países entre sí, pero no para desarrollar políticas efectivas masivas y acertadas en el ámbito nacional”.

Además, Rupérez aseguró que “los resultados de PISA son indudablemente más valiosos que los de la Evaluación General de Diagnóstico (EGD), ya que esta última está contaminada por los impedimentos de carácter político que plantea cada comunidad sobre la base de la Conferencia Sectorial (reunión de los consejeros de Educación con el ministro)”. Sin embargo, según Rupérez, “PISA es una unidad externa más objetiva y menos influenciada por determinadas recomendaciones políticas”. Por eso aseguró que “ en el momento en que todas las comunidades participen en PISA con muestra ampliada, la EGD será perfectamente redundante e innecesaria”. De esta forma, animó a Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a que ingresen en PISA en las pruebas del próximo año.

Para Rupérez, “una evaluación censal a nivel nacional ofrecería una base de datos completa con información sobre el rendimiento de cada alumno, del aula, del centro, de la comunidad autónoma y del Estado en su conjunto”. En primer lugar aseguró que “serviría a las familias, ya que las evaluaciones irían asociadas a determinadas recomendaciones a los padres y al profesor”; también a los centros, porque “podrían comparar los resultados de unos con respecto a otros”; de igual forma a las administraciones educativas, regionales y autonómicas, ya que “les permitiría comparar centros entre sí en un mismo entorno socioeconómico”; por último, serviría al Estado que “es el último responsable de las políticas educativas de la nación”. Por eso apostó porque “todas las comunidades participen en PISA con muestra ampliada”.

Ismael Sanz también hizo hincapié en que “para que eso sea efectivo, las pruebas tienen que ser censales y nacionales, ya que la evaluación de diagnóstico que hace cada comunidad no permite comparar resultados con la de otras comunidades”. Rupérez también apuesta por “una EGD de carácter censal, con una base de datos única, fraccionada o segmentada, pero a la cual tenga acceso exclusivamente el Estado”. De esta forma, según Rupérez, “el Estado tiene información global a todos esos niveles, y por tanto puede diseñar las políticas que convengan con esa información global, homogénea, tratada de la misma manera en una comunidad u otra, porque ahora cada comunidad tiene libertad para orientar la evaluación de diagnóstico como quiera, y por tanto se pierde homogeneidad al tratar la información”.